Crisis carcelaria: agentes penitenciarios denuncian el asesinato de 17 compañeros

La crisis del sistema penitenciario ecuatoriano vuelve a tensionar a sus actores internos. William Alarcón, presidente de la Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios, cuestiona el anuncio del Gobierno de incorporar personal militar y policial en servicio pasivo para tareas de custodia en los centros de rehabilitación social. Asegura que la medida profundiza el debilitamiento del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, una institución marcada por déficits operativos, rezago normativo y múltiples episodios de violencia.

Un sistema colapsado

Ecuador mantiene 57 centros penitenciarios con aproximadamente 37.000 personas privadas de libertad. Sin embargo, solo existen 800 agentes operativos para todo el país, según Alarcón. “Es abismal e imposible cumplir con lo que se exige. En el CRS Guayas hay dos custodios para un pabellón de 700 internos”, afirma Alarcón. Desde 2021, el cuerpo penitenciario perdió su armamento y ahora trabaja sin una sola arma letal, pese al alto riesgo de su labor.

El sistema permanece bajo control parcial de Fuerzas Armadas y Policía, como ocurre en la cárcel de El Encuentro, donde no opera un solo agente del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.

Rechazo a la incorporación de personal pasivo militar y policial

Alarcón insiste en que la experiencia militar o policial no reemplaza la formación penitenciaria. “La naturaleza de la formación policial y militar no se asemeja a la seguridad penitenciaria. Acá se requieren aspectos físicos, procedimentales y dinámicos; se requieren relaciones positivas con los internos”, dice.

Señala además que la edad mínima del personal pasivo, que ronda los 45 años, representaría una limitación. “Este trabajo implica desgaste físico y emocional”.

Falta de tratamiento y abandono institucional

Según Alarcón, en los centros no existen ejes de tratamiento ni actividades educativas, deportivas o talleres para los internos. “Es una institución olvidada”, sostiene. Describe la labor penitenciaria como riesgosa, tóxica e insalubre; y afirma que ninguna otra entidad pública tiene una matriz de riesgo similar.

También recuerda que hace dos años entregaron un proyecto de Ley Orgánica del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria, con propuestas para jubilación anticipada y parámetros claros de gestión, pero no han recibido respuesta estatal.

Llamado urgente para la seguridad de los guías

El dirigente propone incorporar 15.000 agentes penitenciarios para acercarse a los estándares de Naciones Unidas y restituir el armamento para el cuerpo penitenciario. “Deberíamos ser un grupo armado. Pedimos ayuda de otras instituciones, pero también necesitamos herramientas”.

Alarcón denuncia que entre enero y noviembre de 2025 17 agentes penitenciarios han sido asesinados. Anteayer murió una servidora en Esmeraldas. En 2023 fueron 20 y en 2024 se registraron 14 asesinatos. “Pedimos garantías por nuestros compañeros”, expresa.

Frente a declaraciones oficiales que cuestionan la capacitación de los custodios, Alarcón responde que el historial del cuerpo penitenciario demuestra lo contrario. “Cuando empezó La Roca en 2010 nosotros manteníamos la seguridad. No es verdad que no estamos capacitados”.

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