Cotacachi fue escenario de una salvajada que nadie esclarece

El actual escenario político no luce como el más propicio para procesar institucionalmente una tragedia como la de la brutal actuación de las Fuerzas Armadas, el sábado 27 de septiembre, durante las protestas en Cotacachi. Tampoco para propiciar un proceso de diálogo entre el gobierno y los movimientos sociales para encontrar una salida al conflicto.

Con un Ejecutivo decidido a proteger a capa y espada a sus fuerzas de seguridad, sin que importe lo que hagan; con una Asamblea que no está dispuesta a hallar responsabilidades políticas en episodios parecidos, como ocurrió ya en el caso de los niños de Las Malvinas, y, con un Consejo de la Judicatura completa e incondicionalmente entregado al Gobierno, es muy poco o nada lo que se puede esperar como respuesta institucional a lo que se hizo público a raíz del video que registró la brutal actuación de un puñado de soldados. 

A esto hay que agregar las dudas que hay de la independencia en el sistema de justicia. Por otro lado está, además, la manifiesta tendencia violentista en algunos sectores sociales que han salido a protestar entre ellos algunos grupos de indígenas que están en calles y carreteras, especialmente en Imbabura.

La negativa del Gobierno de Daniel Noboa

Para comenzar está el Ejecutivo. Está claro que el Gobierno de Noboa no tiene voluntad de bajar las tensiones y buscar el diálogo, ni de actuar de forma responsable ante una tragedia como la ocurrida en Cotacachi cuando un puñado de soldados se bajó de una tanqueta y se ensañó a golpes con una persona que trataba de auxiliar a Efraín Fuerez, el comunero que a consecuencia de los enfrentamientos había fallecido o estaba por fallecer.

El mismo día de aquel salvaje episodio, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, puso un mensaje en redes sociales en el que justificaba lo ocurrido, alegando que la protesta había sido excesivamente violenta. Y como si fuera poco, no anunciaba ningún tipo de investigación sobre lo que había ocurrido. 

Cualquier funcionario con cierta responsabilidad y sensibilidad ciudadana habría anunciado el inicio de una investigación para establecer qué fue exactamente lo que pasó en el lugar, pero la ministra se guardó el detalle. Rovira habló de los militares heridos y desaparecidos, también importantes en este contexto, pero no puso una sola línea sobre establecer responsabilidades penales.

Esta ausencia de interés por decirle a la sociedad que se quiere aclarar el tema, se notó aún más en las declaraciones de la portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, durante su rueda de prensa de ayer, lunes 29 de septiembre. “Los actos de violencia que provienen, en este caso, del dirigente de la Conaie, Marlon Vargas (…) pueden terminar derivando en un hecho tan lamentable como la pérdida de un ser humano que fue lo que sucedió durante este fin de semana”, fue lo único que dijo Jaramillo por la muerte de Efraín Fuerez. 

Régimen evita hablar de las responsabilidades penales

Al igual que Rovira, la portavoz no dijo absolutamente nada sobre la posibilidad de hacer una investigación sobre lo sucedido. Tampoco ha habido, al menos hasta ayer por la tarde, algún comunicado del presidente Noboa sobre el tema. Lo que es peor, lo único que se anuncia es aumentar la represión.

Todo este escenario hubiera sido impensable hasta hace pocos años. Que un Gobierno no se pronuncie con un comunicado oficial o una declaración sobre un hecho como el del video hubiera sido imposible. 

No hay que olvidar que hay otras señales que apuntan a que en el Ejecutivo hay una deriva autoritaria que se evidencia en una constante búsqueda de la confrontación e impunidad: en una de las leyes del Gobierno, de las que fueron declaradas como inconstitucionales por la Corte Constitucional, se preveía las amnistías anticipadas para los miembros de las fuerzas públicas que estén combatiendo el crimen. 

El silencio de la Asamblea Nacional

Estas amnistías anticipadas no son, otra cosa, que amnistías otorgadas incluso antes de que haya un proceso judicial. Además, está el precedente de lo que pasó con la tragedia de los cuatro niños de Las Malvinas, desaparecidos en manos de soldados y luego hallados muertos y con signos de tortura. Ahí el Gobierno tampoco se pronunció sobre el tema e hizo todo lo posible para que su ministro de Defensa no sea hallado como responsable político de esa tragedia.

En la Asamblea, la situación es aún peor. El presidente del organismo, Niels Olsen, ha dejado ya en claro que bajo su administración de esa función del Estado no habrá fiscalización. Ocurrió, asimismo, con el trágico caso de los niños de Las Malvinas: cuatro muertes luego de una intervención militar que no significó, siquiera, que el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, vaya a dar, al menos, una explicación.

En el Legislativo hay otra circunstancia que coadyuva a que no se encuentren respuestas institucionales a un escándalo como el de Cotacachi: el único actor con cierto poder e independencia del Gobierno es el correísmo, una fuerza política sin legitimidad ni autoridad moral para validar una investigación o un proceso de fiscalización en un tema de excesos represivos.

Todo este escenario hace pensar que es muy difícil que aparezca y funcione un llamado al diálogo para conseguir la paz. El Gobierno es testarudo, está convencido de que todo se va a solucionar con represión y los ánimos se han encendido aún más tras el asesinato de Efraín Fuerez. Y para colmo de males, no hay una clase política interesada en aclarar lo sucedido y buscar una solución.

La situación se ha deteriorado, sobre todo en el norte, donde hay muchos actos de violencia y muy poca voluntad de llegar a arreglos. Todo pinta a que la situación va a empeorar.

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