El domingo 21 de abril se realizó la Consulta Popular 2024, en la que Ecuador votó por el "sí" en nueve preguntas y por el "no" en dos. ¿Qué pasará con las que recibieron una respuesta afirmativa? Tendrán dos caminos distintos; unas entrarán en vigencia cuando se proclamen los resultados oficiales y otras deberán tener un trámite legislativo en la Asamblea Nacional.

Los ecuatorianos rechazaron dos en materia económica que buscaban reconocer los arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción y legalizar los contratos de trabajos temporales y por horas, como una vía para crear empleo, especialmente entre la juventud.

Mientras que las preguntas en las que ganó el "sí" contenían reformas para fortalecer el combate al crimen organizado.

Tres de las preguntas aprobadas implican enmiendas a la Constitución por lo que entrarían en vigor inmediatamente. Entre estas tres están las que planteaban que las Fuerzas Armadas participen junto a la Policía en las operaciones contra el crimen organizado, sin necesidad de emitir estados de excepción como ocurría hasta ahora. La otras dos plantean las extradiciones de ecuatorianos requeridos por la Justicia de otros países y la instauración de un sistema de juzgados en materia constitucional.

LO QUE LE COMPETE A LA ASAMBLEA NACIONAL

Para las otras seis preguntas, la 'voluntad del pueblo' tiene que esperar un poco más, pues el presidente de Ecuador tiene que enviar un proyecto de ley con los cambios que propone realizar en la norma interna a la Asamblea Nacional, en el plazo de cinco días, para que esta, en el plazo de 60 días, analice y debata su aprobación.

En estas seis preguntas el Gobierno propone reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley Orgánica de Extinción de Dominio para, entre otras cosas, incrementar las penas en 10 delitos, hacer uso de las armas incautadas al crimen organizado y autorizar el traspaso de bienes ilícitos al Estado.

El abogado constitucionalista, Ismael Quintana, explica que la Asamblea Nacional tiene el deber de analizar y debatir la aprobación de las reformas propuestas por el Gobierno, pues recalca que así lo dispuso la Corte Constitucional en su dictamen: "A la larga, fue una puntualización que la Corte Constitucional le hizo al presidente Noboa, en el que aclaró que la Asamblea tiene la obligación de, para ejecutar la voluntad ciudadana, tramitar el proyecto de ley dentro de los plazos, más no de aprobarlo sí o sí, porque sino cuál sería su rol, sería contrario al principio de separación del poder".

¿UN ESCENARIO COMPLICADO?

La consulta popular tuvo lugar en momentos en que la Revolución Ciudadana (RC), liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) y la fuerza política más numerosa en la Asamblea Nacional, se ha declarado abiertamente en oposición al Gobierno.

Esto, después de que Noboa ordenase el pasado 5 de abril el asalto policial a la Embajada de México en Quito (Ecuador), para detener a Jorge Glas, exvicepresidente de Correa, a quien el Gobierno mexicano había otorgado asilo.

Aunque el correísmo no tiene la mayoría absoluta en la Asamblea, sí son votos que había utilizado el Gobierno para aprobar sus proyectos de ley.

Valentina Centeno, asambleísta por ADN, dijo en una entrevista en Teleamazanos que no creería que la Asamblea haría contra a la decisión del pueblo, pues no querrían quedar como opositores a la lucha contra los delitos, más aún en momentos en que Ecuador vive una crisis de inseguridad, atribuida a bandas criminales vinculadas al narcotráfico.