Tanto el aumento de penas como el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional son temas que los ecuatorianos deben apoyar, consideran los juristas consultados por EXPRESO. Sin embargo, a estas iniciativas se les debe implementar otras acciones.

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Como al establecer judicaturas especializadas, el reto será que los profesionales aptos se animen a participar y no que los jueces de otras áreas pasen a ser parte de estas judicaturas especializadas, indica Pablo Alarcón Peña, director de la Escuela de Posgrado en Derecho de la UEES. “De lo contrario, no se logra el efecto que queremos”.

Además, los operadores de justicia deberían aplicar la norma, así no tuviéramos casos de personas que hacen varios delitos y luego están en las calles, dice Joselito Argüello, exagente fiscal del Guayas. “El COIP contempla que cuando un ciudadano comete varios delitos independientes, se puede aplicar un concurso real de infracciones; se suman las penas pequeñas y se impone una de hasta 40 años”.

También de ser conscientes y reconocer que la pena en Ecuador no tiene una finalidad de rehabilitación, sino un mal por otro mal, sentencia César García Rodríguez, director del Colegio de Abogados del Guayas.

Pablo Alarcón Peña / Director de la Escuela de Posgrado en Derecho de la UEES

“La pregunta sobre el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional obedece al abuso y desnaturalización de las garantías jurisdiccionales. Esta práctica, hace varios años, se convirtió en una constante y ahora se ha visto con mayor fuerza. Pero la denominación debería cambiar para no confundir al resto de jueces y asuman que van a dejar de ser constitucionales.

Por eso, deben precisar que lo que se va a hacer es la creación de jueces especializados en materia de garantías jurisdiccionales. Sin embargo, los problemas sociales no se resuelven con política constitucional, se requiere trabajar en una política ordinaria y de supervisión para que este sistema de justicia constitucional funcione y la desnaturalización no permanezca.

El Consejo de la Judicatura ya debe tener un plan para realizar los procesos (nombramiento de jueces e integrantes de las salas especializadas de corte provincial), porque las reformas entrarán en vigor en un año, tiempo que deberá ser aprovechado. Los nuevos jueces designados que integrarán las judicaturas deben ser probos y éticos”.

Joselito Argüello / Exagente fiscal del Guayas

“En el ámbito penal, el aumento de las penas como medio de control y prevención social del delito, definitivamente, con estudios criminológicos y de psicología criminal, no contribuye a dejar sin efecto el índice de criminalidad. Lo que sí contribuye a dejar sin efecto el margen de criminalidad es la aplicación de escuelas de resocialización dentro del ámbito de la rehabilitación social.

El plantear esta pregunta en la consulta es un saludo a la bandera, porque estas son iniciativas de corte legislativo, porque la pudo haber implementado sin necesidad de preguntarle al elector. Sin embargo, al final, todo va a recaer en la Asamblea, porque si nosotros como mandantes estamos disponiendo que haya un incremento en la sanción con respecto al cometimiento de la infracción, el que tiene que hacer ese implemento será el legislador.

Aquí hay preguntas de fondo, de interés del Gobierno. La joya de la corona en esta consulta es el arbitraje internacional y la precarización laboral, en el marco de la contratación por horas. A ellos, les interesa eso; lo otro es complementario”.

César García Rodríguez / Director del Colegio de Abogados del Guayas

“Los delitos que están ocasionando mayores afectaciones al tejido social son: la delincuencia organizada, el narcotráfico, el sicariato, la extorsión, la minería ilegal, el lavado de activos. Este conjunto de delitos está generando que el Ecuador se encuentre en un estado completamente débil en la capacidad de tener instituciones de control fuerte, que permita garantizar las personas y la paz.

Asimismo, considero que la pena es un tema de incentivo, ya que la persona hace un cálculo costo-beneficio para decidir si le conviene o no realizar determinado delito, porque cuando se establece una condena pueden acceder a reducción. Por lo que, estos tipos de delitos no deberían acceder a estos beneficios. Además, la rehabilitación no cumple sus fines.

Por lo que el aumento de la pena no es lo único que se necesita, porque podría tener un efecto contrario. Esto debe complementarse con un adecuado sistema de incautación y decomiso de activos que utilizan estos grupos, así como establecer procesos y sistemas de vigilancia financiera para evitar que se cometan actos de corrupción”.

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