Una decisión política que no tuvo mayor sustento técnico. Por más de cinco horas, el pleno de la Asamblea Nacional debatió el proyecto sobre el Covid – 19 que sugiere el no pago de deuda externa. La propuesta salió de uno de los integrantes del movimiento de gobierno: Esteban Albornoz. La iniciativa incluye solicitar a la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera que realice ajustes en las tasas de interés vigentes en el Ecuador. La propuesta se aprobó con 120 votos a favor y cinco abstenciones.

“Requerir al Gobierno Nacional para que, frente a la necesidad de priorizar todos los recursos disponibles hacia el sistema de salud y dejando en claro que el Ecuador no es un país que no cumple con sus obligaciones, realice las acciones, según demande el caso, para la condonación, reprogramación o suspensión de las deudas existentes y la suspensión temporal del pago de obligaciones de deuda externa, en condiciones soberanas. En igual sentido se hace un llamado al Gobierno Nacional a revisar las condiciones actuales de los contratos petroleros”, dice la resolución.

La reunión llena de discursos políticos decidió, además, demandar de la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera que, en el plazo de cinco días, emita la regulación sobre la reducción de las tasas de interés para créditos productivos e hipotecarios y la disminución de y costos de servicios financieros. De igual manera, que en cumplimiento de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, se emita la norma correspondiente para la suspensión, diferimiento, refinanciamiento, reestructuración o remisión de intereses o capital de operaciones de crédito otorgadas por la Banca Pública.

Que la Superintendencia de Bancos tome las acciones necesarias para que ningún ciudadano sea afectado en su calificación de riesgo en el Buró de Crédito por la mora incurrida en el pago de deudas durante la vigencia de la emergencia sanitaria.

Demandar al sector productivo su compromiso para aunar esfuerzos que permitan superar la crisis económica y sanitaria, facilitando que los bienes y recursos productivos estén disponibles para la ciudadanía. Exigen, los asambleístas desde sus domicilios, que las empresas garanticen los derechos laborales, la continuidad de la actividad productiva y precautelando los empleos e implementando alternativas al trabajo convencional como el teletrabajo.

En lo social, piden al presidente de la República, Lenin Moreno, que emita un Decreto Ejecutivo donde se disponga la entrega de un bono adicional de contingencia para los servidores del sector salud que sea equivalente a un Salario Básico Unificado (400 dólares), como un justo reconocimiento a quienes se encuentran en la primera línea del deber protegiendo la salud y la vida de todos los ecuatorianos. No precisaron de donde saldrán esos recursos.

Conminan al Ministerio de Educación a que emita disposiciones vinculantes a las instituciones educativas para garantizar la estabilidad y remuneraciones a los maestros; y, posponer o suspender temporalmente la recaudación de matrículas en el régimen costa y la recaudación de pensiones en el régimen Sierra.

Sin embargo, a pesar de los golpes de pecho que hicieran durante la sesión varios asambleístas de que el “ejemplo sale de casa” y que hay que apoyar en la emergencia sanitaria, en la resolución no se incluyó la propuesta que hiciera la asambleísta independiente, Mae Montaño, que se haga un aporte de dos días de sueldo de parte de los asambleístas y se conforme un fondo al que se puedan sumar todos los funcionarios legislativos que quieran, para atender a quienes necesitan y viven del día a día.

Ni tampoco, que los partidos y movimientos políticos no acepten el fondo partidario y de publicidad que asigna el Consejo Nacional Electoral (CNE).