Aportar casi $ 100 todos los meses al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) le trae pocos beneficios, asegura Fernanda Guevara, arquitecta que trabaja en el sector privado.

A inicios de año, cuando acudió a un hospital de la red del IESS por un problema respiratorio, la atención fue deficiente. No contaban con insumos ni medicamentos, por lo que debió comprarlos con su dinero. “Entonces para qué aporto mes a mes”, asegura.

Al afiliado le corresponde entregar un aporte al IESS del 9,45% de su sueldo o salario; mientras que al empleador, el 11,15% del salario del trabajador, explica Modesto Apolo, abogado en materia laboral.

A eso se suma el pago de impuestos que sirven para cubrir al sistema del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Que los ciudadanos tengan que poner dinero de su propio bolsillo, además de lo que ya aportan, para la atención de salud en el servicio público es un mal síntoma, asegura un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Eso en América Latina representa en promedio el 34 % del gasto total en salud, muy por encima del 21 % en los países OCDE, considerados desarrollados.

Y en Ecuador el gasto de bolsillo es aun mayor que el promedio regional. Según la OCDE es 39 %. Es decir, si un servicio de salud público cuesta 100 dólares, 39 deben salir de los bolsillos del paciente.

“El alto nivel de gastos de bolsillo en Latinoamérica y el Caribe es una indicación de sistemas de salud más débiles, niveles más bajos de cobertura de servicios y, en general, un peor escenario de referencia”, señala el estudio de la OCDE, denominado Panorama de la Salud: Latinoamérica y el Caribe 2020.

Tras la pandemia de COVID-19 los servicios de salud del IESS y Ministerio de Salud Pública quedaron más debilitados y ninguno de los dos presta un servicio óptimo.

Si bien la Constitución señala que ambos forman parte de la Red Pública Integral de Salud, expertos indican que solo el IESS debe encargarse de únicamente de las pensiones y no de atención médica.

“Hay buenas razones para argumentar que sería bueno para el país separar las dos funciones de política pública: la una que maneja las pensiones para los jubilados y la otra que tiene que ver con la salud pública”, aseguró Augusto de la Torre, execonomista jefe del Banco Mundial para América Latina, quien ha estado asesorando a los últimos gobiernos para realizar cambios en Seguridad Social en Ecuador.

La mayoría de países desarrollados tienen separadas esas funciones: salud y pensiones comenta De la Torre, y el caso de Ecuador y algunos países de América Latina más bien es una anomalía.

Según el estudio Los sistemas de pensiones y salud en América Latina de CAF, la mayoría de los países de América Latina ha construido sistemas de salud en los que conviven dos o más subsistemas que dan cobertura a diferentes segmentos de la población. Aunque algunos países han avanzado hacia una integración horizontal, Brasil es un caso excepcional en la región, ya que cuenta con un sistema unificado en torno al Sistema Único de Salud (SUS), financiado con impuestos generales (similar a los de países como Canadá, España, el Reino Unido y Suecia).

En Ecuador, al menos en los planes y en el debate, por ahora, no está que se fusione la atención de salud entre el IESS y el MSP, dice Patricia Borja, experta en Seguridad Social.

Uno de los problemas que ha enfrentado el Fondo de Salud del IESS, asegura Borja, es que muchos servicios de salud que presta la entidad actualmente no están financiados y por esa razón la deuda del Gobierno central con la entidad no ha dejado de crecer.

En días pasados, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que la deuda con el IESS por concepto de salud suma $ 4.534 millones, cifra preliminar. De esa cantidad, Finanzas señaló que pagará $ 140 millones hasta este mes. Es decir, el 3 % del total.

“La atención de los hijos de los asegurados no tiene financiamiento. Un principio básico es que cada prestación debe contar con un financiamiento”, señaló Borja.

El Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 del actual Gobierno se puso como objetivo “modernizar el sistema de salud pública para garantizar servicios de calidad con eficiencia y transparencia”. No obstante, no hay nada claro sobre cómo se conseguirá esa meta.

El Gobierno trabaja también en una reforma a la Seguridad Social para lo cual ha creado una comisión, por ahora con acciones desconocidas.

EL PAGO DE LA DEUDA DEL ESTADO AL IESS

En días pasados, el MEF suscribió con el IESS un convenio que da inicio al proceso de reconocimiento de las contribuciones pendientes del Estado por las prestaciones de salud. Finanzas realizará un primer pago por $ 140 millones ($ 120 millones serán transferidos este 31 de mayo de 2022 y $ 20 millones en junio).

Francisco Cepeda, expresidente del Consejo Directivo del IESS, señaló que la deuda de la entidad con prestadores externos asciende a $ 600 millones. Con los $ 120 millones se cancelará en mayor medida (unos $ 90 millones) a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca).

