El ritmo de trabajo, las compras y los ingresos aún están muy lejos de compararse a lo alcanzado en días previos a la pandemia, pero en el sector de la construcción, a diario, se edifica un espíritu de resiliencia para intentar salir, al costo que sea de la peor crisis de su historia que amenaza, este año, con restarle un crecimiento del 15%.

Luego de tres meses de paro, Vinicio Zambrano ha vuelto a su campo de batalla. Mientras enluce la fachada de las casas de una de las nuevas etapas de La Rioja (proyecto inmobiliario de la vía León Febres Cordero, Daule), cuenta lo aliviado que llegó a sentirse cuando el pasado 4 de mayo fue convocado dentro del plan piloto que a nivel nacional se activó para reactivar las labores del sector. Hoy se siente con ventaja, no todos sus compañeros han conseguido volver a trabajar, pero la incertidumbre lo invade al escuchar que afuera la compra de casas da pocas señales. Sin demanda no se acelera el trabajo, no se activan nuevos proyectos y, por ende, se tienen días de ingresos poco garantizados.

El plan de reactivación comandado por el COE (Comité de Operaciones de Emergencias) ha permitido que en los últimos dos meses el 90% de las obras del país logren retomarse; no obstante, dice Joao Proaño, vocero de Constructores Positivo, no todas trabajan al 100%. “Una, por las restricciones de aforo que establece el COE y, otra, por la iliquidez que aún tienen ciertas constructoras”, menciona. Volver no solo ha implicado retomar labores con un menor número de trabajadores (si un contratista antes ponía a 80 obreros, hoy llega a 20), sino tener que invertir en medidas de bioseguridad para que el personal labore de forma segura. Esto pese a los riesgos que representa volver: que los clientes dejen de pagarles y que nuevos contratos no puedan concretarse.

Para Proaño, el sector hace sus mayores esfuerzos por terminar de superar una crisis que empezó en el 2015 con la caída de los precios del petróleo, y que ahora ha tocado fondo con los efectos de la pandemia. No obstante, está consciente de que para salir de una “situación extraordinaria se requiere de soluciones extraordinarias”, que ahora más que nunca implican una ayuda estatal. Al sector solo lo salvan las ventas y para conseguirlas, dice, se debe trabajar en cómo hacer que la oferta sea más atractiva, logrando equipararse al valor de las cuotas promedio que cualquier hogar pagaría por un arriendo. “Vemos que la salida es reducir la cuota de los créditos hipotecarios a un valor similar, y en esto los bancos cumplen un rol fundamental. Actualmente la banca privada cobra una tasa del 9% en hipotecarios, pero eso es demasiado alto para un mercado sin poder adquisitivo”.

Por ello, dice, es necesario promover un diálogo nacional para ver cómo se consigue esto, sin que la baja de tasas implique un riesgo al sistema.

Desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador (Apive) se apoya esta opción; sin embargo, Jaime Rumbea se muestra más positivo al creer que hay condiciones que existen en el mercado que harían posible una baja de precios. Lo que hay que hacer, señala, es que estas terminen por ejecutarse.

La expectativa está puesta en el Banco del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (Biess). Rumbea sabe que el presupuesto de $ 800 millones que la entidad había previsto para hipotecarios a inicio de año a esta altura debió ser modificado. No obstante, dice, es necesario que el banco, actor que naturalmente mueve el 50% del crédito del mercado con tasas que van desde el 6%, anuncie públicamente qué pasará con la disponibilidad de préstamos para lo que queda en el resto del año.

El plan inmobiliario que lleva a cabo el Miduvi (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda), que con fondos internacionales, subsidia a los bancos para que financien casas de interés social a tasas que van desde los 4,9%, también es clave. Los fondos están y se deben respetar, dice. Lo que preocupa ahora es que, en esta situación se cambien las reglas relacionadas a la calificación que el Miduvi debe realizar para seleccionar los proyectos que requieren este tipo de financiamiento. “Hemos escuchado que nuevamente se está buscando cambiar las reglas del juego, si es así eso frenaría todo proceso”.

Aunque la situación económica de los hogares no sea la mejor, este sector seguirá teniendo una ventaja comparativa frente a otros mercados. La vivienda, dice Juan Xavier Medina, director del proyecto inmobiliario La Rioja, siempre será el bien más preciado de toda familia y eso, señala, se ratificó en un momento de crisis, con un mayor número de visitas e interés por firmar contratos de construcción de nuevas viviendas de mayo. “Sea porque fue demanda represada o porque es demanda nueva, post encierro de cuarentena”.

El desafío ahora es hacer que ese interés se traduzca en nuevas ventas. Y eso, dice, no solo se consigue facilitando el acceso al crédito, sino los trámites. El Consejo de la Judicatura y las Notarías aún piden una firma presencial represando procesos hasta por 5 meses, cuando esto podría hacerse online en cuestión de minutos. En eso coincide Rumbea. Avanzar a la digitalización, sostiene, permitiría al sector resolver “medio año en un minuto”. En una industria que, normalmente, mueve $ 200 millones al mes, reducir tiempos permitiría ser más eficiente y reducir costos financieros.

• EL BIESS, AÚN CON RUMBO DESCONOCIDO

Hace tres semanas que el Biess tiene a nuevas autoridades, pero aún se desconoce el rumbo que tomará la entidad para rentabilizar sus activos y para demostrar el nivel de aporte que puede tener en la reactivación económica.

EXPRESO intentó conocer la política hipotecaria que tomará la entidad en medio de problemas de inminente iliquidez en sus arcas. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta. Pendiente está conocer cómo se capearán los efectos de la pandemia, que en los meses más críticos generaron menores cobros por créditos y desafiliaciones (hasta mayo, 240.000 personas dejaron de aportar).

El Biess dejó de publicar las cifras en su sitio oficial, desde octubre del año pasado. Pero un informe al que accedió este Diario da cuenta de la debilidad en la colocación de créditos. El presupuesto para hipotecarios estaba previsto en $ 850 millones. En este primer trimestre del 2020 se esperaba llegar a $202 millones; sin embargo, apenas se alcanzó el 50% de esta meta ($ 101 millones).

Los constructores no solo están ávidos por conocer el nivel de inyección de capital, sino saber sobre la vigencia de nuevos productos que la anterior gerencia preveía lanzar al mercado. Uno de esos es el Crédito Bien Futuro, que permitiría a los promotores inmobiliarios empezar a recibir capital desde el cierre de la venta de una vivienda y no cuando esta haya terminado de construirse. Para muchos, el método permitiría garantizarse liquidez y evitar recurrir al financiamiento bancario, evitando así nuevos costos financieros.