Devolución del IVA 2026: guía actualizada para adultos mayores
La nueva resolución limita la devolución del IVA a solo cinco categorías de gasto
El reclamo por la devolución del IVA en Ecuador suma un nuevo capítulo en 2026, marcado por cambios que, lejos de aliviar la situación de los beneficiarios, han encendido más alertas entre jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad. Así lo indica Harry Valarezo, uno de los dirigentes de adultos mayores que desde 2025 luchan legalmente para que la devolución del IVA no demore más de lo que la ley permite que es de 60 días para los adultos mayores y 90 días para las personas con discapacidad.
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Sin embargo, lo más reciente no está solo en los retrasos, sino en las nuevas condiciones que limitan qué gastos califican para la devolución. Desde este año, el reconocimiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se reduce a cuatro rubros específicos: vestimenta, salud, alimentación y construcción. Todo lo demás queda fuera, indicó Valarezo a Diario EXPRESO.
Esto implica un recorte directo frente a lo que ocurría hasta 2025. Ya no se considerarán consumos como productos cosméticos, servicios de spa, manicure o masajes. Tampoco aplican accesorios, joyería, licores, cigarrillos ni artículos para el hogar como muebles, cortinas o electrodomésticos. Incluso el gasto en combustible, que era parte del día a día de muchos adultos mayores, deja de ser reconocido.
El impacto es inmediato: menos facturas válidas y, por tanto, menores montos a devolver. En la práctica, "los beneficiarios recibirán menos dinero", aun cuando el costo de vida sigue en aumento, destacó Valarezo.
Un viacrucis para hacer trámites
Dolores García, adulta mayor, lo vive de cerca. Como madre de dos niños con discapacidad, de 11 y 14 años, aseguró que el impacto es directo. Los gastos vinculados a su cuidado como uniformes, útiles o materiales didácticos no siempre son reconocidos, pese a estar relacionados con educación o desarrollo.
A esta restricción se suma otro problema: el sistema electrónico del Servicio de Rentas Internas. Aunque la devolución puede tramitarse en línea, "no todas las facturas aparecen disponibles", señaló García. Solo se visualizan aquellas que coinciden exactamente con las actividades económicas principales registradas por los proveedores dentro de las cinco categorías permitidas.
Esto deja fuera una serie de consumos vinculados a actividades secundarias que el sistema no reconoce. El resultado es que el usuario debe iniciar un proceso adicional para validar esas facturas que no aparecen automáticamente.
García agregó que ese proceso, lejos de ser ágil, se convierte en un trámite complejo. Implica presentar cartas, formularios, archivos en Excel y PDF, copias de facturas e incluso respaldos físicos como grabaciones en CD. Para muchos adultos mayores, personas con discapacidad o cuidadores, esto significa recurrir a terceros y asumir costos adicionales solo para intentar recuperar un dinero que ya les corresponde.
Para quienes dependen de este beneficio, como familias con miembros con discapacidad, caso de García, la sensación es clara: "el alivio económico se achica, mientras el esfuerzo para obtenerlo crece y hasta se vuelve un viacrucis", lamentó García.
La devolución del IVA a tiempo: un reclamo constante
Sin embargo, el problema de fondo persiste. Aunque la normativa establece que el trámite debe resolverse en un plazo máximo de 60 días, en la práctica los tiempos se han extendido mucho más. Hay casos en los que las devoluciones se han retrasado varios meses, e incluso cerca de un año, dijo Valarezo.
Además, se mantiene un desfase en los pagos. Según lo que se conoce, las devoluciones realizadas en 2025 habrían cubierto hasta agosto de ese año, dejando pendientes los últimos meses. En otros casos, incluso hay valores atrasados desde 2024 y el primer semestre de 2025.
Frente a este escenario, organizaciones de jubilados han intensificado sus acciones legales. Insisten en que estos retrasos y recortes vulneran derechos de grupos de atención prioritaria, respaldados por la Constitución y leyes específicas. Por ello, han solicitado que instancias judiciales revisen nuevamente el caso y aceleren una respuesta.
Así, el panorama para 2026 combina dos tensiones: por un lado, devoluciones que no llegan a tiempo; por otro, un sistema que ahora reconoce menos gastos. El resultado es claro: un beneficio que, en lugar de ampliarse, se reduce en alcance y en monto para quienes más dependen de él.
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