Mientras que por concepto del 40 % del aporte del Estado a pensiones, la deuda asciende a $ 1.235 millones. 

UN MODELO COMPLEJO QUE SERÁ DIFÍCIL DE MODIFICAR

Un entramado complejo que se ha llenado de corrupción. Así definen expertos al sistema de salud pública ecuatoriano.

Todos coinciden en que el actual sistema debe modificarse, pero, por ahora, no hay la intención del Gobierno o no está dentro de sus prioridades.

Si se quiere mejorar el actual sistema de salud se debe restablecer lo que ya se tiene, aseguró Esteban Ortiz, médico investigador de la Universidad de las Américas (UDLA).

“El sistema tiene que reconocer cuántos son sus beneficiarios y para eso se debe estandarizar el acceso y toda la información para que una persona ingrese al Ecuador”, aseguró Ortiz.

Si bien el sistema ideal de salud es aquel con un solo proveedor público, “establecer eso en Ecuador es imposible”, afirmó Ortiz. Lo que se debe hacer es una definición correcta de los beneficios de cada uno de los subsistemas y equipar en atención y calidad.

“Hay que optimizar lo que hay, porque empezar esto desde cero lo veo muy complicado, la verdad”, dijo Ortiz.

Si no se cambia a las personas que están al frente de la salud, que llevan más de 15 años en sus cargos, no es posible un cambio, aseguró Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana.

“Son los mismos 15 años, las mismas personas con los mismos problemas de no dar soluciones, tanto en el Ministerio de Salud como en la Seguridad Social”, manifestó Carrasco.

A eso se suma la falta de iniciativa del Gobierno para realizar reformas, aseguró Carrasco. “No se ha discutido el plan de salud (...) y lo poco que pudieron haber tenido no lo han cumplido”, dijo Carrasco.

Unificar los sistemas de salud por ahora luce complicado, aseguró Héctor Rosero, experto en salud pública. Si bien puede ser una salida que pueda funcionar para el país, los impedimentos legales hacen que el cambio por ahora luzca inviable.

Según el estudio Financiamiento del Sistema Nacional de Salud ecuatoriano para la cobertura universal, hecho por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 40 % de este gasto es financiado por los hogares.

Es decir, el equivalente a $ 3.528 millones anuales es asumido por los bolsillos de los hogares ecuatorianos de manera directa.

Mientras que el resto del gasto en salud es financiado por el Gobierno, a través del seguro de salud obligatorio (Seguro Social), por los seguros de salud voluntarios y por las instituciones sin fines de lucro.

Aunque estas cifras reflejan una mayor participación del Estado en el financiamiento de la salud, la estructura actual con un alto gasto de los hogares se constituye en una barrera económica que limita “el acceso a los servicios médicos, particularmente de los grupos más vulnerables”, según la OIT.

“Lo que sí se debe empujar es que el Ministerio de Salud Pública tenga un presupuesto adecuado para que las unidades hospitalarias puedan atender todas las situaciones de emergencia”, aseguró Rosero.

En ese contexto, en los últimos años, el presupuesto para salud sufrió ajustes, sobre todo tras la crisis agravada por la pandemia de COVID-19.

Los recursos limitados en salud son un problema en la región, afirmó la OCDE. La proporción del gasto total en salud cubierto por esquemas gubernamentales y seguros obligatorios es mucho menor en América Latina y el Caribe en comparación con la OCDE (54,3 % versus 73,6 %), aseguró el estudio del organismo.

Si bien la OCDE recomienda que se debe incrementar el gasto público en salud en los países de la región, este también debe venir asociado con una reducción en el malgasto, es decir, un gasto que no ofrece ninguna mejora en los resultados de salud.

Tal malgasto, dice el organismo, significa que la región está logrando resultados menos óptimos, en términos de calidad de vida de las personas, seguridad y eficacia de la atención, dados los recursos que destina a los sistemas de salud. Es decir, se debe ampliar el gasto, pero debe apuntalar la eficiencia.

LAS OPINIONES:

• Para Esteban Ortiz, investigador de la Universidad de las Américas, una de las cosas en las que debe mejorar el actual sistema es en la prevención. Ese es un cambio fundamental por hacer.
• Para Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, el actual Gobierno no ha tenido un plan de salud y lo poco que ha ofrecido no lo ha cumplido. Los cambios no se están discutiendo.
• Para Héctor Rosero, especialista en epidemiología, se deben transparentar todas las cifras presupuestarias para tener una idea general de cuánto mismo invierte el Estado en salud por cada subsistema.
• Para el execonomista jefe del Banco Mundial para América Latina, Augusto de la Torre, separar a los sistemas de salud y pensiones sería una salida ideal para mejorar y hacer eficientes ambos servicios en el país.