La asfixia de liquidez que tiene la economía y que sufren las empresas, como producto de la crisis generada por la pandemia, termina teniendo una repercusión directa en el ciudadano, no solo con la pérdida de empleo sino de derechos    básicos como la imposibilidad de trabajar más horas y conservar el mismo nivel de salario.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, tras el brote de la pandemia, hasta diciembre del año pasado, se registraron 1.924 casos de empresas que se acogieron a una reducción de jornada laboral; no obstante, desde este año, de enero hasta el 25 de febrero, esa cifra llegó a los 6.866; casi cuatro veces más en menos de dos meses.

La posibilidad de reestructurar horarios y, por ende, salarios, está contemplada desde junio del año pasado en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitaria, que señala que el empleador podrá reducir la jornada hasta por un máximo del 50 % debido a eventos de fuerza mayor    imposibles de prever y que generen imposibilidad de realizar el trabajo con normalidad. La medida puede durar un año, con la opción de prorrogarse hasta por un año más.

Para algunos expertos las cifras demuestran cómo, tras un año de pandemia, algunas empresas aún se están viendo obligadas a llegar a un acuerdos con su personal en un contexto complicado, dice José Hidalgo, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) ¿Por qué no es una medida que se adoptó antes? Hidalgo cree que es muy posible que muchos negocios hayan estado a la espera de tomar esta decisión con la esperanza de que el 2021 fuera mejor. “Pero en enero y febrero los efectos de la crisis se han seguido registrando. Si bien ha habido una leve recuperación, los niveles siguen estando por debajo a los registrados previo a la pandemia. Por otro lado, lamentablemente la vacunación es algo que aún se ve lejos”, dice.

No obstante, esta realidad tiene un lado alentador. Aunque la medida implique la disminución de beneficios, impide que exista un mayor deterioro en el mercado laboral: es la forma en cómo algunas empresas estarían evitando llegar a los extremos como el tener que despedir a un trabajador y evitando que la informalidad siga    creciendo.    Según el      Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), al cierre del 2020 la tasa del empleo informal fue una de las de mayor incremento tras llegar al 51,1 %.

Pero los acuerdos no solo sirven para acordar un recorte de horarios, también priman a la hora de finiquitar una relación laboral. Según el informe del Ministerio, hasta diciembre del año pasado se firmaron 764.443 terminaciones de contrato, de las cuales 462.489 se hicieron por acuerdo entre las partes. La Secretaría de Estado enfatiza que si se las compara con el 2019, el año pasado se firmaron 53.550 actas menos de finiquito; no obstante, no aclara el porqué de esa diferencia que para algunos expertos en el tema resulta como consecuencia de los menores contratos o nuevos empleos que también se han creado en un año de crisis.

Son pinceladas que intentan dibujar un mercado laboral disipado por la escasez de cifras que describan una realidad. La data de diciembre (con una tasa de desempleo del 5 %) y enero (5,7 %) llegaron recién este mes de marzo pero, aclaró el INEC, estas no pueden compararse con otros periodos debido a un cambio de metodología. Desde este nuevo año, debía entregar cifras mensuales, pero las estadísticas de febrero siguen pendientes.

Para el exdirector del INEC, Byron Villacís, las últimas cifras    publicadas son subestimadas y se quedan corta con la realidad. “Quién va a creer que la crisis del 2009 (con una tasa de 7,9 %) tuvo un menor impacto que el 2020 (5 %), un año de más muertos, más impacto económico”. Él se anima a estimar que la real tasa de desocupación podría estar entre un 15 y 20 %.

Poca claridad sobre nuevos contratos

Desde el Ministerio de Trabajo se habla de las nuevas herramientas que las empresas y negocios tienen para contratar a personal en medio del actual contexto. La cartera de Estado cita los últimos contratos aprobados en torno a la actividad turística, de emprendimiento, de inserción de los jóvenes y demás; no obstante, no ofrece cifras actualizadas y comparativas que hablen de los resultados que estaría generando esta política. Menciona las plazas vigentes (429.848), pero sin aclarar su efecto.