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La Contraloría halla faltas de las concesionarias en Guayas
Una revisión sujeta a descargos señala que hubo incumplimientos de los contratos. Parte de las inobservancias motivó las multas por $ 34,4 millones
La Prefectura del Guayas y las empresas Concegua y Conorte fueron informadas de los resultados provisionales del examen especial que la Contraloría General del Estado realiza a las concesiones viales de más de 600 kilómetros de carreteras de la provincia.
En el escrito de notificación de 16 páginas, al que EXPRESO tuvo acceso, los auditores hacen observaciones, entre otros aspectos, al cumplimiento en la ejecución de obras, las multas impuestas por la Prefectura a las concesionarias, valores adicionales cobrados en el costo de obras viales y el restablecimiento del equilibrio económico financiero de los contratos de concesión.
Según el equipo de auditoría, se evidenció que las obras nuevas de contratos ampliatorios, que fueron modificados con adendas, fueron reprogramadas sin la autorización formal de la entidad concedente, lo cual conllevó a que las obras no se ejecuten dentro de los tiempos establecidos.
Para los auditores, hubo una falta de gestión por parte de los directores de concesiones y un incumplimiento del contrato por parte de las concesionarias, lo que derivó en la imposición tardía de multas, aplicadas por la administración de Susana González. La prefecta anunció el martes último que iniciará el proceso de cobro de estas, por un total de $ 34,4 millones.
La Contraloría también determinó diferencias por errores en el cálculo que la Prefectura hizo con corte al 21 de septiembre de 2020 ($ 27’539.800).. Según los auditores, hasta el 30 de octubre de 2020 las multas ascendían a $ 28’691.333,55.
En el mantenimiento de las vías Nobol-La Cadena y Durán- Tambo hubo incumplimiento por parte de las concesionarias, lo que motivó la imposición de multas, señala el documento. El equipo de control halló además que la Prefectura asumió obligaciones adicionales por concepto de intereses, sin fundamento legal, en los costos de obras nuevas incluidas en el plan 2018-2019, por un total de 4’268.642,82 dólares.
Otro hallazgo tiene que ver con el denominado Restablecimiento del Equilibrio Económico Financiero (REEF) de los contratos de concesión. Los auditores establecieron que no estaba actualizado (el último fue aprobado en 2012), lo que ocasionó que “no se cuente con información financiera real y actualizada de los costos e ingresos que genera la concesión”.
La notificación señala que los funcionarios de la Prefectura no consideraron para la actualización que, desde 2012 se han presentado casos fortuitos, como el terremoto de 2016, la pandemia de COVID de 2020 y los contratos de obras nuevas de 2017 y la adenda de 2018.
Los hallazgos preliminares fueron comunicados a las partes el pasado 15 de abril y, según la normativa del organismo de control, ofrecen la oportunidad para que se presenten justificativos debidamente fundamentadas antes de la elaboración del borrador del informe, que es previo al documento final que debe ser aprobado.
Joffre Campaña, abogado de las concesionarias, resta validez jurídica al documento de comunicación de resultados provisionales. “Es una comunicación que se hace mientras se realiza el examen, que contiene simplemente unos criterios del jefe de auditoría que notifica a las partes para que den sus opiniones”, precisa a EXPRESO.
Menciona que esa notificación no tiene ningún valor legal “porque fue dictada luego de vencido el plazo que tenía la Contraloría para pronunciarse, que son 180 días”.
No obstante, Campaña dice que el miércoles último contestaron a los auditores, “y cada línea de ese informe es rebatida con argumentos técnicos y jurídicos. Claramente señalamos que la Prefectura está tratando de usar a la Contraloría para validar sus inconstitucionales multas”, argumenta.
El organismo de control examina el periodo entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de octubre de 2020, que abarca las gestiones en el Gobierno Provincial de Jimmy Jairala, Carlos Luis Morales y Susana González.
EL DETALLE
Concesión. Concegua y Conorte tienen a su cargo el mantenimiento, rehabilitación y administración de las vías a través de estaciones de peaje.
Compensación
Ante el anuncio del cobro de las multas a las concesionarias, Joffre Campaña señala que esto se encuentra en discusión judicial y constitucional, y que en el peor de los casos habrá una compensación con los cerca de $ 100 millones que, según dice, les adeuda la Prefectura a las dos empresas.
