Guayaquil arrastra una deuda pendiente con su patrimonio

Es un nuevo año y Guayaquil continúa arrastrando desafíos, mientras toma fuerza una pregunta: ¿hasta cuándo? Uno de los retos más visibles y persistentes en la ciudad es el del patrimonio, que no solo representa identidad, sino también un largo camino pendiente, tema que EXPRESO ha registrado en diferentes ediciones. No basta con la recuperación física de los bienes; es indispensable que la ciudadanía se apropie de lo que le pertenece.

De proyectos, anuncios, recorridos o diagnósticos, poco se conoce. Se repite, en cambio, la imagen de funcionarios caminando por los alrededores de bienes patrimoniales, sin que ello se traduzca en avances concretos. Aunque existen decenas de inmuebles reconocidos como patrimoniales, basta recorrer algunas calles del centro para constatar que, si bien hay infraestructuras monumentales bien conservadas, otras evidencian un deterioro prolongado, visible desde hace semanas y hasta meses.

Este Diario consultó a expertos en la materia y la mayoría coincide en que la gestión de cultura y patrimonio debe estar claramente separada (al menos en la estructura municipal). Y se advierte, además, de la ausencia de una ordenanza específica que regule integralmente la protección patrimonial.

El criterio de los especialistas sobre los patrimonios

Uno de ellos es Florencio Compte, arquitecto, investigador y académico, quien subraya que la normativa debe ser completa e incluir planes, políticas, estrategias y acciones concretas que conduzcan a la salvaguarda del patrimonio, algo que, señala, “hasta ahora no se visualiza”. Va más allá y sostiene que Guayaquil debería dejar de ver su patrimonio como una carga y empezar a entenderlo como una oportunidad para generar réditos.

¿Y cuál sería el primer paso para lograrlo? Compte resume el panorama con una frase que desnuda la realidad: “Todo está por hacer”. En ese sentido, plantea que lo inicial debe ser una revisión integral de lo que la ciudad tiene, de lo que queda en pie y, a partir de ello, establecer lineamientos claros de protección. Además, recalca que el patrimonio no se limita a edificios aislados ni exclusivamente a los del centro.

“Por ejemplo, el barrio Centenario no tiene una ordenanza de protección específica. Urdesa tampoco. Primero hay que generar conciencia sobre los valores patrimoniales en términos de arquitectura, entorno natural y tejido urbano, y luego definir estrategias para su protección futura”, explica.

El investigador histórico Fernando Mancero coincide con dicho diagnóstico. Recuerda que en el centro de Guayaquil hay “muchas casas y edificios que corren el riesgo de ser intervenidos de forma inadecuada, forrados o alterados en su fachada”.

En relación al patrimonio que queda, cita por ejemplo las casas ubicadas en el centro. “Algunos daños se han hecho de forma expresa; otros por descuido. El problema es amplio”, advierte.

Mancero también menciona el barrio Centenario y suma el caso de las casas colectivas, un tema que, admite, puede generar polémica. “Estamos en un limbo legal absoluto. Se debería expedir una ordenanza de protección del patrimonio, pero no existe. Han pasado muchas administraciones y el Concejo Cantonal no aborda este tema tan importante”, cuestiona.

Para el historiador, la clave está en una ordenanza patrimonial diseñada a la medida de Guayaquil, que otorgue libertades y garantías a los propietarios de los predios, pero que también establezca normas claras, estrictas y de cumplimiento obligatorio. “Solo así se podrá salvar el poco patrimonio que queda”, enfatiza. Mancero concluye señalando que personal capacitado existe, pero lamenta la falta de voluntad política.

Desde otra orilla, Fernando Insua, artista y gestor cultural, ironiza que en Guayaquil el tema de la cultura, patrimonio y turismo “se ha metido en una licuadora”. Critica que existan bienes patrimoniales derrumbados, otros sin intervención y algunos más que han sido recuperados únicamente gracias a la empresa privada, lo que evidencia la ausencia de una política pública sostenida.

Finalmente, el arquitecto e investigador histórico Javier Castillo le comenta a este Diario que una de las acciones primordiales también debe ser la elaboración de leyes y ordenanzas que protejan el patrimonio, pero que realmente ayuden al propietario del bien, “a modo de animarlo a querer y valorar su inmueble patrimonial”.

Castillo concluye señalando que, a nivel general, los municipios deben dejar de “venderse al mejor postor y a las inmobiliarias”.

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