Corte Constitucional califica la vía para una Asamblea Constituyente en Ecuador
La CC calificó la vía para una Asamblea Constituyente, mientras el CNE avanza con el referéndum
El dictamen de la Corte Constitucional que califica como procedente la vía de Asamblea Constituyente es apenas el primer paso dentro del proceso de control de constitucionalidad. Aún no se ha dado paso a la pregunta sobre la Constituyente dentro del referéndum, pues falta que la Corte se pronuncie en una segunda etapa sobre la convocatoria de la consulta popular. Solo después de ese pronunciamiento, el CNE estará facultado para incluirla oficialmente en el proceso electoral ya convocado para noviembre de 2025.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este domingo, 21 de septiembre de 2025, que recibió el dictamen de la Corte Constitucional (CC) que califica como procedente la vía de Asamblea Constituyente, en el marco de la consulta popular planteada por el presidente de la República, Daniel Noboa.
El pronunciamiento, contenido en el Dictamen Nro. 11-25-RC/25, constituye el primer paso del procedimiento de control de constitucionalidad. La Corte determinó que la propuesta corresponde a la figura de una Asamblea Constituyente, en concordancia con lo establecido en la Carta Magna y la ley.
El segundo momento consistirá en que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la convocatoria de la consulta popular. Solo después de ese pronunciamiento, el CNE podrá avanzar oficialmente en la organización del proceso.
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— Diana Atamaint (@DianaAtamaint) September 22, 2025
¿Qué establece el dictamen de la Corte?
La Corte Constitucional resolvió que la propuesta del presidente Daniel Noboa se enmarca en la vía de Asamblea Constituyente, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley. El organismo aclaró que este mecanismo otorga a la Asamblea la facultad exclusiva y excluyente de aprobar un proyecto de nueva Constitución, el cual deberá ser finalmente sometido a referéndum popular.
El dictamen también enfatizó que el ejercicio del poder constituyente debe respetar límites materiales, como el reconocimiento de la dignidad humana, los tratados internacionales de derechos humanos y las normas imperativas del derecho internacional. Con este paso, el caso pasa a la jueza ponente para el control de constitucionalidad de la convocatoria, mientras la Corte reiteró su compromiso de actuar dentro del marco constitucional y con diligencia para garantizar la seguridad jurídica y los principios democráticos.
Contexto: el referéndum de 2025 ya está en marcha
El CNE definió este mismo domingo 21 de septiembre de 2025 el calendario, el presupuesto y los detalles del referéndum convocado por Noboa, que hasta ahora incluye dos preguntas: la instalación de bases militares extranjeras y la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos.
Esto se da después de que el organismo suspendiera el Decreto Ejecutivo 148, con el que se había incluido la pregunta sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
Las fechas establecidas por el CNE son
- 21 de septiembre de 2025: convocatoria oficial al referéndum.
- 23 al 27 de septiembre de 2025: inscripción de organizaciones políticas y sociales.
- 16 de noviembre de 2025: votación general.
- 5 de enero de 2026: publicación de resultados oficiales.
El presupuesto total aprobado asciende a 59,7 millones de dólares, distribuidos en rubros como personal operativo, seguridad, impresión de papeletas y difusión oficial. Además, se fijó en 5,5 millones de dólares el límite máximo de gasto electoral permitido para campaña y en 418.161 dólares el monto del Fondo de Promoción Electoral destinado a las organizaciones políticas.
Polémica: Palencia habla de sanción penal para la Corte
Mientras la Corte analizaba el Decreto 153, la exministra del Interior y actual embajadora de Ecuador ante la OEA, Mónica Palencia, desató controversia al afirmar que los jueces de la CC podrían incurrir en prevaricato si vuelven a pronunciarse sobre los decretos ejecutivos de Noboa relacionados con la Asamblea Constituyente.
La crítica llegó hasta del plano internacional: Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, calificó el planteamiento como “un argumento inverosímil” y advirtió que amenazar con sanciones penales a magistrados por cumplir su trabajo es “una señal preocupante” en medio de la crisis constitucional del país.
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