Ahora vendrán los informes: de los organismos locales de derechos humanos, algunos de los cuales son funcionales al proyecto político de Leonidas Iza; de los organismos internacionales de derechos humanos, algunos de los cuales usan a los anteriores como principal referencia; de la Defensoría del Pueblo, algunos de cuyos funcionarios trabajan para complacer a todos ellos; de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, la mayoría de cuyos integrantes, aparte de iletrados, son conspiradores... Vendrán los informes y volverán a imponer la misma narrativa de octubre de 2019: que la represión fue brutal, que el presidente y sus ministros tienen las manos manchadas de sangre, que se cometieron crímenes de lesa humanidad... Esa desproporcionada exageración victimiza a los violentos y favorece su impunidad. Los ecuatorianos que no apoyaron el paro nacional pero lo sufrieron (que son la mayoría), se sentirán desprotegidos. ¿Qué pasa con nuestros derechos humanos?, se preguntarán. Y los organismos responderán que su trabajo no consiste en controlar la violencia de los manifestantes, sino en denunciar los abusos del Estado. ¿Es eso cierto? Sí, lo es. Sin embargo...

Lo primero es entender que las obligaciones en materia de derechos humanos, en efecto, corresponden al Estado, no a los ciudadanos. Es evidente el porqué: el Estado detenta el monopolio de la violencia legítima, que fácilmente puede convertirse en una fuente de abusos y atropellos, y los derechos humanos están ahí para proteger a los ciudadanos de esos excesos. Cuando un policía dispara sin motivo contra un manifestante, está violando sus derechos humanos. Cuando un manifestante dispara contra un policía, en cambio, está violando la ley penal. No se puede pedir, por tanto, que las organizaciones de derechos humanos se hagan cargo del caso: para eso está la Fiscalía. Aunque se haya convertido en un lugar común, no existe tal cosa como “los derechos humanos de los policías”, salvo que estos reciban tratos crueles en el cuartel.

¿Qué pasa cuando la violencia de las protestas se ceba no solo con la fuerza pública sino con ciudadanos indefensos? En este paro nacional, miles de ecuatorianos fueron víctimas de saqueos, extorsiones y agresiones de todo tipo; hubo enfermos que no pudieron recibir atención médica oportuna porque los manifestantes les bloquearon el paso; pequeños productores forzados a echar el fruto de su trabajo a la basura; trabajadores impedidos (a veces a palos) de ganarse el pan… Por no hablar de poblaciones enteras privadas de medicinas, alimentos, agua potable... ¿Acaso toda esa violencia ha de resultar indiferente para los organismos de derechos humanos?

Así parecen creerlo muchos de ellos, por lo menos los más ruidosos. En sus denuncias (como, por ejemplo, las presentadas por los activistas que el correísmo llevó a la Asamblea al inicio de la sesión para tratar la destitución presidencial), la violencia de los manifestantes, incluso la más extrema y criminal, ha sido sistemáticamente omitida. No mencionan la actuación de grupos organizados de guerrilla urbana en la capital; o de bandas armadas con lanzas y fusiles en la Amazonía; ni el intenso fuego de perdigones al que fue sometida la Policía en los enfrentamientos callejeros; ni la destrucción sistemática de propiedad pública y privada; ni los efectos de los bloqueos en el bienestar de las personas. A organismos como Inredh o aquellos pertenecientes a la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos les tuvo sin cuidado la existencia de una estrategia para desabastecer las ciudades y para intimidar a la población civil. Al contrario, invisibilizaron esos hechos. Como si nunca hubieran ocurrido. Y como la violencia de los manifestantes no existe en sus informes y denuncias, es obvio que la violencia de los policías, por legítima que sea, siempre resultará excesiva.

