Denuncian desapariciones forzadas por militares en Ecuador bajo el Plan Fénix

Las desapariciones forzadas por parte de las Fuerzas Armadas de Ecuador "se multiplican" en medio de una "fallida estrategia de militarización de la seguridad pública" y de la impunidad que se registra en una treintena de casos denunciados desde 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró al país bajo estado de "conflicto armado interno" contra el crimen organizado, alerta Amnistía Internacional (AI).

La anterior es una de las principales conclusiones del informe 'Son militares, yo los vi', presentado este martes por la organización internacional en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, y que documenta cinco casos que "ilustran" la "situación general en el país".

"Una política de seguridad sin el respeto a los derechos humanos no es garantía de seguridad para nadie y casi siempre termina afectando a las mismas comunidades que estaban antes afectadas por la violencia criminal, solo que ahora se sustituye por la violencia del Estado", dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, durante la presentación del informe.

Según el documento, las autoridades ecuatorianas han apostado por la militarización bajo el denominado 'Plan Fénix', la estrategia de seguridad con la que Noboa llegó al poder en 2023, "a pesar de que esto contraviene estándares y normas de derecho internacional", lo que ha dado lugar "a denuncias de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional".

La investigación profundiza en cinco casos de diez personas registrados en las provincias costeras de Esmeraldas, Los Ríos y Guayas, cuya capital es Guayaquil, de las más violentas del país, pero AI señala que el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH) registró 33 desapariciones en 2024.

Además, el informe indica que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas registró veintidós acciones urgentes sobre Ecuador solo entre el 20 de enero y 6 de diciembre de 2024 y que la Fiscalía recibió desde 2023 denuncias por la posible desaparición forzada de 43 personas. "Creemos que esto es un subregistro", añadió Piquer.

"Los militares se ensañaron con ellos"

• Los casos que AI destaca son los de Cirilo Minota, de 35 años, quien desapareció el 4 de abril de 2024 en el municipio de Quinindé, en Esmeraldas, después de una detención militar.

• Dave Loor, de 20 años, y Juan Santillán, de 27, desaparecieron el 26 de agosto de 2024 en la localidad de Ventanas, en Los Ríos, después de haber sido detenidos en la calle por militares, registra el informe.

"Creemos que nadie jamás en la vida debería de pasar por esta situación. Es muy duro no saber dónde está tu familiar, no saber el motivo por el que estos militares se ensañaron con ellos", dice en la investigación una tía de Loor.

• En el informe se detalla además el caso de los primos Jostin Álvarez, de 17 años, y Jairo Tapia, de 16, quienes fueron detenidos por militares el 3 de septiembre de 2024 en Babahoyo, capital de Los Ríos.

• Así mismo, el texto menciona a Dalton Ruiz, de 34 años, quien desapareció el 20 de octubre de 2024 después de ser detenido por militares también en Babahoyo, al salir de una festividad popular.

El documento también registra el caso de los cuatro menores afrodescendientes de Las Malvinas, un popular barrio del sur de Guayaquil donde vivían Steven Medina (11), Saúl Arboleda (15) y los hermanos Josué (14) e Ismael Arroyo (15), quienes fueron detenidos por una patrulla militar el 8 de diciembre de 2024. Sus cuerpos fueron hallados calcinados días después en una zona rural cercana a una base de la Fuerza Aérea y con evidencias de disparos en la cabeza.

Diecisiete soldados están imputados este caso, aunque el proceso judicial está estancado. "No entiendo por qué juegan con nuestros sentimientos. Yo solo pido justicia", dijo Rony Medina, padre de Steven.

Desapariciones forzadas en impunidad

El informe de AI señala que "las desapariciones forzadas se mantienen en la impunidad y se investigan con lentitud" y "solo hay avances limitados bajo el impulso constante de las familias".

Además, AI detalla que las autoridades encargadas de la investigación y búsqueda de personas desaparecidas se ven rebasadas por el número de casos y por la falta de recursos adecuados para atenderlos.

La organización también afirma que la recolección de evidencias se hace de manera tardía, lo que lleva a la pérdida de pruebas e indicios vitales para la investigación y que las Fuerzas Armadas no colaboran con las indagaciones, al declarar que la información sobre estos casos es "reservada".

"Pedimos al presidente Daniel Noboa que revierta el enfoque militar, garantizando que los derechos humanos se sitúen en el centro de cualquier operación. Y que se tomen medidas para asegurar que las Fuerzas Armadas cooperen plenamente con las investigaciones y que no las obstaculicen a través de la clasificación de información estatal o de cualquier otra manera", concluyó Piquer.

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