Todo apunta a que la jueza de Pichincha Irene Pérez está dispuesta a culminar hasta el próximo 15 de noviembre la audiencia preparatoria de juicio por presunto peculado en el caso Bonos del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), que investigó la Fiscalía.

Por eso no dio paso a los pedidos de diferimiento que nuevamente hicieron este lunes 6 de noviembre algunos defensores de los procesados que argumentaban que por la tarde tenían reinstalaciones de diligencias.

Solo aceptó una suspensión a las 13:00, pero comprometió a los defensores para que nuevamente acudan al Complejo Judicial Norte o se conecten a la sala virtual este martes 7 de noviembre, a las 09:30. (Lea además: "Caso Isspol: EE. UU. pide confiscar fondos de Ibcorp, empresa de Jorge Cherrez")

Así como hubo pedidos de diferimiento, otros abogados como Ramiro Román, patrocinador de Luis Domínguez, recordaron que ya ha pasado mucho tiempo desde el primer intento de instalar la audiencia ocurrido en octubre de 2021. Durante más de dos años la presentación de incidentes ha impedido que la causa avance.

“Yo le pido el tiempo que sea necesario, si es que se considera que se suspenda, por favor se nos permita continuar para poder llegar a entendernos ya en algún momento con resoluciones que debemos haber escuchado hace mucho tiempo”. Estamos todos ocupados, pero debemos dar prioridades, expresó.

La Fiscalía investigó la negociación de 216 millones de dólares en operaciones efectuadas entre 2014 y 2019 por el pacto de recompra de Bonos Global 2024, entre los directivos del Isspol y la empresa IBcorp Investments, representada por Jorge Chérrez por 205 millones de dólares y la operación con la empresa Capital Ventura por 10,8 millones de dólares. (También puede leer: "Caso Isspol: Fiscalía anuncia que llamará a 68 testigos y peritos en caso de juicio")

Hay 10 sospechosos. Entre ellos los generales retirados de la Policía David Proaño y Enrique Espinosa de los Monteros. Precisamente tras la reinstalación de la audiencia, la jueza escuchó los alegatos de Paúl Ocaña, defensor de Espinosa.

Él fue uno de dos abogados que pudieron ejercer la defensa este lunes tras la sustentación, hace varios meses, del dictamen acusatorio de la Fiscalía. Dijo que no hay delito, que las inversiones investigadas no fueron realizadas en el período de gestión de su cliente y algunas que sí constaban ya fueron redimidas por el Isspol y los valores reinvertidos. Además, según Ocaña, no hubo contundencia en los elementos que presentó la Fiscalía en contra de su defendido.

Por su parte, María Gabriela Galárraga, defensora de Santiago Duarte, precisó que su patrocinado solo era asesor jurídico y que no hay informes de las inversiones firmadas por él. Además que en las pocas sesiones que participó fue con rol de asesoramiento y no de decisión. Finalmente aclaró que el viaje que hicieron a Estados Unidos fue con días de permiso para una capacitación y no le causó erogación de dinero al Estado. Pidió sobreseimiento de su cliente.

Antes de concluir la audiencia, la jueza no dio paso a la revisión de medidas que solicitó Espinosa de los Monteros. Él quería que le levanten la prohibición de salida del país para asistir a una feria de seguridad en Chile porque era el representante de una empresa internacional. La jueza dijo que el pedido no se ha justificado y ratificó las medidas.

El director del Isspol, coronel Renato González, se mostró satisfecho por la reinstalación de la jornada y el avance de la misma. Espera que al final la jueza llame a juicio a los 10 sospechosos. Pero está consciente que eso podría ocurrir en los primeros meses de 2024. Allanamientos

El caso inició en febrero de 2021

El 23 de febrero de 2021, tras una serie de allanamientos, fueron aprehendidos los generales David Proaño y Enrique Espinosa de los Monteros, exdirectores del Isspol durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.

Además, el exdirector de Inversiones, Alfredo Valverde y el exasesor jurídico del Isspol, Santiago Duarte, por su presunta participación en el delito de peculado que investigaba la Fiscalía. Según la denuncia, las autoridades del seguro policial habrían realizado inversiones riesgosas y sin sustento.

El director del Isspol, Renato González, aspira a que en los próximos días el equipo de asesores y de trabajo del presidente electo ya tome contacto con el Isspol para empaparlos de la situación y definir cómo va a ser el apoyo político para seguir las tareas de recuperación de los recursos que faltan. 

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