¿Cómo clasifica el Ministerio del Ambiente el impacto de una obra?
El Ministerio del Ambiente clasifica el impacto de una obra en cuatro niveles considerando varios factores
El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) de Ecuador clasifica el impacto ambiental de una obra u actividad productiva en cuatro niveles: no significativo, bajo, mediano y alto. Esta categorización determina el tipo de trámite que debe seguir el promotor del proyecto, desde un simple registro ambiental hasta la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la obtención de una licencia.
En los últimos dos años, esta clasificación ha sido reforzada con normativas y herramientas digitales que permiten mayor rigurosidad y eficiencia.
Desde 2024, con la vigencia del Acuerdo Ministerial MAATE‑2023‑080 y actualizaciones como el MAATE‑2025‑0045‑A, se delega a la Subsecretaría de Calidad Ambiental la potestad de establecer los criterios técnicos que rigen la regularización ambiental.
Este proceso se gestiona a través del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), que clasifica automáticamente los proyectos al momento de su registro, permitiendo una evaluación preliminar sobre su nivel de impacto.
Criterios técnicos para medir el impacto de una obra
Los criterios técnicos son diversos y buscan prever no solo afectaciones al entorno natural, sino también a las personas. Entre los principales destacan: la magnitud del impacto, su duración en el tiempo, si es reversible o acumulativo, y su extensión geográfica.
"Se analiza, por ejemplo, si una obra altera cuerpos de agua, zonas de biodiversidad, calidad del aire o suelo, y si genera residuos peligrosos. A ello se suma el grado de exposición de poblaciones vulnerables (como comunidades rurales o asentamientos informales) y la afectación a su salud pública", menciona José Suazo, experto en construcción.
En caso de proyectos de impacto medio o alto, como carreteras, puertos o infraestructura energética, la normativa exige la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que debe detallar todas las matrices afectadas bióticas y abióticas, la gestión de residuos, planes de mitigación y mecanismos de participación ciudadana.
La resolución MAATE‑SCA‑2024‑0046‑R, por ejemplo, sirvió de base para emitir licencias ambientales a proyectos ejecutados a finales del año pasado.
La importancia de buenas prácticas ambientales en la construcción
Un aspecto destacado en la normativa reciente es la obligación de incorporar mejores técnicas disponibles y buenas prácticas ambientales, que deben constar en los planes de manejo.
"También se ha reforzado el uso de licencias ex post, en casos donde una obra se ejecutó sin permiso previo, como ocurrió en marzo de 2025 con el poliducto Santo Domingo–Pascuales, autorizado tras un proceso de regularización especial que aplicó los nuevos criterios técnicos", explica Suazo.
En síntesis, el Ministerio del Ambiente evalúa una obra no solo desde una perspectiva ecológica, sino también técnica, social y de salud. La incorporación de plataformas digitales, junto a una normativa actualizada, permite una clasificación más precisa del riesgo ambiental, lo que representa un avance hacia una planificación territorial más responsable y sostenible.
