Análisis del impacto económico del subsidio al gas en Ecuador
El subsidio al gas licuado de petróleo costará $870 millones en 2025, casi el doble del Bono de Desarrollo Humano
Ecuador destinará $870 millones en 2025 para subsidiar el gas licuado de petróleo (GLP), convirtiéndose en el mayor gasto estatal en combustibles tras la eliminación del subsidio al diésel en septiembre pasado. La cifra equivale al 35% del total de subsidios a combustibles, según el Presupuesto General del Estado. Este subsidio mantiene el precio del cilindro en $1,65, cuando su costo real en el mercado internacional supera los $12,39, según datos de Petroecuador.
Pablo Hidalgo Romero, docente de economía de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), sostiene que el subsidio al gas doméstico tiene una función distinta a otros subsidios energéticos. Mientras que eliminar el diésel o las gasolinas impacta en costos de transporte y producción, el gas licuado de petróleo afecta directamente a los hogares. "El gas de uso doméstico es básicamente con lo que nosotros cocinamos", explica el economista. Hidalgo advierte que tocar este subsidio compromete la capacidad de las familias para preparar sus alimentos, especialmente en los sectores de menores ingresos, donde el gasto en alimentación consume la mayor parte del presupuesto familiar.
El problema no es el subsidio, sino su diseño
El problema central, según Hidalgo, no radica en la existencia del subsidio sino en su diseño. La ausencia de focalización implica que todos los ecuatorianos, independientemente de su nivel de ingresos, reciben el mismo beneficio.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2019 calculó que, aunque los hogares consumen GLP en proporciones similares, apenas uno de cada cinco dólares del subsidio llega efectivamente al quintil más pobre de la población. Esto significa que de los $870 millones presupuestados para 2025, aproximadamente $600 millones benefician a sectores de mayores ingresos, mientras que apenas $300 millones llegan a la población bajo la línea de pobreza. El estudio advierte que el Estado debe gastar $5 para transferir $1 real de apoyo a los más vulnerables, mientras el resto del beneficio se diluye entre hogares de ingresos medios y altos.
El contexto económico actual agrava esta inequidad. El 24% de la población ecuatoriana vive en situación de pobreza, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de junio de 2025. La canasta básica familiar alcanzó $819,77 en septiembre, mientras que el salario básico se mantiene en $470. "Con un salario básico no puedes cubrir la canasta vital", advierte Hidalgo, quien explica que esto incluye los bienes y servicios esenciales para reproducir la vida.
Focalización del gas
La focalización aparece como una alternativa técnicamente viable, aunque operativamente compleja. Hidalgo menciona el caso colombiano, donde el gas se distribuye por red de tuberías y se cobra según estratos socioeconómicos del uno al seis. "Dependiendo del estrato en el cual te encuentres, vas a pagar un valor diferente por el servicio de gas", explica. Sin embargo, en Ecuador la distribución mediante cilindros dificulta replicar este modelo.
El académico sugiere que sí es posible implementar mecanismos de focalización, como sistemas de cuotas que limiten el número de cilindros subsidiados por familia, o códigos de identificación. "Se puede focalizar, pero los desafíos técnicos pueden ser grandes", reconoce. La implementación práctica requeriría una capacidad institucional robusta para evitar fugas y garantizar que el beneficio llegue a quien realmente lo necesita.
Luis Espinosa Goded, profesor de Economía de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), complementa el análisis señalando que el bajo precio incentiva el consumo ineficiente. Por cada cilindro, el Estado cubre aproximadamente $10, equivalente al 80% del costo total. "Cada vez que consumimos un cilindro de gas, el Estado nos subvenciona $10 de gasto y nosotros pagamos $1,65", explica Espinosa, quien señala que este esquema subsidia por igual tanto el gas utilizado para cocinar alimentos como el destinado a usos suntuarios.
El crecimiento del subsidio es notable. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en 2019 el gas representaba el 23% del total de subsidios a combustibles, pero para 2025 representa el 35%. Este incremento obedece al crecimiento del consumo doméstico y al congelamiento del precio como medida de protección social, en un país que importa el 87% del GLP que consume. El aumento de la demanda, sumado a la dependencia de importaciones, incrementa año tras año la carga fiscal del subsidio.
El contexto político complica cualquier reforma. El Gobierno de Daniel Noboa ha dejado claro que el subsidio al gas "no está en agenda" para su eliminación. La ministra de Economía, Sariha Moya, ratificó en septiembre que "el gas es importante para el consumo de los hogares". Esta postura contrasta con la eliminación progresiva de otros subsidios: el diésel en septiembre, el combustible para atuneros en junio, y ajustes en las gasolinas Extra y Ecopaís mediante el sistema de bandas.
El Ministerio de Ambiente y Energía reiteró su posición el pasado 20 de octubre, tras la emisión de una resolución de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) que actualizó las tarifas de comercialización del GLP. La cartera de Estado aclaró que dicha actualización solo afecta los valores que Petroecuador cancela a las comercializadoras privadas por el servicio de distribución, y que el precio de $1,65 por cilindro al consumidor final se mantiene. La ARCH explicó que la medida "busca mantener el equilibrio entre todos los actores de la cadena de comercialización, garantizando calidad, cantidad y un precio justo para las familias ecuatorianas".
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