¿Dos fiscales al mismo tiempo? Verduga denuncia irregularidades en Caso Ligados

El exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Augusto Verduga, presentó este viernes 20 de junio una solicitud formal a la Fiscalía General del Estado para que aclare una posible irregularidad institucional que, de confirmarse, podría dejar sin validez legal una de las actuaciones más polémicas del llamado Caso Ligados.

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Según Verduga, en un lapso de apenas 48 horas —el 23 y el 25 de enero de 2025— dos personas distintas firmaron documentos oficiales como Fiscal General del Estado. El 23 de enero lo hizo Diana Salazar, titular del cargo, mientras que el 25 de enero firmó Wilson Toainga, en calidad de fiscal subrogante, respaldado por una acción de personal emitida el 21 de enero.

¿Quién tenía la competencia legal?

La denuncia plantea una serie de interrogantes clave:

1. ¿Quién ejercía realmente el cargo de Fiscal General en esos días?
2. ¿Estaban legalmente autorizados ambos funcionarios para actuar simultáneamente?
3. ¿Se vulneró el principio de competencia en un caso de alto perfil político?

Verduga solicitó tres documentos a la Fiscalía para esclarecer los hechos:

• Copia de la acción de personal que subrogó a Toainga.
• Documento que indique si Salazar retomó funciones tras su salida.
• Informe de movimientos migratorios de Salazar durante esas fechas.

Según el exconsejero, el 21 de enero Diana Salazar salió oficialmente de vacaciones y dejó firmada la acción de personal que designaba a Toainga como su subrogante. Sin embargo, el 23 de enero, aún en periodo de vacaciones, Salazar firmó un oficio solicitando a la Corte Nacional de Justicia una orden de allanamiento contra el CPCCS.

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El 24 de enero, Toainga ratificó su subrogación citando expresamente la acción de personal No. 214-DTH-FGE, lo que indicaría que Salazar nunca dejó sin efecto su salida temporal. “¿Por qué Salazar interrumpió sus vacaciones para firmar un documento tan delicado? ¿Por qué no lo hizo Toainga, si él era el fiscal subrogante? La respuesta es política: Salazar tomó una decisión que Toainga no estaba dispuesto a asumir”, afirmó Verduga.

¿Allanamiento nulo por falta de competencia?

Verduga sostiene que, al haberse vulnerado el artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como la Ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento, la solicitud de allanamiento carece de validez legal por falta de competencia.

“El allanamiento no solo es nulo, sino que tuvo un origen exclusivamente político”, concluyó. La Fiscalía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el pedido de Verduga ni ha aclarado quién ejercía legalmente el cargo de Fiscal General durante esos días clave.

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