Concurso fiscal general: los temas pendientes que arrastra el CPCCS

La renuncia de Diana Salazar Méndez a la Fiscalía General del Estado no solo marcó el fin de una era para una de las autoridades más polémicas de los últimos años, sino también el inicio de una carrera contra el tiempo para el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

Aunque el reglamento del concurso para elegir a su sucesor está listo desde septiembre de 2024, al momento de su renuncia apenas se había conformado la veeduría ciudadana, un paso previo a la integración de la comisión ciudadana de selección y al inicio de la etapa de méritos y oposición.

En medio de la presión y las exigencias de la sociedad civil por los procesos estancados, el CPCCS tramitó y aprobó una reforma al reglamento de las comisiones ciudadanas de selección, bajo la promesa de agilizar los concursos mediante la delimitación de plazos, entre otros cambios.

Sin embargo, el reciente informe con “procedimientos especiales y tiempos expeditos” para la integración de la comisión (solicitado por el Pleno del CPCCS) enciende las alarmas entre analistas consultados por EXPRESO, especialmente considerando que una reforma con ese mismo objetivo fue aprobada hace poco.

Este Diario intentó contactarse con el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, para consultarle sobre    la necesidad de ese informe adicional, dado que la reforma al reglamento ya contempla tales procedimientos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

La premura del CPCCS: ¿Un síntoma de falta de transparencia?

La inquietud se intensifica para Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), quien cuestiona la repentina celeridad del CPCCS en el proceso de designación del fiscal general del Estado, mientras otros concursos para la selección de autoridades siguen estancados desde hace tiempo.

“Hay un ímpetu peligroso que deja sospechas. Este es un organismo que se ha demorado años, que no ha aprobado mecanismos para acelerar los procesos antes, pero ahora parece desesperado”, comenta Rodas Chaves. Señala además que la actitud del CPCCS dista mucho de garantizar transparencia y confianza en el proceso.

De hecho, el coordinador de la CNA advierte que la aceleración reciente del CPCCS en el concurso de fiscal general “mostraría que ya tienen al candidato en el bolsillo y necesitan posicionarlo con prontitud, o que enfrentan apuros de otra naturaleza”.

El reglamento del concurso de fiscal general tiene sus pendientes

Por otro lado, aunque reconoce que la prisa del CPCCS podría provocar omisiones que deriven en acciones de carácter constitucional, el jurista Paúl Ocaña, presidente de la Federación Nacional de Abogados y del Colegio de Abogados de Pichincha, considera que las observaciones al concurso van mucho más allá: se centran en el reglamento mismo.

“Se quiere excluir a abogados de libre ejercicio profesional. Se está limitando el derecho de participación a quienes han defendido ciertos tipos penales, cuando se supone que para el cargo se necesita un abogado experto en materia penal”, argumenta. Añade que esta preocupación ya ha sido comunicada al CPCCS.

Ocaña hace referencia a una reunión que él y otros gremios mantuvieron con Fantoni en septiembre de 2024 para discutir el reglamento, pero asegura que sus sugerencias no fueron bien recibidas. Incluso recuerda que enviaron un oficio detallando los cambios que, a su criterio, debían realizarse, pero que no fue tomado en cuenta.

No obstante, el exconsejero del CPCCS Aland Molestina sostiene que, aunque este es un punto en conflicto, lo fundamental es que el reglamento del concurso garantice los principios de transparencia y participación ciudadana, así como que los aspirantes al cargo no tengan ninguna tacha ética o moral.

El presupuesto, el punto más sensible del concurso de fiscal general

Molestina también llama la atención sobre otro aspecto que afecta no solo al concurso para fiscal general, sino a todos los procesos pendientes: el presupuesto, uno de los temas más sensibles dentro del CPCCS.

“El presupuesto ya debía estar previsto, considerando que se conocía la finalización del periodo de Diana Salazar y que era necesario elegir a un nuevo fiscal general. No debería haber problemas con los recursos”, analiza.

Sin embargo, en una de las últimas sesiones del Pleno del CPCCS, el propio Fantoni reconoció que este es uno de los puntos débiles de la entidad. Indicó que se realizará el requerimiento respectivo al Ministerio de Economía, aunque no especificó el monto necesario para llevar adelante el concurso.

Según el Plan Operativo Anual (POA) del CPCCS para 2025 (documento que detalla las acciones previstas y su financiamiento), los concursos están financiados con apenas 56 mil dólares, cerca de 100 mil dólares menos de lo asignado en 2024.

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