La jueza de Pichincha Yadira Proaño negó el pedido de declarar el cierre de la instrucción fiscal, realizado por los generales (r) Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño.

Ellos son dos de los investigados por presunto peculado en el caso denominado bonos con pacto de recompra por 216 millones de dólares que investiga el fiscal Martín Navarrete.

La inversión en los bonos sería una de las que el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) considera inversiones de riesgo que superan los 800 millones de dólares y se efectuaron con fondos de los afiliados y pensionistas.

La jueza justificó en una providencia las razones por la demora en el despacho de algunos de los pedidos de las partes. Uno de ellos es la apelación de la audiencia de vinculación de seis investigados que debía realizarse este miércoles, a las 14:30, en el Complejo Judicial Norte de la capital.

El fiscal Navarrete había solicitado la incorporación al expediente de Carlos Carbo, Luis Álvarez, Luis Domínguez, John Luzuriaga, Rafael Nuques y Jorge Chérrez Miño.

La jueza explicó que la petición se había presentado antes del vencimiento del plazo de la instrucción fiscal. Con el pedido de evacuación pendiente la jueza no dio paso a la terminación de la investigación.

En la audiencia de ayer Pedro Lizarzaburu insistió en que la audiencia de vinculación no se debía instalar. Explicaba que el martes a las 15:21 habían presentado un escrito solicitando que el superior de la jueza Yadira Proaño, conozca sobre el pronunciamiento de la misma con la negativa de la apelación contra la audiencia.

El defensor argumentaba que no han transcurrido los tres días para que esté ejecutoriada la misma y que ello puede implicar nulidad en el futuro. La jueza Proaño deliberó el pedido del defensor.

El 23 de febrero un operativo en el que intervinieron la Fiscalía y la Policía permitió la detención de los generales Espinosa y Proaño y otras dos personas en acciones tras varios allanamientos.

Espinosa y Proaño fueron directores del Isspol y fueron señalados por su presunta participación en el delito de peculado. Inicialmente hubo prisión para Espinosa de los Monteros y arresto para Proaño.

También fueron involucrados el exdirector de Inversiones, Alfredo Valverde, y el exasesor jurídico de la entidad, Santiago Duarte.

Al momento los cuatro sospechosos tienen medidas alternativas y pueden defenderse en libertad. El lunes se revocó el arresto domiciliario que pesaba en contra de Proaño y se cambió por la presentación periódica y prohibición de salida del país. La vinculación no se realizó porque la defensa de Chérrez presentó un recurso de hecho contra la providencia en la que se convocaba a la diligencia. La jueza remitió el recurso a la Corte de Pichincha para que resuelva.

Mientras tanto la Fiscalía convocó a 14 personas para que rindan versiones sin juramento entre el 14 y 17 de junio. Entre ellos citó a la exministra de Gobierno, María Paula Romo, quien fue la denunciante del caso y al exministro de Economía, Richard Martínez.

Expedientes

12 denuncias por el caso

Ventas de terrenos con aparente sobreprecio, compras de facturas, compra de bonos son, entre otras, las posibles anomalías que investiga la Fiscalía en el caso Isspol.

Las denuncias se presentaron en Quito y Guayaquil por parte del Isspol y la Superintendencia de Compañías. En Quito hay siete casos y en Guayaquil se abrieron cinco.