Diana Atamaint
El CNE presentó una denuncia contra Christian Zurita y Andrea González donde señalan inconsistencias contables y falta de respaldo documental.X del CNE

Christian Zurita y Andrea González: Las pruebas que tiene el CNE en su contra

El CNE denunció al binomio de Construye por irregularidades en sus cuentas de campaña de 2023

El Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por Diana Atamaint, presentó el 6 de noviembre de 2025 una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra Christian Zurita y Andrea González, quienes participaron como candidatos presidenciales en los comicios anticipados de 2023 por el movimiento Construye, lista 25. 

La decisión se sustentó en la Resolución CNE-PRE-2025-0098-RS, aprobada el 16 de octubre de 2025, en la que se concluyó que el informe económico del binomio no cumplió con los requisitos establecidos en el Código de la Democracia y en el Reglamento para el Control y Fiscalización del Gasto Electoral.

La denuncia no solo involucra a los candidatos, sino también a la organización política, que ya había sido objeto de sanciones previas por incumplimientos en la entrega de información financiera.

Las pruebas del CNE

El CNE detalló varias observaciones en los informes de campaña del binomio Zurita-González. Entre ellas se destacan:

  • Falta de documentación contable que respalde los ingresos y gastos reportados.
  • Inconsistencias en los listados de contribuyentes, con registros incompletos o sin identificación clara de los aportantes.
  • Errores en los informes económicos, que no se ajustan a los formatos exigidos por la normativa electoral.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que la normativa establece un plazo de 90 días posteriores al sufragio para que los responsables económicos de cada campaña entreguen sus informes, acompañados de la certificación de un contador público autorizado y de toda la documentación que respalde ingresos y egresos.

En el caso del movimiento Construye, el reporte fue entregado fuera de tiempo y con omisiones relevantes. Por ello, el organismo concedió un plazo adicional de 15 días para corregir las observaciones, pero tras revisar las respuestas ratificó las inconsistencias. 

Según el organismo, estas irregularidades impiden verificar la legalidad de los recursos utilizados durante la campaña y podrían constituir infracciones graves al Código de la Democracia. El Tribunal Contencioso Electoral pidió al CNE aclarar y completar los detalles de la acusación en un plazo de dos días, lo que demuestra la relevancia del caso y la necesidad de pruebas sólidas para avanzar en el proceso.

La defensa de Zurita y González

Tras conocerse la denuncia, Andrea González cuestionó públicamente la actuación del CNE, calificándola de “sospechosa” y señalando que el organismo ha mantenido una postura política frente al movimiento Construye. González recordó que su candidatura surgió en circunstancias excepcionales, luego del asesinato de Villavicencio en agosto de 2023, y que el movimiento enfrentó dificultades logísticas y financieras para reorganizar su campaña en tiempo récord.

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Christian Zurita, por su parte, ha insistido en que la campaña se realizó bajo los parámetros legales y que las observaciones del CNE responden a una persecución política. Ambos han manifestado su disposición a presentar pruebas y descargos ante el TCE para demostrar la transparencia de sus cuentas.

¿Qué sigue en el proceso?

De acuerdo con el auto de sustanciación emitido por la jueza Ivonne Coloma, el CNE deberá aclarar y completar la denuncia presentada contra el binomio y otros miembros del equipo de campaña. El organismo tiene un plazo de dos días para precisar el acto, resolución o hecho que motiva la acusación, así como los hechos, acciones y omisiones que se atribuyen a cada uno de los presuntos infractores.

El Tribunal Contencioso Electoral deberá analizar las pruebas presentadas por el CNE y los descargos de Zurita y González antes de emitir una resolución. De confirmarse las irregularidades, el binomio y el movimiento Construye podrían enfrentar sanciones que van desde multas económicas que pueden ir desde 9.400 hasta 32.900 dólares hasta la pérdida de derechos políticos, dependiendo de la gravedad de las faltas.

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