Son siete las personas detenidas en los allanamientos realizados la madrugada de ayer en el marco de la instrucción fiscal que se sigue por falsedad de información bursátil, en el caso de inversiones irregulares del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) y de otras entidades del sector público.

Pero no son los únicos casos sobre los que la justicia tiene puesto al mazo. Diario EXPRESO tuvo acceso a correos electrónicos en donde una casa de valores y exfuncionarios de Ecuagran y Delcorp (que también le deben dinero al Isspol por papeles de renta fija) planificaban la emisión de facturas comerciales negociables (FCN), muchas de las cuales también se encuentran impagas. Este proceso sigue su curso, y no tiene relación con la operación de ayer de la Fiscalía.

Además hay casos relacionados también a inversiones en derechos fiduciarios, muchos de los cuales están impagos y que tocaron ya las puertas de los investigadores de la Fiscalía de Guayas. Allí están comprometidas empresas del sector privado que no han logrado acuerdos de pago con la entidad policial. Son más de 10 compañías que aún le deben.

Como ya lo ha mencionado EXPRESO son compañías de varios sectores que tampoco han pagado montos elevados de facturas comerciales negociadas por solo tres casas de valores.

Ayer, diez meses después del escándalo público por los impagos de capital e intereses por alrededor de 700 millones de dólares invertidos por el seguro de la Policía a través de empresas de Jorge Chérrez Miño, Luis Domínguez y Héctor San Andrés, un operativo empezado a las 05:00 logró la aprehensión de Rodolfo Kronfle Akel, expresidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG), quien fue removido por un grupo de casas de valores en 2020; Carlos Carbo Cox, exgerente de la BVG; Oriana    Rumbea Thomas, gerente operativa de la Bolsa y de su esposo Xavier Neira Salazar, presidente de Citadel Casa de Valores, así como de Minnie Doughety Villacís, Sonia Bonilla Tapia y Maryuri Zamora Olivos.

Esto se dio horas después de la declaración en la Fiscalía de Renato González, director actual del Isspol, donde apuntó como responsables no solo a los exfuncionarios del Decevale, sino a empresas domiciliadas en Panamá, a Citibank (Nat Cumco), IBcorp, Institutional Custody Services, Ecuador High Yield Bond Fund, a la Superintendencia de Compañías y otras entidades.

En su declaración menciona a Kronfle Akel y a varias inversiones “ilegales” canalizadas a través del Decevale, a la compañía panameña Forban, que    tiene como directivos a la familia Neira y que sirvieron para financiar empresas de varios sectores a través de letras de cambio y otros mecanismos. Estas inversiones se habrían dado con los dineros que captaron en Isspol.

Según la Fiscalía y un informe de auditoría forense realizado por la firma Ernest & Young, tanto Citadel como la Bolsa de Valores de Guayaquil y del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) permitieron la negociación, lo cual no les estaba permitido por la Ley de Mercado de Valores.

La auditoría mostró correos en donde todos ellos planificaban cada una de las transacciones, e incluso posibles respuestas a la prensa. A Luis Álvarez, exgerente de operaciones del Decevale, se le sigue un proceso en Estados Unidos, donde se encuentra desde el año pasado.

“Este operativo se desarrolló mediante una investigación donde se identifica una estructura delictiva, quienes asociados ilícitamente incurren en la comisión de delitos contra la fe pública,    falsedad de información en el mercado de valores, eludiendo la aplicación de Ley del Mercado de Valores para ejecutar negociaciones con títulos no inscritos en el catastro público, préstamos a empresas a través del Decevale, contratos sin sustentos con empresas domiciliadas en Panamá y EE.UU.”, dice el parte.

Anota que “sirviéndose de los recursos patrimoniales de inversionistas institucionales como Biess,    Isspol, Fondo de Cesantía del Magisterio, Seguros Sucre, Latina de Seguros y otras entidades que han confiado en el Mercado de Valores y el Decevale”.

Los fondos eran enviados hacia cuentas en el extranjero a favor de entidades de las que no es posible determinar con certeza su idoneidad o buen actuar en el marco de la celebración de tales negociaciones, “poniendo en serio riesgo el sistema del mercado de valores del Ecuador”.

Los tiros de la Policía apuntan como principal entidad de este hecho ilícito al Decevale “quien registró y suscribió contratos, presuntas aperturas de cuentas en custodios extranjeros, emisión de certificaciones, emisión de reportes de composición de portafolio y demás actos    al margen de la Ley del Mercado de Valores y Superintendencia de Compañías”.

Los mails que delatan las operaciones

Peritos de la Fiscalía de Guayas examinaron la veracidad de cientos de correos cruzados entre exdirectivos de Delcorp y Ecuagran (Ecuatoriana de Granos), que le deben millones de dólares al Instituto de Seguridad Social de la Policía.

Estas empresas, cuyo accionista mayoritario era Gad Goldtein, y su relacionada Fertisolubles, vendieron papel comercial, obligaciones de largo plazo y facturas al Isspol, la mayoría impagas desde agosto de 2020.

En varios correos analizados, una casa de valores encargada de realizar buena parte de estas operaciones daba instrucciones sobre los procesos de emisión, incluso empleados, en ese momento de estas compañías, alertaban días antes de las visitas de funcionarios de la Superintendencia de Compañías, que irían a revisar la contabilidad de esas empresas.

“El día de mañana van a realizar una visita para revisar la información contable”, señala un email enviado por uno de ellos el 3 de julio del año 2018. Diario EXPRESO tuvo acceso a ese informe que está en proceso de indagación dentro de la Fiscalía. Muchos de estos correos fueron copiados a un estudio jurídico local.

La emisión de facturas se hacía sin sustento

Las instrucciones de los correos entre ejecutivos de una casa de valores y directivos de Ecuagran y Delcorp eran precisas en cuanto a los montos y procesos para emitir facturas.

Muchas de estas facturas entre empresas relacionadas no tenían un hecho generado o una sustancia. La Fiscalía investiga si solo se simulaban ventas para poder generar y emitir facturas comerciales negociables.

Según se lee en los correos, que Delcorp generaba a Ecuagran facturas por supuesta compra de urea, nitrato de amonio, magnesio, sulfato de zinc, DPA entre otros productos.

En los emails del año 2018 se detallan las órdenes de compra y de venta entre Delcorp y Ecuagran, y los cuadros con montos de emisiones de facturas elaborados por la casa de valores.

Algunas de las facturas emitidas en 2019, que también fueron compradas por el Isspol están impagas. Esa misma casa de valores hizo la punta de compra de facturas de Casa Moeller Martínez.