Que políticos sean salpicados por casos de corrupción no es una novedad para la historia reciente del Ecuador. En los últimos 20 años, el país ha sido testigo de esquemas delincuenciales integrados por funcionarios públicos, secretarios, ministros y hasta el propio presidente de la República, como lo evidenció el caso Sobornos.

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Los procesos sobran. Entre los más sonados se encuentra la sentencia, en 2017, al entonces vicepresidente correísta Jorge Glas por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Luego, en 2020, junto al entonces expresidente Rafael Correa y una docena de personas más, entre ellos funcionarios públicos, fue sentenciado por cohecho en el denominado caso Sobornos.

También hubo procesos, por ejemplo, en contra del exministro y ex candidato presidencial Iván Espinel. El exfuncionario morenismo fue sentenciado por lavado de activos. Del mismo modo, Ramiro González, excandidato a asambleísta, exministro y expresidente del directorio del Seguro Social enfrenta procesos por fraude tributario, peculado y tráfico de influencias.

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¿Cuál es la coincidencia entre estos casos y los políticos ahora salpicados en Metástasis y Purga? Todos los señalados pasaron, en algún momento, por partidos políticos que no tamizaron sus perfiles o, cuando sus coidearios ya fueron funcionarios públicos, no denunciaron irregularidades ni depuraron su militancia.

De hecho, según el analista y exvocal electoral Fausto Camacho, esa ha sido una de las más grandes fallas de las organizaciones políticas en el país. “Los partidos deberían ser un primer filtro, pero también ser un espacio de formación en valores y principios ideológicos”, propone y acota que, en realidad, solo han servido como vehículos electorales.

Aunque las organizaciones políticas no son el inicio ni el fin del problema de la corrupción en el Estado ecuatoriano, líderes políticos y sociales consultados por EXPRESO sostienen que sí tienen parte de la responsabilidad, al ser una de las vías para que la sociedad civil ingrese al servicio público, en especial a puestos claves como la Asamblea Nacional o la Presidencia.

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El exvicepresidente y ex candidato presidencial Otto Sonnenholzner, por ejemplo, opina que los partidos políticos necesitan verdaderos procesos y formación política y en valores para su militancia. “Solamente así sus procesos de selección y depuración podrán garantizar la transparencia y la integridad en la política”.

Aunque sostiene que ese problema está presente en casi todas las instituciones del Estado, debido a la necesidad de mejorar y transparentar los procesos de selección de autoridades cree que las organizaciones políticas “requieren una reconfiguración para transformarse en espacios dedicados a la defensa de ideas, impulso de proyectos de país y formación de líderes (...)”.

Para conseguir que los partidos políticos funcionen como Camacho y Sonnenholzner han anotado, es necesario impulsar un proceso de reformas profundas e integrales al sistema de partidos, para que estos dejen de ser empresas electorales, plantea Carlos Rabascall, exvicepresidenciable del correísmo y precandidato a la Presidencia por Centro Democrático.

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“Definitivamente las organizaciones políticas en nada han contribuido a fortalecer la democracia”, dice el precandidato Rabascall, quien precisa que los cambios deben generarse en la norma que regula los partidos, así como en el Código de la Democracia, para “así poder asegurar verdadera democracia interna” en Ecuador.

Por otra parte, para el expresidenciable Yaku Pérez la responsabilidad no solo es de las organizaciones políticas, sino del órgano rector, el Consejo Nacional Electoral (CNE). “Ellos también deberían prevenir los vínculos (de candidatos) con el narcotráfico y el crimen organizado, pero no lo han hecho. Están en deuda”, manifiesta Pérez.

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Este Diario intentó contactarse con el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, para consultarle sobre la responsabilidad que su institución asume en este contexto en el que funcionarios electos por votación popular son vinculados con estructuras delincuenciales. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hay respuesta alguna.

En lugar de señalar responsables, el expresidenciable y precandidato a la Presidencia Bolívar Armijos señala que el esfuerzo no es exclusivo de los partidos, sino de toda la sociedad. “Realmente los ciudadanos no tenemos amparo de nadie porque no sabemos si denunciar o callar, ya que cualquiera de estas autoridades puede ser de los grupos irregulares o mafias”.

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