Consulta Popular 2025: un referéndum más de publicistas que de estadistas

Carolina Jaramillo, portavoz del gobierno de Daniel Noboa, llegó a la rueda de prensa de todos los lunes con tres anuncios que hacer: los tres tenían que ver con iniciativas oficiales para hacer mejoras en diversos campos. Uno está relacionado con mejoras en el sistema vial, otro con un nuevo sistema nueva iniciativa en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para tramitar las quejas y denuncias ciudadanas y el tercero con un aumento de créditos productivos. Nada, en realidad, que hubiera sido capaz de sacudir la agenda de los medios.

Pero hubo uno que Jaramillo no lo tenía previsto pero que, a la postre, resultó ser la noticia más relevante del día: el gobierno piensa enviar nuevas preguntas a la Corte Constitucional y reformar las que no han sido aprobadas por ese organismo. En realidad, el tema de los cambios no salió en la rueda de prensa por iniciativa de la portavoz sino a raíz de una pregunta que hizo un periodista. De forma escueta, dijo que el Gobierno piensa en enviar nuevas preguntas y en modificar las que ya fueron rechazadas por la Corte.

Además, Jaramillo repasó una idea que ha estado presente en recientes declaraciones de importantes miembros del gobierno de Noboa y que tiene que ver con una supuesta desconexión de la Corte con la sociedad. “La Corte está desconectada de las necesidades y preocupaciones ciudadanas, al no dar paso a propuestas que, según el Gobierno, son prioritarias para la población”, dijo Jaramillo como si ese órgano de control constitucional tuviera que satisfacer las aspiraciones sociales y no el apego de las leyes a la Constitución. Jaramillo, sin embargo, no supo decir cuáles serían los cambios o cuáles serían las nuevas preguntas del gobierno.

Poco más tarde, fue el presidente Daniel Noboa quien habló de la consulta. Lo hizo durante la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil Juan Bautista, en el cantón Daule. Noboa, sin embargo, fue aún menos concreto que Jaramillo y no habló de cambios ni de nuevas preguntas, solo hizo una declaración general sobre el tema de la consulta. “En ella decidiremos si seguimos anclados al pasado o si avanzamos hacia un mejor futuro”, dijo. Luego habló sobre la importancia de la consulta para mejorar la calidad de atención a los niños y su desarrollo. Noboa no solo defendió la consulta sino que también sostuvo que mientras su gobierno trabaja “para mejorar la vida a los ecuatorianos, ellos luchan para que todo se mantenga igual y nada cambie”, aludiendo seguramente a los jueces de la Corte Constitucional que no le dieron paso a seis preguntas de las ocho que envió.

Resulta curioso, sin embargo, que ni Jaramillo ni el propio Noboa hayan dado más detalles sobre el tema. Jaramillo dijo que la Secretaría Jurídica estaba trabajando en el tema pero no adelantó una sola palabra sobre esos cambios, mientras que Noboa se refirió en términos abstractos al tema repitiendo viejas consignas sobre la consulta y sin aportar con detalles. Por eso, la interrogante sobre si realmente el gobierno tiene un plan para hacer cambios en concreto es perfectamente legítima: Jaramillo abordó el tema casi que por accidente y Noboa hizo una referencia más bien general y política.

Una consulta popular sin norte claro

Parecería que no hay nada en concreto sobre cambios, al menos por el momento. Todo esto cuando faltan pocos días para que se realice la marcha convocada por el gobierno este jueves 11 de septiembre en Guayaquil y cuyo lema es el combate al crimen organizado, aunque es evidente que, en realidad, la idea es profundizar el asedio a la Corte Constitucional.

Hace pocas semanas, en Quito, hubo ya otra marcha convocada por el gobierno para confrontar a la sociedad con ese organismo por haber suspendido por inconstitucionalidades algunos artículos de los proyectos de ley con el carácter de urgente que había enviado a la Asamblea.

Lo de la presentación y declaración de Carolina Jaramillo y luego lo que dijo Daniel Noboa en Daule, confirman que el verdadero objetivo de la consulta es el de profundizar la campaña de propaganda y comunicación en la que está empeñado el gobierno y no en una transformación estructural. Las únicas preguntas que ya tienen el visto bueno de la Corte son la que tiene relación con la contratación laboral por horas en el sector turístico y la que plantea la reducción del número de asambleístas. Aún hay dos preguntas que están a la espera de un dictamen final y que aparentemente podrían ser aceptadas: la que plantea el fin del financiamiento oficial de los partidos políticos y la que plantea la posibilidad de que bases militares extranjeras se asienten en el Ecuador.

Las que no fueron aprobadas porque la Corte considera que deben ser tramitadas como reforma parcial (con un procedimiento mucho más complejo) y no como enmienda, como pedía el gobierno, por afectar la estructura del Estado son las que tienen que ver con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la posibilidad de enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte Constitucional.

Lo poco que queda en claro con estas declaraciones es que el gobierno ha pensando en la consulta como una herramienta para conseguir adhesiones más que como un camino para hacer reformas fundamentales. En otras palabras, la consulta tiene más intenciones de publicistas que de estadistas.

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