La compra pública durante la emergencia sanitaria avanza a pasos acelerados y, con casi la misma velocidad, se destapan actos de corrupción. Los gobiernos autónomos descentralizados y sus empresas públicas aún no han sido directamente salpicados pero ya hay anuncios de investigaciones por contratos y adjudicaciones que, en algunos casos, distan de las obligaciones primarias para atender la propagación del COVID-19.

Dichas adquisiciones, sin embargo, se hicieron amparadas en el decreto de emergencia que hizo el gobierno del presidente Lenín Moreno. Es decir, se hicieron de forma directa, sin varios oferentes ni con concursos que garanticen precios beneficiosos para el Estado. Los contratos se firmaron de forma inmediata.

Pese a lo llamativo de las compras o el alquiler de retroexcavadoras o tractores, las autoridades de cada entidad pública justifican las operaciones para atender la emergencia sanitaria.

Sus explicaciones serán investigadas por la Contraloría, la Fiscalía General del Estado, la Superintendencia de Control de Poder del Mercado y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Todos esos entes garantizaron que revisarán el 100 % de las más de 2.638 contrataciones hechas desde el 2 de marzo de este año y hasta que termine la declaratoria.

¿Cuáles son las compras más llamativas? El 16 de abril, según el reporte de contrataciones de emergencia, el gobierno municipal de Ventanas pagó 26.000 dólares por la compra de tractores. Maquinaria pesada para sus operaciones.

El Municipio de Daule también realizó transacciones dentro del Estado de emergencia. El gobierno local contrató servicios para la recolección de basura y desechos sólidos. El 15 de abril, se adjudicó el proceso por 441.158,91 dólares.

En el mismo cantón, que fue el primero en declararse en semáforo amarillo para facilitar la movilidad de sus ciudadanos, la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Daule contrató el servicio de tratamiento de aguas residuales y bombeo de aguas servidas por 24.609 dólares.

La firma se concretó el 14 de abril. En medio de la crisis sanitaria.

La emergencia también motivó la contratación urgente de seguridad privada para el Hospital de Ambato. El contrato se adjudicó por más de 52.000 dólares.

También hay contratos menores. El Cuerpo de Bomberos del cantón El Pangui compró una lavadora y una secadora un poco más de 1.300 dólares.

Cada compra cuenta con la documentación que justifica el proceso y su vinculación con el combate al coronavirus.

Silvana Vallejo, directora general del Sercop, explicó que las compras hechas deben tener documentación de respaldo. Se trata de informes que revelen cuál fue la incidencia de la adquisición en el combate de la emergencia.

En el análisis se considerará, por ejemplo, si la compra es parte del Plan Anual de Contrataciones del gobierno seccional. Si se hizo una adjudicación planificada desde inicios de año pero se usó la emergencia para evadir controles, adelantó la funcionaria, habrá sanciones y procesos legales de investigación. La recolección de basura, como caso estrella, está dentro de la planificación anual que debe hacer un municipio.

Evaluación positiva

La detección de anomalías en las compras públicas del Estado responde a que el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) publica en tiempo real los contratos adjudicados. Esa capacidad hizo que la entidad sea reconocida por la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Red Interamericana de Compras Gubernamentales realizó el “Mapeo de capacidad de agencias de compra de Latinoamérica y el Caribe para atender la emergencia COVID-19”. El Sercop fue calificado con 5 sobre 5.