En los últimos meses, Nelson Peña ha tenido que vivir un calvario para poder seguir su tratamiento médico. En el 2018, un accidente fracturó la columna de este policía jubilado, pero por la escasez de medicamentos y especialistas médicos en Quevedo (Los Ríos) se vio obligado a viajar cada cierto tiempo hasta Quito. Venir a Guayaquil podría convenirle por la cercanía, pero es probable que acá también encuentre una situación parecida. Deogracio Alvarado, otro agente en servicio pasivo, se queja de cómo desde hace unos meses en el hospital policial del Puerto Principal no tienen la insulina que requiere para tratar su diabetes.

Esta situación, dicen ambos, no la vivían antes. Es decir, no antes de conocer que más de        $ 950 millones de inversión habían desaparecido de las cuentas del Instituto de Seguridad Policial (Isspol). Aseguran que ellos y los más de 80.000 policías afiliados y jubilados son los que hoy han empezado a pagar la fiesta de una red de actores, entre exdirectivos del gremio, políticos y empresarios, que desde el 2014, de forma esquemática, llegaron a entramar un inadecuado manejo de recursos en bonos y obligaciones del mercado bursátil, a vista y paciencia de autoridades y varios frentes de control.

Para Renato González, director del Isspol y quien se ha dado a la tarea de recuperar estos recursos perdidos, este escenario era el advertido, pero para nada el deseado. Han pasado ya dos años desde que el tema salió a la luz y un año (desde el pasado 5 de agosto) desde que el ente presentó sus primeras acciones legales. Pero aún, recalca González, no hay resultados. Por esfuerzos de la administración, dice, ha sido posible recuperar $ 25 millones, pero el resto aún está pendiente: “los tres grandes segmentos que están concentrados por las empresas de Jorge Chérrez (dueño de Ibcorp, la firma con la cual se canalizaron las propuestas de inversiones), a través de la operación swap, los bonos con pacto de recompra y bonos puros”.

EXPRESO solicitó ayer a la Fiscalía una actualización del número de procesos judiciales abiertos y sus estados, pero no hubo respuesta. No obstante, desde el Isspol siguen contabilizando una veintena de acciones legales que nada o poco efecto están teniendo. Eso porque o se ha llevado a juicio a personas que son los ‘eslabones más débiles’ o han visto un freno por las trabas: dictamen de sobreseídos, audiencias aplazadas, recusación de jueces, dilatorias y hasta casos archivados (como sucedió con el caso Ambiensa).

Esa demora, admite González, ha generado déficit en dos de sus ocho fondos: el de Retiro de Invalidez y Muerte (que es el que paga pensiones) y el de Enfermedad y Maternidad. “Para este año (este último seguro) tiene 60 millones de dólares, pero debería tener 140 millones más”, precisa.

Otro efecto ha sido la suspensión de la entrega de créditos y su encarecimiento. En mayo de este año, señala, la emisión se ha retomado, con la colocación de 22 millones de dólares. “Aspiramos a recuperar en este 2022 algo de normalidad, porque el 2020 y 2021 fueron cero y en años anteriores bordeaban los 100 millones de dólares anuales”. Préstamos que además son más costosos, pues estudios actuariales recomendaron a la entidad elevar la tasa de rentabilidad que se paga del 4 % al 5 %.

Pero eso no es todo. A Deogracio Alvarado le cuesta aceptar que en esta situación los policías pasivos, desde hace un año, hayan tenido que volver a aportar el 2,75 % de sus pensiones. “Nos dicen que es para cubrir el tema de salud, que es para servicios de maternidad, pero siendo jubilados a esta altura de la vida, ¿de qué maternidad nos hablan? A mí eso me significa 30 dólares mensuales. Siempre he dicho que es un maquillaje, lo hacen para reponer el dinero que nos atracaron”, reflexiona. 

Si esos recursos existieran, señala el jubilado Nelson Peña, se habría concretado el plan que tenía el Isspol de montar un buen hospital en Quevedo, “pero luego de la pérdida millonaria en inversiones, eso quedó sin efecto”.

González sostiene que la lucha para recuperar estos recursos no ha cesado. Como administración, señala, están agotando todas las instancias administrativas y extrajudiciales “pero no descartamos en su momento oportuno realizar acciones judiciales contra entidades como la Superintendencia de Compañías, que en su momento permitieron la afectación de nuestro patrimonio”.

Y si eso no les funciona, advierte que “tendremos que ir por la presión formal. Cuidado despiertan a un león dormido que es el servicio pasivo de la Policía Nacional. El personal ha sido muy paciente, pero todo tiene un límite”.

• RECURSOS INMOVILIZADOS

El lunes 4 de este mes, la administración del Isspol pidió de manera formal a la Superintendencia de Compañías la devolución de $ 327 millones    que hoy permanecen inmovilizados en las cuentas del Banco Central del Ecuador (BCE).