Arroceros pierden 70 millones por incumplimiento del precio mínimo, según comité
Arroceros advierten que la falta de pago del precio mínimo afecta a su cosecha de verano y piden acción del Gobierno
La cosecha de verano de arroz en Ecuador llega a su fin en medio de fuertes reclamos del sector agrícola. Según José Luis García, coordinador del Comité Defensa de los Agricultores, este año se sembraron 140.000 hectáreas en todo el país, de las cuales se obtienen en promedio 50 sacas por hectárea, lo que representa cerca de 7 millones de sacas en total.
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El problema, explica García, es que no se respeta el precio mínimo de sustentación, fijado en 34 dólares para grano corto y 36 para grano largo. “En promedio se ha pagado 10 dólares menos por cada saca durante todo el año, y en algunos casos la pérdida ha sido aún mayor. Esa diferencia multiplicada por los 7 millones de sacas significa una pérdida de 70 millones de dólares para los arroceros en esta cosecha”, indicó.
Los agricultores señalan que los operativos del Ministerio de Agricultura no han tenido resultados concretos, ya que no se han aplicado cambios al reglamento de piladoras ni sanciones ejemplarizadoras contra quienes incumplen el precio mínimo. García recordó que el COIP, en su artículo 308, tipifica como agiotaje la práctica de no pagar el precio oficial. Sin embargo, sostiene que la Fiscalía no ha actuado frente a estos incumplimientos.
Sin embargo, según la autoridad se mantiene el control. Hasta el 23 de septiembre de 2025, siete piladoras fueron clausuradas y otras sancionadas por no tener vigentes los permisos de funcionamiento o los certificados de calibración de báscula y determinadores de humedad, son algunos de los resultados que hasta el momento dejan los operativos de control de precios y peso justo que impulsa el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP), en Guayas y Los Ríos, provincias donde se concentra alrededor del 94% de la producción nacional de arroz.
En Guayas, entre enero y lo que va de septiembre, se han inspeccionado 158 piladoras, de las 181 que están activas en la provincia. Del total, 41 fueron notificadas durante septiembre, y se cerraron 6 por falta de permisos de funcionamiento.
Las 41 piladoras fueron notificadas por no exponer la tabla de precios y el Acuerdo Ministerial 002 de forma visible, además por no tener los permisos de funcionamiento vigentes, certificados de calibración de báscula y determinados de humedad.
En Los Ríos, desde agosto, se han efectuado 53 operativos de control. En lo que va de septiembre se han visitado 12 piladoras, de las que una fue clausurada en Babahoyo por la ARCSA, debido a incumplimiento con normas de inocuidad alimentaria, como lo establece el Art. 146, literal E de la Ley Orgánica de Salud, sobre la vigilancia del manejo de productos alimenticios en espacios de procesamiento.
Además, 4 fueron notificadas por la ARCSA para obtener los permisos, 4 deben atender observaciones sobre limpieza y control de palomas, mientras que tres no presentaron novedades.
Pero los agricultores dicen que esos controles no son suficientes y la situación preocupa al sector porque, según García, muchos trabajadores de la tierra están pensando en dejar de sembrar arroz, debido a la falta de garantías en los precios y al incremento de los costos de producción, especialmente del diésel y los insumos agrícolas. “Antes una poma llena de diésel costaba 11 dólares, hoy vale 18. Si el diésel sube a 4 dólares, como en países vecinos, será insostenible producir”, advirtió.
Esperan que el Ministerio de Agricultura cumpla
El Ministerio de Agricultura había anunciado en agosto la compra de 50.000 toneladas de arroz para la reserva estratégica, pero hasta ahora no se concreta. Mientras tanto, productores denuncian especulación en ciertos comercios, donde la libra de arroz se encarece, mientras a ellos no les compran la cosecha o lo hacen a precios inferiores a 30 dólares por saca, según García
En la vía a Santa Lucía la situación es crítica: se ven decenas de camiones cargados con arroz esperan entre tres y cuatro días en los exteriores de piladoras que se niegan a comprar o pagan con plazos de hasta 20 días. “Los agricultores se sienten engañados por el Ministerio de Agricultura y hasta por ciertos asambleístas que vinieron a prometer soluciones que nunca llegaron”, reclamó García.
El sector agrícola se organiza para realizar reuniones en los centros agrícolas y evaluar nuevas acciones. “Si no hay una respuesta clara, muchos productores preferirán dejar el arroz en el campo antes que venderlo a precios que no cubren ni los costos”, advirtió el dirigente.
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