El tribunal, integrado entre otros por la jueza Daniella Camacho, no aceptó el recurso de apelación, dentro del Caso Plaga.
El tribunal, integrado entre otros por la jueza Daniella Camacho, no aceptó el recurso de apelación, dentro del Caso Plaga.Fiscalía General del Estado.

Caso Plaga: Fiscalía resolvió sobre recurso de apelación de un condenado

Un ex funcionario del SNAI buscó obtener un cambio en su sentencia

Este lunes 22 de diciembre del 2025, el tribunal integrado entre otros por la jueza Daniella Camacho, instaló la audiencia de apelación, con la presencia del fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón, dentro del Caso Plaga. 

El condenado Omar Israel Jarrín, ex funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), presentó un recurso de apelación. Él se había acogido al procedimiento abreviado y fue condenado como autor directo de delincuencia organizada.

Este ciudadano trabajó en la cárcel de El Turi, en donde ubicaba a presos, sentenciados y procesados por delitos como asesinato o narcotráfico. Su tarea, según la Fiscalía, consistió en hacer informes para que consigan prelibertad y más beneficios. Obviamente, eso a cambio de sobornos a funcionarios judiciales, que entregaban sus abogados.

El tribunal acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por Omar Israel Jarrín, quien fue condenado por delincuencia organizada. 

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¿Qué es el Caso Plaga?

En el Caso Plaga se investigó a exjueces, secretarios, funcionarios públicos, entre otros del SNAI, y abogados en libre ejercicio. Hubo 31 procesados por el delito de delincuencia organizada, ya que se encargaba de ubicar a personas privadas de la libertad, para ofrecerles la libertad a través del pago de sobornos.

Este caso se hizo público, en abril del 2024, cuando la Fiscalía General del Estado empezó con operativos. Entre otros participantes de este delito se registró el exjuez Ángel Lindao, quien emitió garantías jurisdiccionales a presos. 

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