Retención de Xavier Jordán en Miami abre la posibilidad de su extradición a Ecuador

La retención en Estados Unidos de Xavier Jordán Mendoza, empresario ecuatoriano investigado por sus presuntos vínculos con redes de narcotráfico y corrupción en Ecuador, abre la puerta a un proceso de extradición que podría convertirse en un hito para la lucha contra la narcopolítica en la región.

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Jordán Mendoza, quien salió de Ecuador en 2020 y fijó residencia en Miami, es requerido por la justicia ecuatoriana en el marco del caso Metástasis, una amplia investigación que destapó la infiltración del crimen organizado en instituciones estatales y judiciales. En este proceso, la Fiscalía lo señala como facilitador de movimientos financieros y de empresas utilizadas para lavar dinero proveniente del narcotráfico, con presunta cercanía al narcotraficante Leandro Norero, asesinado en prisión en 2022.

Extradición en manos de Washington

Tras esta intervención, las autoridades ecuatorianas podrían solicitar formalmente a Washington la extradición del empresario, amparadas en tratados de cooperación judicial y en el pedido previo emitido a través de Interpol, donde Jordán figuraba con alerta roja.

El posible traslado de Jordán a Ecuador tendría un fuerte impacto político y judicial. Su testimonio y eventual procesamiento podrían aportar nuevas evidencias sobre la conexión entre grupos delictivos y operadores políticos, un tema que se ha convertido en una de las principales preocupaciones en la agenda nacional tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado en Ecuador ni las autoridades judiciales estadounidenses han emitido un pronunciamiento oficial sobre el proceso de extradición. No obstante, fuentes diplomáticas consultadas señalan que, de concretarse, este caso pondría a prueba la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado.

En Ecuador, la noticia ya genera expectativa: mientras sectores ciudadanos reclaman justicia, analistas advierten que el proceso podría enfrentar dilaciones legales, apelaciones y presiones políticas que pondrán a prueba la independencia judicial en ambos países.

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