La solución se queda en el discurso, al menos, no alcanza a todo el aparato estatal. La compra pública durante la emergencia sanitaria sigue teniendo todas las falencias que permiten actos de corrupción que se denuncian a diario. Las propuestas de corrección que ha hecho el Gobierno apenas se aplicarán a finales de año en el mejor de los casos. Cuando la adjudicación de emergencia ya no esté en marcha. 

El Ministerio de Salud es un ejemplo. El titular del ramo, Juan Carlos Zevallos, dijo que desde el 12 de junio se dejará de comprar bajo la figura de emergencia porque existe el stock necesario de insumos para combatir al coronavirus. El ministerio recurrirá de nuevo a la compra de régimen común que permite controles precontractuales, algo que en emergencia está prohibido por ley.

Zevallos, en un conversatorio con medios de comunicación, defendió las compras que ha hecho la cartera de Estado. Aseguró que en todas las adjudicaciones se hicieron procesos de control y que desde el 18 de mayo existe personal de la Contraloría General del Estado en las instalaciones de Salud.

Sus contratos, aunque cuestionados por los precios, se realizaron de forma transparente y sin afectación al Estado, según el funcionario. 

A la fecha, muestran las estadísticas oficiales, el Ministerio de Salud ha firmado contratos por 96 millones de dólares. El presupuesto para la emergencia es de 215 millones.

Que Salud tenga compras transparentes es positivo, pero insuficiente. Zevallos reconoce que no tiene control en las compras que hacen los hospitales públicos. Es decir, su transparencia se limita a los medicamentos y a equipos de protección personal que se compran desde el ministerio. Todo lo que adquieren los hospitales no tiene filtros de seguridad.

Por ley, una normativa creada en el gobierno anterior, los gerentes de las casas de salud son autónomos a la hora de gastar fondos públicos. Salud tiene bajo su dirección a 1.950 unidades médicas.

El vacío legal vigente desde agosto de 2008 provocó, por ejemplo, anomalías en 30 hospitales públicos durante la actual crisis por la pandemia. Todos se detectaron después de la firma de contratos y ahora son estudiados en la Contraloría.

 ¿Dónde están varias de las fallas? Sin revelar nombres, Zevallos dijo que hay hospitales que, durante la emergencia, hicieron hasta 242 compras de ínfima cuantía. Una herramienta de adjudicación excepcional que no tiene filtros de seguridad. En la crisis sanitaria provocada por la propagación del coronavirus, los gerentes de hospitales recurrieron a ese mecanismo para compras menores a 7.000 dólares. 

Otro error de la ley vigente es que, además de dar autonomía a toda casa de salud, no permite controles antes de las firmas de contratos en emergencia. Es decir, un gerente puede direccionar un contrato por el monto que desee y con las características que quiera. Antes de firmar no debe rendirle cuentas a ninguna autoridad superior. La vigilancia sobre el correcto uso de los fondos aparece después.

Silvana Vallejo, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), resaltó la necesidad de reformar la ley para mayor control. Aseguró que la norma vigente cree que revisar procesos antes de su firma puede entorpecer la urgencia de la contratación.

En parte, eso se corrige con la propuesta de reforma legal que el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional. Al no ser urgente, y en medio de un año preelectoral, dicho proyecto podría tardarse meses en ser aprobado.

También hay otra iniciativa que no llegará a tiempo. La solución gubernamental, anunciada el mes pasado, es adecuada pero tardía. El presidente Lenín Moreno aseguró que desde diciembre se harán compras médicas por medio de un solo ente. Las adjudicaciones de medicinas, insumos y equipos de todo el sistema de salud (Ministerio de Salud, Instituto de Seguridad Social, Seguridad de la Policía y su par de las Fuerzas Armadas) no se harán de manera dispersa sino desde un solo lugar que distribuya los productos a todas las unidades médicas. Una buena noticia que empezará a regir en unos seis meses. Hasta tanto, solo queda el control poscontractual. Cuando ya se firmaron acuerdos legales y, en muchos casos, ya se pagó al proveedor irregular. 

A la fecha, desde el 2 de marzo, el Gobierno central, Seguro Social y gobiernos autónomos y descentralizados han gastado más de 185,8 millones de dólares por la compra de bienes y servicios.