OFICINAS DEL SRI
El edificio del Servicio de Rentas Internas en Guayaquil.Archivo/ Expreso

Devolución del IVA 2026: en qué beneficia a los adultos mayores la guía actualizada

Cambios en categorías del SRI limitan la devolución en gastos esenciales

La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para adultos mayores y personas con discapacidad en Ecuador atraviesa uno de sus momentos más cuestionados. Lo que antes era percibido como un alivio económico, aunque no perfecto, hoy genera frustración, incertidumbre y un creciente malestar. Esta es la precepción del grupo de adultos mayores que desde 2025 luchan para que la devolución no se atrase, por ello pusieron una acción de protección que tuvo un fallo no a favor y que ahora siguen llevando el caso a la Corte. Mientras ellos pelean por sus derechos la autoridad cambió el listado por la que le deben devolver el IVA.

TE INVITAMOS A LEER: Octava renuncia en Petroecuador agrava la incertidumbre en el sector energético

En años anteriores, si bien el proceso no siempre era puntual, existía la sensación de que este derecho se cumplía de forma más efectiva, indicó a Diario EXPRESO Harry Valarezo, uno de los adultos mayores que solicitó la acción de protección. "Los beneficiarios recibían el dinero en plazos razonables, lo que les permitía cubrir gastos esenciales. Hoy, en cambio, los retrasos se arrastran desde 2024 y la espera se ha vuelto parte del problema", enfatizó.

La situación resulta aún más sensible si se considera que el IVA subió al 15%, lo que en teoría debía traducirse en un mayor beneficio. Sin embargo, en la práctica ocurre lo contrario: los montos a devolver son cada vez más bajos y el acceso al beneficio es más limitado, según Valarezo.

Las categorías para la devolución del IVA

Uno de los principales reclamos apunta a las nuevas condiciones establecidas por el Servicio de Rentas Internas (SRI). Aunque se han definido categorías como alimentación, salud, vestimenta o educación, en la realidad muchos productos básicos quedan fuera. Por ejemplo, "alimentos de consumo diario adquiridos en supermercados no siempre son considerados, mientras que el consumo en restaurantes sí aplica para la devolución", señaló Valarezo.

Ya no se considerarán consumos como productos cosméticos, servicios de spa, manicure o masajes. Tampoco aplican accesorios, joyería, licores, cigarrillos ni artículos para el hogar como muebles, cortinas o electrodomésticos. Incluso el gasto en combustible, que era parte del día a día de muchos adultos mayores, deja de ser reconocido.

A esto se suma otra paradoja: productos procesados o ciertas bebidas sí son reconocidos, pese a no ser los más recomendables para la salud, se quejó Valarezo. En cambio, gastos cotidianos indispensables para los adultos mayores, como combustibles o mantenimiento de vehículos, han sido excluidos.

El impacto es directo. Para muchos jubilados, la devolución del IVA representa un complemento clave para cubrir medicamentos, alimentación o transporte. Y la situación es aún más crítica para quienes no reciben pensión, especialmente adultos mayores de más de 80 años, cuya economía depende en gran medida de este ingreso.

“Antes teníamos poco, ahora es casi nada”, resume el sentir general Valarezo.

Un derecho para adultos mayores y personas con discapacidad

PUENTE RUMICHACA

Ecuador y Colombia buscan nueva fecha para dialogar

Leer más

Desde el ámbito legal, los reclamos también toman fuerza. La Constitución, la Ley del Adulto Mayor y la Ley de Discapacidades garantizan este derecho sobre bienes y servicios de primera necesidad. Por ello, existe la percepción de que las nuevas disposiciones podrían estar limitando de forma regresiva un beneficio ya adquirido.

Además del problema de cobertura, persiste el retraso en los pagos. Incluso en casos donde el SRI ha aprobado la devolución, "el dinero no se transfiere a tiempo". Esto abre la puerta a otro reclamo: el pago de intereses por parte del Estado, tal como lo establece la normativa vigente, dijo.

Frente a este escenario, no se descartan nuevas acciones legales, incluida una posible demanda de inconstitucionalidad. El argumento central: el Estado no solo debe garantizar este derecho, sino hacerlo de forma progresiva, no reducirlo.

Mientras tanto, miles de adultos mayores y personas con discapacidad siguen esperando. No solo el dinero que les corresponde, sino también una respuesta clara que les devuelva la confianza en un sistema que, aseguran, hoy los está dejando atrás.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