Argentina avanza en su plan de privatizar empresas públicas
El Gobierno habilita la venta de acciones de empresa de agua y saneamiento
l Gobierno de Javier Milei avanzó ayer hacia la privatización de AySA, la empresa pública que da servicio de agua y saneamiento en Buenos Aires y toda su área metropolitana, con un decreto que habilita la venta de acciones de la compañía.
La medida, anunciada el pasado viernes por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, se puso en marcha este martes con la publicación de un decreto en el Boletín Oficial que habilita la venta de acciones, la entrada de capital privado en la empresa y los cortes del servicio por falta de pago.
La normativa modifica un decreto de 2006 que establecía que el 90 % del capital de AySA pertenece al Estado y disponía que dichas acciones serían intransferibles y que esa proporción no podría ser disminuida como consecuencia de operación social alguna.
Con el cambio regulatorio se determinó que “el Estado Nacional podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria”. De esta manera, el Gobierno de Milei avanza hacia la privatización de la firma prestadora del servicio de agua y cloacas en lo que se conoce como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), compuesta por la ciudad y los distritos que la rodean.
En el decreto, el Ejecutivo encomendó a la Agencia de Planificación (APLA) crear un Plan Director de Mejora Estratégica, que “tiene por objeto establecer los lineamientos y estrategias técnicas para el desarrollo de las obras básicas de infraestructura que posibiliten la ampliación y extensión del servicio público a través de programaciones de proyectos y obras, fuentes de financiamiento y entes ejecutores”.
Asimismo, se agregaron nuevas autorizaciones para la gestión de la empresa concesionaria, destacándose la posibilidad de interrumpir el suministro del servicio prestado ante deudas de los clientes.
Según indica el decreto, la empresa contará ahora con las facultades para revisar y auditar, desde el punto de vista técnico, todas las obras que se ejecuten dentro del área regulada. Al anunciar la medida, Adorni afirmó el viernes que desde la estatización de AySA en 2006, la empresa requirió aportes del Estado por 13.400 millones de dólares hasta el año 2023.
“Indicadores claves muestran un fuerte deterioro en la infraestructura”, advirtió. Y señaló que “la planta de personal creció un 90 % durante la administración estatal y la morosidad de los usuarios trepó al 16 %, cuando históricamente se ubicaba en torno al 4 %”.
Poco después de asumir la Presidencia de Argentina en 2023, Milei incluyó como “sujetas a privatización” a 41 empresas estatales dentro de un ambicioso proyecto de ley de desregulación económica, pero la lista se redujo significativamente como parte de las negociaciones con la oposición para sacar adelante la norma.
En esa lista aún consta la privatización de Trenes Argentinos Cargas, la principal compañía estatal del ramo, que comprende tres líneas ferroviarias y atraviesa 16 provincias.
“La empresa opera 7.600 km de vías que ahora serán concesionadas a privados”, anunció la Presidencia en un comunicado a finales del año pasado. Se trata de la primera privatización de una empresa ferroviaria desde el comienzo de la administración del presidente ultraliberal Javier Milei.
En la mira, aerolínea estatal
Milei también declaró “sujeta a privatización” a la estatal Aerolíneas Argentinas, tras semanas de conflictos gremiales que llevaron a dos huelgas en septiembre del año pasado y afectaron a decenas de miles de pasajeros, aunque la decisión de privatizar depende del Congreso.
“Resulta imperioso propiciar la privatización de la empresa Aerolíneas Argentinas”, señaló un decreto firmado por el Poder Ejecutivo.
En el texto, el Gobierno justificó la decisión señalando que el Estado tuvo que realizar aportes por 8.000 millones de dólares “en virtud del déficit crónico” de la compañía desde su estatización hace 16 años.
El régimen de Milei anhela la privatización de esta aerolínea y busca incluirla en una ley, pero fue rechazada por el Congreso a principios de año.
En septiembre pasado hubo dos huelgas que afectaron cientos de vuelos y a más de 45.000 pasajeros y produjeron pérdidas por más de tres millones de dólares.
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