Consulta popular 2025: abogados del Gobierno son brutos o unos genios del mal

Una de dos: o los abogados del Gobierno son tan brutos que elaboran leyes y textos que no pasarían un examen de primer semestre de Derecho, o son unos genios maquiavélicos que fingen hacer estupideces para generar un conflicto con la Corte Constitucional (CC) y confrontar a ese organismo con la sociedad bajo el supuesto de que no contribuye a la lucha contra el crimen organizado.

Las dos alternativas son probables. La primera porque el nivel intelectual y profesional de la casi totalidad de los funcionarios o asambleístas del Gobierno es paupérrimo (es un tema, además, generacional). Y la segunda porque existe un patrón de conducta en el Gobierno en el que prima el cálculo frío, que pasa por encima de cualquier consideración ética con tal de concentrar poder.

Esta interrogante es inevitable luego de haber visto no solo la calidad de las famosas leyes de carácter económico urgente del régimen que se aprobaron en la Asamblea y que están en suspenso en la CC, sino también por las preguntas que envió el Gobierno a ese organismo para aprobar la consulta popular en la que está empeñado el presidente Noboa. En efecto, la decisión de la Corte Constitucional de negar a Noboa que dos preguntas se tramiten como enmienda, como el presidente pretendía (y así evitar el proceso mucho más complicado de una reforma parcial a la Constitución), era inevitable y no había ningún jurista o constitucionalista de prestigio que dijera lo contrario.

El pronunciamiento de la Corte Constitucional: una decisión previsible

Era obvio que las preguntas sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y sobre la posibilidad de que se pueda enjuiciar políticamente a los jueces de la CC no iban a pasar como simple enmienda, ya que, en efecto, alteran el orden institucional del Estado. Y así ocurrió. El jueves 4 de septiembre por la tarde, la Corte anunció su decisión: la enmienda es para ajustes puntuales que no alteran los elementos fundamentales de la Constitución, la estructura del Estado, ni restringen derechos. Por eso, las propuestas sobre trabajo por horas en turismo y reducción de asambleístas cumplen este criterio. En cambio (y eso estaba cantado), las propuestas sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y juicio político a jueces constitucionales exceden el marco de enmienda y requieren vías más profundas de reforma.

En la ayuda memoria que la CC hizo pública la noche del jueves 4 de septiembre, se puntualizan las razones por las que ese organismo consideró que lo del CPCCS y lo del juicio político a la CC son mucho más que una enmienda constitucional. El CPCCS, dijo, forma parte de la estructura de la Función de Transparencia y Control Social creada en la Constitución de 2008. Su eliminación implica desmantelar una función completa del Estado, lo que va más allá de una enmienda. La CC dijo que la enmienda no puede tocar los pilares de organización estatal. El traslado de sus atribuciones (a la Asamblea, Defensoría y Contraloría) no elimina el impacto de suprimir un órgano. Para cambios de esta magnitud, la Corte en dictámenes previos ha señalado que la vía adecuada sería una reforma parcial o una asamblea constituyente, que tienen mayores exigencias de deliberación democrática. Una de las exigencias, en caso de que sea reforma parcial, es que la propuesta debe ser aprobada por la Asamblea con mayoría de dos tercios de sus miembros y que el trámite debe hacerse en dos debates, realizados con al menos 90 días de intervalo entre uno y otro.

En el tema de los jueces de la CC, ese organismo dijo que someter a los jueces constitucionales a juicio político pone en riesgo su independencia frente a los poderes del Estado. La independencia judicial es un pilar del Estado de derecho que le permite a la CC actuar como un contrapeso. También sostuvo que altera el equilibrio de funciones: la Corte es garante supremo de la Constitución. Si queda bajo control político de la Asamblea, se rompe el sistema de pesos y contrapesos. Asimismo, se afecta la esencia de un Estado constitucional de derechos y justicia, al debilitar el órgano que protege derechos frente a los otros poderes.

La marcha en Guayaquil: la respuesta del Gobierno de Daniel Noboa

La argumentación de la Corte estaba cantada. El propio régimen se la estaba esperando, según la ministra de Gobierno, Zaida Rovira. Por eso, incluso, el Ejecutivo había convocado a una marcha por la “paz” y la “seguridad” para el jueves 11 de septiembre. “Marquen el 11 de septiembre en sus calendarios, porque marcharemos para defender a nuestras familias”, posteó el presidente Noboa hace poco, en un video que reedita imágenes de su primera manifestación, con el fondo musical de la canción ‘Thunderstruck’ de la banda de hard rock AC/DC. En la primera manifestación el Gobierno aglutinó una considerable cantidad de personas que eran, en su gran mayoría, funcionarios públicos. A esa marcha, en Quito, se llevaron pancartas con los rostros de los jueces de la CC, a los que se los identificó como enemigos de la sociedad y simpatizantes del crimen organizado.

En realidad, el Gobierno tiene una mayoría en la Asamblea que le permitiría perfectamente superar el proceso de una reforma parcial. Es más, durante estos últimos tres meses habría podido superar, al menos, el primer debate. Pero no, el Gobierno le solicitó a la CC que se lo aprobara como enmienda, seguramente a sabiendas de que se lo iban a negar y, sobre todo, con la certeza de que podían haber hecho ya el proceso en la Asamblea. Todo esto hace pensar que, en efecto, lo que quiere el Ejecutivo es crear un ambiente hostil en contra de la CC, el único organismo del Estado que aún no tiene colonizado. ¿Se la quieren tomar? Por supuesto que sí.

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