Porque vamos a ver: un policía lanza gas lacrimógeno a un grupo de estudiantes que conversa en una esquina: eso es abuso de la fuerza. Un policía lanza gas lacrimógeno a un grupo de estudiantes que le tira piedras: eso es uso legítimo de la fuerza. El problema con organismos de derechos humanos como los nombrados es que denuncian el gas, pero omiten las piedras. Eso los vuelve no solo poco confiables sino profundamente sesgados. La frase “uso excesivo de la fuerza”, con la que califican la actuación policial en la mayoría de los casos, pierde todo contenido cuando no va acompañada de información suficiente que permita establecer en relación con qué esa fuerza es excesiva. Porque la violencia de la Policía ha de ser proporcional a la amenaza. Pues bien: estos organismos actúan como si no existiera amenaza en absoluto.

¿Hubo violaciones de los derechos humanos en el paro nacional? Sin duda: siempre las hay, desgraciadamente, en este tipo de estallidos, y deben ser investigadas y castigadas. Pero cualquier pretensión de evaluar la acción de los policías sin considerar a los comandos armados y entrenados que tenían por delante es una deshonestidad grosera y una complicidad canalla. Peor aún: una invitación a la impunidad.

Queda una pregunta adicional: ¿existe alguna circunstancia en la cual las obligaciones en materia de derechos humanos correspondan no al Estado sino a las organizaciones sociales? Sí, hay una: cuando dichas organizaciones se atribuyen funciones paraestatales o directamente sustituyen al Estado. Ocurre claramente en el caso de las FARC. El reclutamiento de niños, los desplazamientos forzosos, las masacres, etc., son violaciones a los derechos humanos en toda regla perpetradas por la guerrilla colombiana en las zonas desmilitarizadas. Porque no es necesario ser el Estado para violar los derechos humanos: basta con pretender sustituirlo. ¿Y la Conaie? ¿Es lícito hablar de violaciones de los derechos humanos perpetradas en el país por el movimiento indígena o por la dirigencia de este paro nacional y el anterior?

Es público el hecho de que los dirigentes del paro se atribuyeron (y ejercieron) funciones exclusivas del Estado en las zonas bajo su control; del Estado o de un ejército de ocupación, que para el caso es lo mismo: extendieron salvoconductos para circular por las carreteras a cambio de una extorsión monetaria; administraron un sistema de supuestos “corredores humanitarios” que abrían y cerraban a voluntad (en función de los intereses políticos de la dirigencia) para bloquear o desbloquear el paso de personas, alimentos o servicios médicos; prohibieron el ingreso de la fuerza pública a los territorios que consideran propios y que incluyen, para que el caos sea completo, zonas llamadas “de paz” que establecieron, por sí y ante sí, en media capital de la República.

El mismo Gary Espinoza, presidente de la Fenocin, en una entrevista con Teleamazonas, se jactó del sistema de salvoconductos (aunque nada dijo de las extorsiones a las que había que someterse para merecerlos) como una demostración de lo que para él era un control pacífico del territorio. ¿Pacífico? Los bloqueos de carreteras tuvieron efectos devastadores. Según el Ministerio de Salud, dos personas que eran trasladadas en ambulancias murieron por causa de ellos. Los organismos de derechos humanos ni siquiera las cuentan entre las víctimas del paro. Poblaciones enteras vieron conculcados algunos de sus derechos humanos más elementales (salud, alimentación, movilidad, agua…) por la acción coordinada y estratégica de estructuras paraestatales que se atribuyeron la administración de los servicios públicos. Está claro que son delitos. ¿No son, además, violaciones flagrantes de los derechos humanos imputables a la Conaie y sus aliados?

Hay, por supuesto, organismos que serán incapaces de plantearse este debate. La idea de que los dirigentes del paro puedan ser responsabilizados no solo de delitos, sino de violaciones a los derechos humanos dinamita el discurso de la “criminalización de la protesta”, detrás del cual se esconden los violentos, y vuelve impensable cualquier tipo de indulgencia frente a los delitos cometidos en el paro nacional. No se juega con los derechos humanos. Negociar la impunidad es dejar al país en la indefensión.

Doble discurso

La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos denuncia la acción de ciudadanos que dispararon contra manifestantes en Quito y Cuenca. Al mismo tiempo, sin embargo, una de sus voceras, Elsie Monge, justifica el ataque armado a un convoy de militares en Shushufindi, que costó la vida de un sargento del Ejército.