“Por exaltar la dolarización, nos olvidamos de quienes lo perdieron todo”, reflexiona Johanna Contreras, frunciendo el ceño. Para la jurista guayaquileña de 42 años, el aniversario del cambio de moneda, que cumplió veinte años esta semana, remueve una serie de recuerdos amargos.

El 8 de marzo de 1999, día en que se declaró el feriado bancario, ella tenía 21 años. “Mi mamá era cuentahorrista del Filanbanco. Ahí guardaba sus ahorros. Perdimos todo. Lo poco que teníamos en otro banco no nos alcanzaba. Empezamos a vivir al día, y nos atrasamos con las cuotas de la casa. Cuando vino la dolarización, la perdimos, y mi mamá tuvo que migrar. Nunca volvió. Murió en Milán en 2016”.

Según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), entre 1999 y 2008, 1.571,450 ecuatorianos dejaron el país, producto de la crisis económica. La gran mayoría migró a Estados Unidos y Europa en los primeros tres años después de la implementación de la dolarización.

Esa segmentación de las familias ecuatorianas, sin embargo, fue un bálsamo para las finanzas del Estado, pues, hasta 2004, las remesas de los migrantes constituyeron el segundo rubro de ingresos públicos, superando los $ 8.300 millones en cuatro años.

Quienes se quedaron se enfrentaron al encarecimiento de bienes y servicios frente a sueldos mermados y a deudas que, sin ahorros, no podían afrontar.

“Mi abuela tenía un hotel”, narra Tomás Escandón, de 35 años. “Había sacado un crédito hipotecario con La Previsora, y usó su casa como garantía . Perdió todo y pese a que en 2004 saldó la deuda, nunca le devolvieron sus propiedades. Fue una época muy dolorosa”.

Según datos de la Superintendencia de bancos, la caída de Filanbanco, entidad principal de los diez bancos que quebraron durante la crisis, afectó a 750.000 usuarios a nivel nacional. Oficialmente se les terminó de devolver el dinero en 2013. Al menos 29.000, la mayoría migrantes no retornados, no recuperaron sus ahorros.

Tampoco lo hicieron quienes fallecieron poco después de la crisis. Entre ellos estuvo el abogado Agustín Alcívar. “Mi abuelo vio congelados sus ahorros y convertidos a dólares. Aproximadamente cuarenta millones de sucres que se convirtieron en $1.600. Falleció por una úlcera al estómago, acrecentada por el estrés de ver el esfuerzo de toda su vida esfumarse”, explica su nieto.

“Muchas compañías se arriesgaron a invertir su dinero en operaciones bancarias comerciales o privadas porque les prometían entre 10 % y 15 % de interés”, explica Christian Q, quien prefirió la reserva de su apellido. “Sonaba como una gran idea, sobre todo porque las tasas de intereses eran bajas tanto acá como en el extranjero. Solo después nos enteramos que esas operaciones incluían prestar dinero a empresas o personas naturales que no tenían la solidez financiera para pagar la deuda”. Añade que su familia perdió $ 100.000, la mitad de los ahorros generados por la empresa que regentaban.

A ellos se refiere el analista económico Juan Carlos Martínez cuando indica que la dolarización debe conmemorarse, pero no festejarse.

“En la última semana, hemos escuchado a varios economistas hablar maravillas del cambio de moneda y cómo nos trajo la estabilidad, sin tomar en cuenta que lo que nos llevó a la crisis fue el pésimo manejo del gobierno y normas como la Ley de Instituciones Financieras, propuesta por muchos de ellos(...) Adicionalmente, veinte años después, estamos nuevamente en un proceso de recesión, producto, una vez más, de malos gobiernos que no han asegurado ni la inversión ni el desarrollo del país”.

Esta opinión también la compartió el jurista Hernán Pérez Loose durante un foro que se desarrolló el pasado jueves en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. “La dolarización fue producto de la crisis, no una política de Estado. No éramos capaces de ejercer la soberanía monetaria y era mejor contar con una moneda extranjera. Eso debe hacernos reflexionar sobre la clase política ecuatoriana”.

Las deudas aún afectan a las víctimas

En 2016 se creó el ‘Frente de Víctimas del Feriado Bancario’, organización dedicada al rescate de la memoria de la crisis financiera del país. “No es algo que ha quedado en el pasado”, explicó a un medio local su director, Álex Flores.

Las cifras lo confirman. Pese a que han pasado veinte años, el Banco Central del Ecuador aún registra pendientes con al menos quinientos ‘deudores de buena fe’, quienes mantenían créditos con los bancos quebrados. “Los intereses crecieron de una manera injusta. Yo tenía una deuda de $ 700.000 por una camaronera, que hoy en día es de $ 1,9 millones”, dijo en una entrevista Ricardo Ruperti, uno de los afectados.

A esto se suman lo que los miembros del frente ven como una injusticia: solo Fernando Aspiazu, propietario del banco del Progreso fue preso por peculado. Álvaro Guerrero y cuatro directivos del banco La Previsora fueron absueltos, y los hermanos William y Roberto Isaías, dueños de Filanbanco, están prófugos en EE. UU. Fueron declarados culpables de peculado en 2015, pero no han sido extraditados.

Una estabilidad basada en el status quo

Ni para adelante, ni para atrás. Para los analistas económicos y exministros de Finanzas, la dolarización ha servido para impedir un nuevo declive financiero, pero no para asegurar la estabilidad económica o el crecimiento monetario.

“La dolarización, por su cuenta, no garantiza el bienestar económico. Eso lo debe fomentar el Estado a través de una economía sin asfixia y una seguridad jurídica que fomente la inversión”, estableció el economista y prorector de la universidad Ecotec Fidel Márquez.

Con él concordó Alberto Dahik, exvicepresidente de la República. “En los ranking internacionales, como los índices CATO y el Heritage Foundation, que los inversionistas consultan antes de mover capital, Ecuador tiene pésimas notas. Esto se debe a temas como la independencia judicial, el respeto a la propiedad privada y el control a la corrupción. Estos son temas que no mejorarán en cuatro años, sino en treinta”.