Claro y Tigo se alistan para cumplir contrato de $ 880 millones hasta el 2038
Tras cuatro años, el gobierno cerró acuerdos, que incluyen anticipos
El gobierno reveló este miércoles los montos de la renovación de títulos habilitantes para operadoras móviles, seis días después de firmar los contratos. Las empresas pagarán $880 millones por espectro hasta 2038, dividido en un anticipo de $610 millones— que se realizará en los próximos meses—y $270 millones adicionales en cuotas variables anuales según las ventas de cada operadora. El acuerdo se concretó el 30 de octubre tras casi cuatro años de negociaciones que debieron concluir en 2021, pero persisten interrogantes sobre su impacto real.
El ministro Roberto Kury anunció ingresos totales por $1,550 millones hasta 2038, incluyendo tasas regulatorias. Conecel (Claro) pagará $597 millones y Otecel (hoy propiedad de Millicom, marca Tigo) $282 millones. Cada año el Estado recibirá aproximadamente $270 millones adicionales.
La Proforma Presupuestaria 2026 contempla precisamente $270 millones por la renovación de contratos del Servicio Móvil Avanzado. Este rubro corresponde al valor económico del título habilitante, valoración del espectro e ingresos regulatorios como la tasa por servicios universales y uso del espectro.
Contratos pasados
En 2008 los contratos ascendieron a $700 millones, con anticipo de $379 millones. Sin embargo, el negocio cambió radicalmente: lo que antes priorizaba llamadas de voz y SMS ahora es consumo masivo de datos, que crecerá diez veces más en la próxima década.
Juan Carlos Solines, experto en telecomunicaciones, analiza que concentrarse solo en cuánto dinero recibió el Estado es insuficiente. Lo crucial son las condiciones impuestas: obligaciones de cobertura en zonas rurales, estándares de calidad, plazos para nuevas tecnologías y tarifas accesibles. Un monto alto sin contrapartidas solo beneficia al fisco, mientras que exigencias concretas generan mayor beneficio social.
Kury mencionó "compromisos de cobertura y actualización de redes" sin precisar montos exactos ni plazos. El anuncio destacó despliegue de 5G, más de 600 sitios de mejora y ampliación con 4G y techos tarifarios a la baja, pero dejó vacíos: qué porcentaje del territorio tendrá cobertura, cuáles son las velocidades mínimas y qué penalizaciones existen por incumplimiento.
Esta falta de especificidad se suma a otros vacíos del proceso. Solines señala que antes de renovar, el Estado debe verificar cumplimiento del contrato anterior. La normativa exige este certificado, pero interrupciones constantes de señal en carreteras sugieren deficiencias en cobertura. Además, durante el gobierno de Lasso se contrató a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para valorar el espectro. La UIT subcontrató a una empresa no identificada cuyos resultados nunca se divulgaron.
La demora de casi cuatro años en las negociaciones agravó estos problemas de transparencia. Los contratos vencieron en 2023 y los nuevos expiran en 2038. Esos dos años se perdieron en negociaciones bajo prórrogas del contrato viejo. Conecel obtuvo prórroga indefinida en agosto de 2023, mientras Otecel recibió nueve extensiones.
Alberto Acosta, economista especializado en el sector, coincide con Solines en que el enfoque fiscalista es problemático. Acosta señala que Ecuador mantiene el espectro más caro de la región, lo que dificulta atraer inversión en una industria intensiva en capital. En Uruguay, por ejemplo, se pagaron $84 millones por 300 MHz adicionales. En Ecuador se concesionan volúmenes similares (170 MHz para Claro y 130 MHz para Tigo) por cifras que superan los promedios regionales.
Al igual que Solines, Acosta plantea que cobrar menos con mayores exigencias podría beneficiar más al país. "Si un país cobra más caro el espectro que sus vecinos, está elevando la barrera de entrada para las inversiones necesarias", explica. La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) reconoce que Ecuador es "uno de los 10 países con precios de espectro más onerosos de la región".
El economista resalta que las telecomunicaciones requieren inversiones millonarias constantes y cita estudios del Banco Mundial y el BID: cada 10% de aumento en penetración de banda ancha eleva el PIB en 1,38%. Bajo esta lógica, el espectro radioeléctrico no debería tratarse como fuente de recaudación fiscal, sino como habilitador de crecimiento económico.
Esta tensión entre visión fiscalista y visión de desarrollo atraviesa la historia reciente del sector. En 2008 se celebró como triunfo obtener $700 millones, con énfasis en cuánto ingresó al fisco. Ahora, 15 años después, el debate apenas incorpora la otra variable: qué recibió la sociedad a cambio.
Vianna Maino, ex ministra de Telecomunicaciones durante el gobierno de Lasso, destaca que la renovación beneficiará a sectores productivos estratégicos como el camaronero y bananero, que sostienen la balanza comercial. "Podrán acceder a servicios de alta calidad y tecnologías avanzadas para innovar con automatización, biotecnología y otras herramientas para aumentar su productividad", señala. Sin embargo, advierte que desplegar 5G requiere nueva infraestructura distinta a las redes 3G y 4G existentes, además de la modernización de dispositivos de los usuarios.
¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ
