CNEL censura la legalidad de la fallida intervención de 2020

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CNEL censura la legalidad de la fallida intervención de 2020

La entidad se asesora jurídicamente para identificar daños y perjuicios en los actos administrativos. Las deficiencias en la gestión persisten

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La intervención a la Corporación fue impulsada por autoridades del anterior Gobierno, tras las denuncias de corrupción, contrataciones irregulares y sobreprecios en las facturas de los usuarios.ARCHIVO EXPRESO

Seis meses duró la intervención a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) que a inicios de 2020 el gobierno anterior dispuso para corregir las fallas existentes en la gestión de esa empresa pública, entre ellas la corrección en el mecanismo de facturación por el servicio de energía, sin que se tengan los resultados esperados.

Una año después del retiro del equipo interventor, que estuvo liderado por Donald Castillo y que contó con el apoyo de la empresa uruguaya Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), la entidad de electricidad pone en tela de juicio la legalidad de la designación de esa autoridad y de sus actos administrativos.

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La intervención fue impulsada por el entonces ministro de Energía, José Agusto Briones -fallecido recientemente- tras las denuncias de corrupción, contrataciones irregulares y sobreprecios en las facturas de los usuarios.

Castillo empezó a atender los asuntos administrativos de CNEL desde el 6 de enero de 2019 hasta el 31 de abril de 2020, fecha cuando asumió como gerente general subrogante Diego Maldonado, quien fue nombrado por el directorio de la Corporación.

El pasado 2 de junio, una semana antes de dejar su cargo, Maldonado aprobó el inicio de un proceso para contratar una asesoría jurídica que identifique y evalúe los posibles daños y perjuicios provenientes de la representación legal en la figura del interventor, nombrado por la extinta Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel).

Según se reseña en la resolución para autorizar esa contratación, Arconel nombró a Castillo como reemplazo del entonces gerente general de CNEL, Víctor Molina, y facultó al interventor “para realizar todas las acciones técnicas, administrativas, financieras, legales y demás requeridas para cumplir con las obligaciones del titular del título habilitante”.

El anuncio lo da a conocer el gerente general de CNEL, Diego Maldonado tras una reunión con integrantes de la Defensoría del Pueblo y los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social.

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CNEL considera en el documento que esta situación “anómala” de haber designado a una persona para que realice la intervención y también actúe como representante legal, “causa efectos jurídicos de graves consecuencias, pues especialmente los actos administrativos emitidos, sin competencia o atribución legal se encontrarían viciados de legalidad”.

EXPRESO pidió formalmente respuestas a a la empresa pública sobre su postura frente a la intervención que se realizó y sobre los resultados obtenidos tras ese trabajo de 6 meses. Hasta el cierre de este artículo no hubo un pronunciamiento de la entidad.

En la documentación publicada para contratar la asesoría jurídica, la Corporación hace alusión a un oficio recibido el 23 de abril de 2020, de parte de la Procuraduría General del Estado, en el que menciona que “la intervención como figura jurídica no se extiende al ejercicio de la representación legal de la empresa intervenida”.

Consultado por este Diario, Donald Castillo deja en claro que la decisión de intervenir a CNEL y de autorizar para que él tuviera potestad de carácter administrativo, la tomó y resolvió el directorio de Arconel.

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“Que yo recuerde, actos extraordinarios no autoricé. Si hablamos de los acuerdos para lectura de medidores y facturación, que es un tema que preocupa mucho en este rato, a Dios gracias yo no firmé ninguno”, asegura.

El plan de intervención en la entidad pública se propuso hacer correctivos en la eficiencia institucional, la facturación y la atención al cliente, así como emprender en la electrificación del sector camaronero, optimizar el plan PRIZA (reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto) y ejecutar nuevas obras.

Sobre el desempeño de esa tarea, Castillo menciona que entregó informes mensuales a las autoridades de Arconel. Reconoce que los objetivos que se buscaban “no se cumplieron al ciento por ciento” y dice que la pandemia atentó contra ello.

“Todo el equipo de trabajo se deshizo a dos meses y medio de iniciada la intervención, cuando tenía que durar mínimo 6 meses, extendibles a 12. Entonces, no se pudo lograr todo lo que hubiéramos querido conseguir”, justifica.

EL DETALLE

Quejas. Durante la emergencia sanitaria se presentaron más de 50.000 reclamos por cobros excesivos en las planillas. En este año la historia se repite.