La reinterpretación de la ley, la jugada del Gobierno para frenar a Villacís

La posible caída del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, ha centrado la atención en quién lo reemplazará. Si bien la ley establece que la persona que debe asumir ese cargo es el o la vocal suplente, que en este caso es Alexandra Villacís, el oficialismo comenzó a instalar opiniones que apuntarían a evitarlo.

Los comentarios comenzaron con un mensaje de la asambleísta excorreísta Jahaira Urresta, en el que mencionó que Villacís habría llegado a ese cargo por un “pacto (...) Todos se unen con el respaldo correísta para Alexandra Villacís, cercana a Lasso, en el camino hacia la Judicatura”, escribió en sus redes sociales.

El bloque de ADN se activó contra Villacís

Enseguida, legisladores del bloque gobiernista de Acción Democrática Nacional (ADN), como Inés Alarcón, Valentina Centeno, Ferdinan Álvarez, entre otros, y hasta el presidente Daniel Noboa, iniciaron una campaña digital en la que se vinculó a Villacís con esos movimientos políticos. Ella ha rechazado los señalamientos.

Las opiniones tomaron fuerza con el pedido de juicio político contra Godoy, por las supuestas presiones a jueces, y se ha intentado posicionar la idea de que Villacís no tendría que reemplazar a Godoy de forma definitiva. Se habló de recurrir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para volver a designar a otro titular del CJ, con una nueva terna que enviaría el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

La situación recuerda el caso de la exvicepresidenta Verónica Abad, en el que también el Gobierno realizó una interpretación para evitar que ella asuma la Presidencia en ausencia de Noboa, usó una norma secundaria y dejó de lado lo que dispone la Constitución al respecto.

¿Quién debería reemplazar al presidente de la Judicatura?

Las lecturas han recibido críticas de constitucionalistas. Gonzalo Muñoz, especialista en Derecho Constitucional, dice que “el artículo es expresamente claro y no da lugar a ningún tipo de interpretación. Esa ausencia (del presidente) aplica tanto de forma temporal como definitiva, no hay donde perderse. El oficialismo habla del reglamento, pero esa terna de la CNJ es para reemplazar al alterno de Villacís”, explica.

Un criterio similar tiene José Chalco, catedrático de Ciencias Jurídicas. “Tanto el principal como el alterno tienen funciones y razones de ser en Derecho. Además, el art. 258 del mismo Código establece que son cinco vocales y que, en caso de ausencia o impedimento, serán sustituidos por sus alternos. No es solo el presidente, porque esto es un órgano colegiado; tienen obligaciones y funciones legales que tampoco pueden ser inobservadas”.

¿Cuál sería el efecto de esa reinterpretación?

Ambos advierten sobre la afectación que causarían lecturas de ese tipo. “Al interpretar las normas, haciendo querer decir algo que no dicen, solo generan incertidumbre en este país, que necesita certezas claras respecto a la lucha de quien administra la Función Judicial para combatir el narcotráfico”, manifiesta Muñoz.

“Una interpretación indebida reactiva a un CPCCS que ha servido para tomarse los poderes del Estado y a una Corte que tiene un conflicto institucional enorme. Me parece caótico. Hay que usar el camino del Derecho y entender que hay situaciones jurídicas consolidadas, donde existe una alterna que tiene que cumplir sus funciones de subrogar. Lo otro es, inclusive, un intento de violación a la independencia del Poder Judicial”.

Para Mishelle Calvache, exintegrante del CPCCS, este caso atenta contra la independencia de funciones. “Estamos viviendo un momento bastante complicado. Esto no responde a los intereses de la ciudadanía y del país, que necesitan tener una herramienta para la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”.

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