
Caso Rosero aterrizó en Fiscalización de la Asamblea pero escaló a Fiscalía
El exdirector del Ministerio del Trabajo Christian Marín presentó una denuncia por un supuesto tráfico de influencias
El caso de la fallida designación de Álvaro Rosero como ministro de Gobierno llegó a la Comisión de Fiscalización el 21 de noviembre de 2025. El ministro del Trabajo, Harold Burbano, minimizó las acusaciones sobre presiones para levantar el impedimento que pesaba sobre Rosero para ejercer un cargo público. El correísmo, por su parte, no desaprovechó la oportunidad de confrontar al oficialismo.
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La designación nunca se concretó, pero el caso de Rosero desató una pugna que convocó refuerzos de ambos bandos en la sesión que arrancó pasadas las 09:30 de este viernes. Allí estuvieron Luis Molina, de la Revolución Ciudadana, e Inés Alarcón, de ADN, quienes intentaron llevar la discusión hacia los intereses políticos de cada bancada.
¿Qué dijo el ministro de Trabajo?
Desde su llegada, el nuevo ministro del Trabajo intentó minimizar las acusaciones en su contra. Aunque lo calificó como un tema “doméstico”, lo cierto es que existía una denuncia sobre supuestas presiones contra el exdirector regional del Ministerio del Trabajo, Christian Marín, para levantar la inhabilidad de quien había sido anunciado por el presidente Daniel Noboa como nuevo ministro de Gobierno.
Burbano centró su defensa en dos puntos. El primero se relacionó con el proceso mediante el cual se levanta una inhabilidad para ejercer un cargo público. Insistió en que lo que hace el Ministerio de Trabajo es solicitar información a otras entidades para levantar las prohibiciones.
Explicó que lo único que necesitaba su ministerio era el certificado del IESS en el que constaba que Rosero no mantenía una deuda. También señaló que el proceso era automatizado y que los analistas únicamente verifican que consten los certificados requeridos.
La explicación no dejó satisfechos a los correístas. Molina, por ejemplo, cuestionó la rapidez con la que se tramitó el levantamiento del impedimento. Para los asambleístas de la Revolución Ciudadana, lo importante fue centrar la discusión en las supuestas presiones contra el exdirector regional.
En un momento de su intervención, Burbano dijo: “Aquí en el seno de la democracia dejemos de estar conversando de cosas que a mí me parecen suntuarias y que deberían generar otro tipo de reacción”.
El segundo punto tuvo que ver con las razones por las cuales desvinculó a Marín del Ministerio del Trabajo una vez que asumió el cargo como secretario de Estado.

Sobre la denuncia del exdirector regional del Ministerio del Trabajo
El correísmo pidió la comparecencia de Christian Marín, exdirector regional del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, como la solicitud no se presentó con las 24 horas de anticipación que determina la normativa de la Asamblea, no fue posible.
Ante ello, la correísta Ana Cecilia Herrera planteó que se escuche a Marín mediante comisión general. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez (ADN), dio paso al pedido. En medio de la intervención de Marín se conoció que el tema ya había escalado a la Fiscalía General.
“Ese día (19 de noviembre), aproximadamente a las 11:30 de la mañana, ingresó al despacho de la Dirección Regional el ministro del Trabajo, de una manera prepotente y altanera, para exigir que le levante la prohibición de ocupar cargo público a favor del señor Rosero”, señaló.
Sobre la desvinculación de Christian Marín, quien era el director regional del Ministerio del Trabajo en Quito,@haburbano indica que "al ser parte del jerárquico superior puede ser removido cualquier día, por disposiciones de la máxima autoridad". pic.twitter.com/XNlc8rah9a
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) November 21, 2025
“Me daba tres minutos para que le levante el impedimento. ¿Cómo se llama eso? Se llama tráfico de influencias. Me dijo que venía, supuestamente, de parte del presidente aunque yo no lo creo”, añadió.
Marín aseguró que tiene fotografías de las personas que entraron a su despacho. Asimismo, señaló que pedirá la explotación de los teléfonos de los asesores de Burbano, quienes recibían llamadas durante el encuentro en la oficina.
“El presidente no puede tener este tipo de ministros. Parece un tramitador”, mencionó Marín. Luego anunció que presentó la denuncia en la Fiscalía por el presunto delito de tráfico de influencias.
Sobre Marín, el ministro del Trabajo señaló que al ocupar un cargo jerárquico superior, este puede ser removido sin mayor requisito que la decisión de la máxima autoridad de un ministerio. Añadió que esos cargos los ocupan personas de confianza de la autoridad, y que ese no era el caso del ahora exdirector regional.
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