Desarticulan red de abuso infantil en Catamayo tras seis meses de investigación
La Policía y la Fiscalía rescataron a menores de edad que eran víctimas de violencia sistemática en la provincia de Loja
En un operativo de alta precisión ejecutado en el cantón Catamayo, provincia de Loja, la Policía Nacional —a través de su Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual— y la Fiscalía General del Estado pusieron fin a un prolongado ciclo de violencia que afectaba a varios menores de edad. La intervención es el resultado de una meticulosa investigación de seis meses que permitió identificar un patrón de abuso y explotación que, según los indicios, se ocultaba tras una fachada de confianza familiar.
El caso se originó tras la denuncia de una madre que, en un acto de supervisión, halló material audiovisual explícito en el teléfono de su hijo de 16 años. Las indagaciones posteriores revelaron una realidad desgarradora: el adolescente habría sido víctima de abusos desde los cinco años, a manos de un pariente político. Bajo amenazas de muerte, el agresor presuntamente lo coaccionaba no solo para someterlo, sino también para obligarlo a participar en actos ilícitos con otros menores.
Respuesta integral y protección a las víctimas
La intervención fiscal en este sector de la provincia de Loja determinó la existencia de al menos cuatro víctimas, logrando el rescate inmediato de dos menores, quienes fueron puestos a buen recaudo. Las autoridades enfatizaron que el implicado utilizaba la intimidación y su cercanía afectiva para garantizar el silencio de los niños. Actualmente, los sobrevivientes reciben acompañamiento psicológico y asistencia integral mediante convenios vigentes con organizaciones especializadas en trauma infantil.
Durante el registro del inmueble, los agentes decomisaron dispositivos móviles, unidades de memoria y equipos de computación que serán fundamentales para las pericias tecnológicas. La Policía Nacional exhortó a la ciudadanía a denunciar este tipo de delitos, recordando que existen protocolos estrictos de protección para víctimas y testigos, que garantizan la seguridad de quienes deciden enfrentar la impunidad.
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