Caso Goleada: cuando se usa a la justicia con fines electorales | Por Martín Pallares

Si el correísmo estaba desesperado por tener un discurso que le permitiera declararse víctima de persecución política, para así salir del pozo en el que ha estado tras los escándalos que ha protagonizado (corrupción, autoritarismo y adhesión a la criminal dictadura de Nicolás Maduro), pues el Gobierno se lo ha entregado en bandeja de plata. Ni más faltaba, tenga usted…

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Ese obsequio al correísmo, inmerecido por cierto, luce ahora en las vitrinas de las huestes del prófugo Rafael Correa, a propósito de todo lo que ha ocurrido en los últimos días alrededor del allanamiento y la captura del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. 

Un episodio que, más allá de si es justo o no, está acompañado de una agresiva campaña mediática, evidentemente articulada para humillarlo, desprestigiarlo y hacerlo aparecer como si se tratara de un peligroso asesino de algún grupo de delincuencia organizada (GDO), como se los conoce en la jerigonza penal.

Este operativo de desprestigio y degradación de la imagen de Álvarez, antes de que se lo condene siquiera por sus supuestos delitos, ha salido desde la inmensa red de cuentas administradas (y seguramente también compradas) por alguna oculta oficina del Gobierno; pero también desde la Fiscalía, que, es sabido, actúa en perfecta coordinación con los operadores del Ejecutivo. 

Una campaña coordinada

Una evidencia que muestra que hubo coordinación entre la Fiscalía y quienes proveen contenido a las cuentas de redes sociales que difunden propaganda del Gobierno, es que el video en el que se ve la incursión violenta en el dormitorio del alcalde fue difundido por “cuentas no oficiales ni por canales institucionales públicos de las autoridades competentes”, como lo señaló Ecuador Chequea, un servicio que verifica la veracidad de noticias que se divulgan en redes o medios.

Incluso, Ecuador Chequea llegó a establecer que una fotografía en la que aparece Álvarez en pijama y sin el grillete electrónico (obligado a llevarlo puesto en todo momento, incluso cuando duerme) fue publicada en esos seudomedios al menos una hora antes que en los partes policiales. Incluso la Fiscalía le había negado a Ecuador Chequea que esa imagen hubiera circulado en sus publicaciones. Esto muestra que existe comunicación entre la Policía que actuó en el allanamiento bajo la directriz de la Fiscalía y los operadores mediáticos del Gobierno que enviaron la imagen a los medios que controlan. En otras palabras, el material gráfico que recogen la Fiscalía y la Policía termina siendo usado primero en los medios no oficiales del Gobierno, que pretenden darle una apariencia “ciudadana” a esa información, lo que prueba la existencia de un operativo mediático que se apalanca en procedimientos judiciales como los allanamientos.

La foto de los billetes

Hubo otro detalle clave en esta mediatización del caso Goleada, como la Fiscalía bautizó al operativo: la fotografía de los billetes incautados. Resulta que el martes 10 de febrero, pocas horas después de que se realizó el operativo, la Fiscalía publicó fotos de una importante cantidad de dinero en billetes. En la publicación hecha por esa institución no se identificaba la casa donde se había hecho la incautación de los billetes, en denominaciones de 20, 50 y 100 dólares, por lo que se infería que había sido en la del alcalde Álvarez. Esto, sin embargo, no era verdad. Ese dinero estaba en la casa de uno de los hermanos del alcalde, no en la suya.

El mismo Aquiles Álvarez, así como su abogado Ramiro García, aseguró que en su casa no se encontró ningún billete. La Fiscalía, en cambio, no precisó en cuál de las viviendas allanadas se había hecho la incautación. De lo que se sabe, ese dinero estaba en la casa de uno de los hermanos de Álvarez: una cantidad cercana a los 200 mil dólares. La versión no oficial a la que tuvo acceso EXPRESO es que ese dinero corresponde a la venta de un vehículo de alta gama, un Mercedes GLX, en 270 mil dólares, cosa en todo caso muy llamativa, puesto que resulta evidente la falta de bancarización de ese importante monto de dinero y el uso de billetes de 50 y 100 dólares, que no circulan en el país.

Lo ocurrido en el caso Goleada no es un hecho aislado en el uso político y mediático de los allanamientos. Se trata de una herramienta judicial que se ha convertido en arma política. Incluso el abogado Ricardo Noboa, a quien no se lo puede achacar de correísta, lo hizo notar en un mensaje posteado en X: “Hoy eligieron la espectacularización de un caso que requería un tratamiento en extremo serio y responsable, alimentando el morbo, atentando contra la dignidad humana (esa repudiable costumbre de exhibir a la gente que allanan en pijama o ropa interior) y sembrando la tesis de la persecución política”, escribió Noboa.

Lo cierto es que, con la campaña mediática para afectar las posibilidades electorales que tiene el alcalde, independientemente de que sea culpable o no, lo que más se ha hecho es sembrar en la opinión pública la idea de que se está utilizando a la justicia para perseguir a los adversarios políticos. Esta es una percepción que puede serle útil al correísmo, porque tiene con qué victimizarse, pero que es fatídica para la credibilidad del país en sus instituciones.

Mientras haya una Fiscalía, un Consejo de la Judicatura y un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que estén todos domesticados por el Gobierno, la confianza de la sociedad en las instituciones será nula. Y sin esa confianza, no hay progreso ni desarrollo posibles: solo el miedo.

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