Consejera pide investigar a asesor de Verdezoto por posible conflicto de intereses
La consejera Piedad Cuarán solicita que se revise la participación de Christian Troya en la comisión técnica de la Judicatura
La consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Piedad Cuarán, anunció que solicitará al presidente del organismo, Andrés Fantoni, una investigación sobre la legalidad de la participación de Christian Troya Macías en la comisión técnica que selecciona a los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura.
Troya es asesor de la consejera Johanna Verdezoto y forma parte del equipo que califica los requisitos y analiza las impugnaciones de los postulantes. Según reveló Diario EXPRESO, Troya trabajó por 10 días como comunicador institucional con Mario Godoy, actual presidente del Consejo de la Judicatura y aspirante a la reelección para un periodo que se extendería hasta 2031.
Para la consejera Cuarán, los procesos de selección que lleva adelante el CPCCS deben estar regidos por los principios de transparencia, imparcialidad y legalidad. “La conformación de las comisiones técnicas debe observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento correspondiente. Cualquier antecedente que pueda comprometer la objetividad o generar suspicacias en la ciudadanía debe ser evaluado con seriedad”, sostuvo.
Christian Troya es amigo de Fausto Jarrín, hoy cercano a gobierno de Daniel Noboa
Antes de llegar al CPCCS, Troya también fue asesor en la Asamblea Nacional de Fausto Jarrín, exlegislador correísta, actualmente cercano al gobierno de Daniel Noboa y amigo personal de Mario Godoy y su esposa, la abogada Dolores Vintimilla Espinoza. La relación entre ellos ha sido pública: Jarrín fue invitado a su boda y se lo ha visto junto al círculo presidencial, tanto en campaña como en la posesión de Noboa.
El artículo 5 del Reglamento para la selección de los vocales del Consejo de la Judicatura establece que los comisionados técnicos no deben tener conflicto de intereses con los postulantes. Al respecto, Cuarán señaló: “La relación laboral previa entre un funcionario y un postulante, en calidad de comunicador o asesor, podría configurar al menos una apariencia de conflicto de interés, lo que amerita ser verificado a profundidad por las instancias correspondientes dentro del CPCCS, respetando el derecho a la defensa”.
Añadió que si se confirma alguna inobservancia o conflicto, espera una respuesta institucional clara, ya sea ratificando a Troya en la comisión o solicitando a la consejera Verdezoto que designe a otro delegado.
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