Arancel a Colombia: La tasa afecta a más de 7.000 importadores ecuatorianos
La Cámara de Comercio de Guayaquil dice que la medida disparará los precios al consumidor y abrirá la puerta al contrabando
La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) salió al paso del anuncio gubernamental de incrementar la denominada "tasa de seguridad" a las importaciones provenientes de Colombia, del 30% al 50%, y advirtió que la medida, lejos de proteger al país, generaría un daño económico de grandes proporciones para el sector productivo, el comercio formal y el bolsillo de los ecuatorianos.
El pronunciamiento del gremio llega en un momento de alta tensión diplomática y comercial entre Ecuador y Colombia, y pone sobre la mesa datos concretos que revelan el alcance real de una decisión que, según la CCG, se ampara en razones de seguridad nacional pero ignora sus costos económicos.
Colombia, el socio que Ecuador no puede darse el lujo de perder
Con intercambios comerciales que superan los 1.800 millones de dólares anuales, Colombia es el principal socio comercial de Ecuador en Sudamérica. El país vecino abastece al mercado ecuatoriano de alimentos, medicamentos, materiales de construcción e insumos productivos que alimentan cadenas enteras de manufactura y comercio minorista.
La CCG identificó que la medida impacta de forma directa a más de 7.600 importadores ecuatorianos, y de manera indirecta a un número que duplicaría esa cifra, al considerar a distribuidores, fabricantes y comerciantes minoristas que dependen de esa cadena de abastecimiento.
Los números ya hablan por sí solos. Entre el 2 y el 21 de febrero de 2025, con la tasa vigente del 30%, las importaciones desde Colombia registraron una caída del 69% en valor y del 61% en número de operaciones, comparado con el mismo período del año anterior. Para el gremio, elevar ese recargo al 50% equivale a "poner en peligro todo el comercio entre ambos países".
Tres frentes de daño: contrabando, empresas y consumidores
El pronunciamiento de la CCG identifica tres vectores de impacto que, en conjunto, configuran un escenario regresivo para la economía ecuatoriana:
- Estímulo a la informalidad. Un recargo del 50% crea una brecha de precios que históricamente ha actuado como combustible para el contrabando. Al encarecer artificialmente los productos formales, se abre espacio para que actores irregulares introduzcan mercancías al margen de los canales legales, eludiendo tributos y erosionando la recaudación fiscal. La propia CCG advierte que las trabas operativas ya existentes en la recaudación de esta tasa agravan aún más ese riesgo.
- Golpe a las empresas formales. Los importadores enfrentan incrementos de hasta el 50% en el costo de reposición de sus inventarios de manera inmediata, lo que comprime márgenes, deteriora la competitividad y pone en riesgo tanto la sostenibilidad financiera de las compañías como los empleos que estas generan.
- Impacto sobre el consumidor final. Al encarecer insumos y bienes de consumo masivo, el ajuste arancelario se traslada inexorablemente a los precios en góndola, reduciendo el poder adquisitivo de los hogares ecuatorianos en un contexto ya marcado por presiones inflacionarias y baja demanda interna.
El llamado al Gobierno: buscar salidas sin sacrificar el comercio
En su pronunciamiento, el gremio solicitó formalmente al Gobierno Nacional revisar la medida anunciada y explorar mecanismos alternativos de resolución del conflicto bilateral que permitan atender las legítimas preocupaciones de seguridad nacional sin comprometer el comercio formal, el empleo y la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos.
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