Deudas de la Judicatura: otro año perdido para la justicia

El 2025 terminó con una larga lista de promesas incumplidas por parte del Consejo de la Judicatura. Pese a la crisis estructural y a los reiterados discursos de su presidente, Mario Godoy, sobre “recuperar la institucionalidad”, los principales proyectos estratégicos no avanzaron. El resultado: otro año perdido para la justicia ecuatoriana.

Uno de los mayores vacíos está en los concursos de selección y designación. Durante todo 2025 no se concretó ninguno de los procesos para nombrar jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, una deuda que el sistema arrastra desde hace varios años y que impacta directamente en la estabilidad y legitimidad del máximo órgano jurisdiccional.

Tampoco avanzó el concurso para jueces de la Unidad Especializada de Garantías Jurisdiccionales, clave en un contexto marcado por el abuso de acciones como el habeas corpus o las medidas cautelares. A esto se suma la falta de resultados en la conformación de un banco de elegibles, otro concurso parado.

En paralelo, la carrera fiscal continúa en estado crítico. El 2025 fue otro año sin avances en el nombramiento de nuevos fiscales. La situación es paupérrima: la Fiscalía General del Estado sigue dirigida, por encargo, por un fiscal de nivel 1, cuando el cargo debería corresponder a uno de tercer grado.

Otro eje pendiente el de los procesos de evaluación. El Consejo de la Judicatura debía ejecutar en 2025 la evaluación integral de jueces, notarios y funcionarios administrativos. Sin embargo, esta herramienta, que debería servir para depurar, mejorar y profesionalizar la Función Judicial, quedó reducida a anuncios.

“Hemos terminado el año sin ver avances en los procesos más importantes. Creo que la falta de recursos es lo que más golpea a la Función Judicial, pero también la mala gestión de los recursos que ha tenido y no ha ejecutado”, señala Efrén Guerrero, docente universitario.

Él menciona una lista de temas pendientes, desde lo más básico como mejorar las infraestructuras existentes, hasta la selección de personal. 

“La Judicatura ha estado tan concentrada en lo político, en las cuotas de poder, que ha dejado de lado su rol de administrar el sistema”.

Guerrero agrega que la modernización tecnológica, uno de los pilares anunciados por la Judicatura, tampoco mostró resultados concretos. 

“El 2025 transcurrió sin reformas estructurales, sin concursos y sin una modernización efectiva. Mientras tanto, la justicia opera con déficit de personal, procesos inconclusos y una institucionalidad debilitada, con jueces sin protección”, advierte.

El abogado Ismael Quintana coincide con el diagnóstico sobre los problemas estructurales que arrastra la justicia. Sostiene que, en materia tecnológica, los despachos aún no cuentan con expedientes virtuales. 

“Yo no puedo presentar una demanda a través de un buzón virtual”, explica. A ello se suman problemas básicos: hay juzgados sin papel para imprimir y son los propios abogados o usuarios del sistema quienes deben llevar resmas de papel.

También alerta sobre la falta de jueces, lo que provoca demoras en los trámites. 

“Todo el sistema está mal y se ha ido empeorando porque no se ha avanzado en los últimos años”. Otro problema es que ahora los propios abogados deben encargarse de las citaciones.

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