Las buenas intenciones a veces no son tan buenas. En lugar de ayudar, propagan temor, uno que otro gesto de aprobación, y también pueden provocar embrollos que, en momentos de crisis como la actual, crean más problemas.

Las decisiones de algunas autoridades locales, pasando por sobre lo resuelto o no resuelto por la autoridad nacional, han matizado esta crisis provocada por el coronavirus en Ecuador, trascendiendo a roces entre ambos niveles de gobierno.

A la cabeza, el incidente en el aeropuerto de Guayaquil que pasó al campo de lo diplomático. La alcaldesa Cynthia Viteri ordenó que vehículos municipales entraran a la pista de la terminal aérea a impedir el aterrizaje de un vuelo humanitario de Iberia. La funcionaria argumentó que su decisión era para resguardar la seguridad de la ciudad, mientras que las autoridades nacionales la cuestionaron. El tema ha bajado de tono. El Gobierno gestionó para que el incidente no trascienda más.

Así, otras decisiones de otros alcaldes, como el de Santa Elena, Otto Vera, quien pidió obstaculizar el tránsito de entrada a su cantón en su afán de impedir el ingreso del virus. Lo mismo hicieron los alcaldes de Saquisilí (Cotopaxi) y Quevedo (Los Ríos). El primero colocó escombros y piedras en los siete accesos a la urbe; mientras que el segundo ordenó el cierre de las arterias de ingreso, con excepción únicamente de los camiones que transportan artículos de primera necesidad y otros.

La directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e integrante del Comité de Operaciones de Emergencia nacional (COE Nacional), Alexandra Ocles, ha insistido en varias ocasiones en que las autoridades locales deben someterse a lo dispuesto por la mesa de emergencia, máxima autoridad del país en época de alerta. “Las actuaciones de las autoridades locales tienen que ser actuaciones tomadas en el marco de la racionalidad. Esas medidas tienen que ser presentadas al COE provincial y se elevan al COE nacional. Hay que tener mesura y una articulación más efectiva... El respeto es el principio general. No podemos actuar en contra de las personas”, dijo Ocles al ser consultada sobre fumigaciones en algunos cantones, incluso directamente a las personas y a los alimentos.

Pero este ‘síntoma’ de rebeldía provocado por el coronavirus en los políticos locales no es exclusivo de Ecuador. La gestión de la emergencia causada por el COVID-19 tomó un tinte de crisis política en Colombia, donde alcaldes y gobernadores se resistieron al presidente Iván Duque por desautorizar sus decretos de aislamiento y toques de queda para contener la pandemia.

Numerosos gobernadores y alcaldes capitalinos tomaron medidas de excepción para mantener a la gente en casa, como el toque de queda o el simulacro de aislamiento obligatorio de cuatro días que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, puso en marcha el pasado viernes, lo que fue interpretado por el Ejecutivo colombiano como una extralimitación de funciones.

Mientras que en Chile, hubo un intercambio de posturas entre el Gobierno central y los locales por posiciones encontradas en cuanto a decretar una cuarentena total. Más de medio centenar de alcaldes de municipios de todo el país y algunos parlamentarios regionales pidieron al Gobierno que establezca una cuarentena total en todo el territorio. De hecho, los alcaldes de las tres comunas que concentran la mayoría de los contagios en Santiago decretaron “cuarentena preventiva”, aunque no tienen potestad para que sea obligatoria.

Además, varios partidos de la oposición también firmaron un documento conjunto pidiendo al Gobierno que “decrete cuanto antes la cuarentena nacional obligatoria”.

El ministro de Salud chileno, Jaime Mañalich, criticó estas posturas y afirmó que lo que están pidiendo los alcaldes, “algunos con afanes populistas y otros con afanes electorales, es una insensatez completa”.