Además de la corrupción en el sistema de justicia y sus nexos con el mundo del narcotráfico, los casos Metástasis y Purga seguidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) tienen otra cosa en común: la participación de la política y algunos de sus actores en estas estructuras criminales.

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En Metástasis, el exlegislador del correísmo (RC), Ronny Aleaga, es mencionado de forma reiterativa en los chats del ‘narco’ Leandro Norero (+) bajo el alias de Ruso. En Purga, por otro lado, el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes, es señalado como uno de los líderes de una red de corrupción judicial.

También coinciden en haberse desentendido de la vinculación de sus coidearios. El correísmo y el PSC se han limitado a señalar que “cada quien debe responder por lo que hace” y que “nadie está por encima de la ley”, sin tomar alguna responsabilidad por los actos de sus entonces asambleístas.

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Este Diario intentó contactarse con la dirigencia de ambos partidos para preguntarles si asumen parte de la responsabilidad por los presuntos actos de sus exlegisladores. Sin embargo, Alfredo Serrano, presidente del PSC, ignoró los mensajes y el equipo de Luisa González, titular de la RC, dijo estar regresando de su gira por Europa.

Aunque el desmarque con sus coidearios ahora procesados es evidente, para el analista político César Febres-Cordero responde a una estrategia no convincente. “La desafiliación de Aleaga fue por defender el proyecto, pero el correísmo replica sus denuncias; mientras que el distanciamiento de Muentes y el PSC ya lleva tiempo”.

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Las posturas del correísmo y el Partido Social Cristiano, según acota, ratifica que en el sistema de partidos hay organizaciones políticas “donde no hay transparencia (...), sino líderes que ofrecen su liderazgo a cambio de controlarlo todo. Ellos dan y quitan cargos; así es como puedes desafiliarse o alejarse sin que suceda nada más”.

De hecho, el desentendimiento del correísmo y del socialcristianismo con sus exasambleístas ahora procesados en los casos Metástasis y Purga solo muestra “su indolencia ante la situación crítica que vive el país”, señala Gustavo Isch, consultor político y exsecretario de Comunicación, y acota que también se desvela una falta de control total a la interna de las organizaciones políticas.

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Sostiene que estos casos, aunque puntuales, muestran que no se escogen a los mejores perfiles para que asuman una función pública, así como la nula depuración de su militancia. “¿Qué confianza podemos tener los ecuatorianos de que haya transparencia y control?”, se pregunta y cuestiona que, por defender proyectos políticos, los partidos no sean capaces de asumir su responsabilidad.

Aunque reconocen que estos casos deberían motivar un cambio normativo que no permita el desentendimiento de las organizaciones políticas, son conscientes de que hay falencias mayores. “Urgen cambios, pero ya en la ley un montón de cosas que no se respetan, como la democracia interna. Lo importante es que la gente tome una mejor decisión frente a la papeleta”, acota Febres-Cordero.

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