El pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dispuso que las armas, municiones y explosivos que se han decomisado en operativos pasen a manos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.

El ministro del Interior, Juan Zapata, indicó que existen más de 35.000 armas incautadas que se encuentran en “buenas condiciones”. Ese armamento pasaría a grupos tácticos y preventivos.

No obstante, el funcionario refirió que recién se va a conformar una comisión para generar el inventario de las armas, al existir códigos y procedimientos de las Naciones Unidas que deben cumplirse, como la trazabilidad, codificación y que no estén involucradas en crímenes.

Según Zapata, Criminalística determinó que la gran mayoría del armamento decomisado no está envuelto en esos actos.

Asimismo, el ministro dijo que debido al convenio eTrace firmado con Estados Unidos, es factible la trazabilidad de armas, municiones y explosivos.

“En Criminalística tenemos el registro de todas las armas para hacer los respectivos cotejamientos y determinar si hubo armas involucradas en muertes violentas. Tenemos el equipo técnico y la base de datos”, indicó el ministro días atrás.

Analistas consultados por EXPRESO hicieron observaciones al hecho de que la fuerza pública maneje las armas que pertenecían a delincuentes.

Carlos Luis Sánchez Gaete, jurista experto en materia penal, explicó que la disposición está basada en el último inciso del artículo 69 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El abogado sostuvo que con esta medida, la Corte ha generado una “expectativa irreal”.

Explicó que entre las más de 30.000 armas decomisadas que se pretende entregar a las fuerzas del orden, existe un número específico de procesos penales.

“Será dentro de cada uno de estos procesos penales, dentro de los que el juez, en este caso el Tribunal Penal, al imponer una pena, podrá declarar de beneficio social o de interés público las armas que han sido decomisadas”, sostuvo Sánchez.

Por ello, indicó, las autoridades deben precisar si existen sentencias en firme sobre todos los procesos en los cuales han sido decomisadas las armas.

“Si todas estas armas forman parte de procesos que ya han concluido, pues la sentencia ya se dictó y la sentencia no la pueden modificar. Entonces yo me imagino que estas 30.000 armas están dentro de procesos que no han concluido, sino no tiene ningún sentido lo que ha hecho la Corte Nacional”, expuso.

Para el experto en seguridad Ricardo Rivera Rhon, existen dos riesgos a considerar con esta medida: posibles desvíos de las armas al crimen organizado y costos indirectos por mantenimiento que no están siendo considerados actualmente.

“Digo desvío porque en algunos de los operativos que realiza la misma Policía han encontrado armas que ya han sido previamente decomisadas y vuelven al mercado ilícito, es decir, algunas que ya están en bodegas vuelven al crimen organizado”, manifestó el especialista.

Lamentó que actualmente no exista un protocolo sobre el manejo de las armas decomisadas.

“No hay un seguimiento de en qué bodega debe ir y en cuánto tiempo debes destruir esas armas. Por ejemplo, se decomisa droga y tienes un tiempo para que el juez determine su destrucción, y eso normalmente está estandarizado. En el caso de las armas no es así. Hay mucha informalidad y queda a discreción de cada juez sobre qué hacer con las armas”, sostuvo.

Daniel Pontón, analista en seguridad, consideró que dotar a la fuerza pública con armamento confiscado a criminales “es un mensaje de displicencia y ausencia de voluntad del Gobierno para atender las necesidades básicas de la Policía”. Agregó que la medida demuestra improvisación y precariedad.

“Es más o menos como que el dinero del narcotráfico sirve para que el Estado financie su presupuesto. (Las armas) tienen un origen ilícito”, reflexionó.