Es un espectáculo verlos: cuando del caso Gabela se trata, los correístas proclaman su culpabilidad a gritos. Solitos. Ellos sabrán por qué. Declara Arturo Moscoso, presidente de la Comisión de Coordinación creada para reconstruir el peritaje perdido, que los ecuatorianos no deberían votar por aquellos políticos que hicieron desaparecer el informe; y responde el correísmo con un video, narrado por la voz insidiosa de las viejas sabatinas, acusándolo de intervenir en las elecciones y de llamar a votar en su contra: a confesión de parte, relevo de prueba, dice un viejo principio jurídico. Presenta sus conclusiones el perito Roberto Meza, implicando a varios generales de la Fuerza Aérea como presuntos autores intelectuales del asesinato, y se retuerce desde su refugio el expresidente prófugo como si lo hubieran mentado a él o a su señora madre, y proclama su inocencia en una vomitadera interminable de tuits tóxicos y contradictorios. Algo esconden. Ya que han decidido ponerse tan abiertamente en evidencia, lo ideal sería que se entreguen y le ahorren a la Fiscalía tanto trámite.

La sentencia de la Corte Constitucional del 9 de febrero de 2023, elaborada por el juez Enrique Herrería, que mandaba a reconstruir el peritaje perdido, no se ha cumplido aún en su totalidad. Esta semana, el perito Meza y la Comisión Coordinadora cumplieron su parte. Pero falta un detalle: averiguar por qué diantres se perdió el informe original (exactamente su “tercer producto”, es decir, su parte conclusiva) y quiénes fueron los responsables de ese desaguisado. Esta tarea corresponde a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado, que tienen hasta este martes 18 de julio para entregar un resultado, según establece la sentencia.

No es un tema menor: la desaparición del tercer producto implica una suma de delitos penales. Primero, peculado: el peritaje fue pagado con dinero público y alguien debe responder por el hecho de que ese gasto resultara infructuoso. Segundo, encubrimiento: está claro que la persona o personas que traspapelaron el informe trataban de proteger a los generales implicados en el asesinato. Tercero, asociación para delinquir, pues la desaparición del tercer producto fue tramada por una decena de altos funcionarios que lo conocieron y han guardado silencio hasta la fecha. Finalmente, todos los delitos que guardan relación con el falseamiento, destrucción e incluso falsificación (pues el informe fue sustituido por otro) de documento público. Ese es el quilombo en el que está metido el expresidente prófugo.

Él dirá (de hecho ya lo dijo, aunque se contradijera más tarde en un ir y venir de versiones discordantes) que no sabía nada del tal tercer producto. La verdad es esta: el 8 de julio de 2013, Roberto Meza presentó esa parte final de su peritaje ante el Comité Interinstitucional que Correa, vía decreto presidencial, había constituido para investigar el caso. En cualquier país con independencia de poderes, donde las instituciones republicanas funcionen correctamente, esa investigación la debió llevar a cabo una Fiscalía, independiente, pero para entonces Correa ya había metido la mano en la justicia y lo había echado todo a perder. Así que nada: comisión interinstitucional integrada por sus propios cómplices, sus ministros. Ese día, 8 de julio de 2013, empezaron los problemas entre Meza y el gobierno. Un par de meses antes, el 15 de mayo, él había entregado su segundo producto, en el cual descartaba la hipótesis de que el asesinato del general Jorge Gabela fuera un caso de delincuencia común. Ahora entregaba su tercer producto, en el que concluía que dos generales de la Fuerza Aérea, Alonso Espinoza y Rodrigo Bohórquez, eran los autores intelectuales. No les gustó esa conclusión a los ministros y le pidieron que la cambiara. Tal cual. Meza no les hizo caso y el 26 de agosto volvió a presentar su informe en una reunión a la que asistieron delegados de Rafael Correa. Salvo que el expresidente tuviera por costumbre enviar delegados a las reuniones para que no le contaran nada, hay que concluir que estuvo enterado de todo lo que ocurría en este caso.

En ese entonces, el ministro de Justicia y presidente del Comité Interinstitucional era Lenin Lara, hoy candidato a la reelección como asambleísta por la provincia de Esmeraldas. Este Diario conoció que la Fiscalía, en su investigación sobre el caso Gabela, ha llamado a Lara para que rinda su versión sobre el espinoso asunto del tercer producto, que desapareció cuando se encontraba bajo su custodia, pero él se excusó diciendo que se hallaba en campaña electoral y, por tanto, no disponía de tiempo. Lara es uno de los altos cuadros del correísmo que conocieron de primera mano el peritaje de Roberto Meza y guardaron silencio hasta la fecha sobre la identidad de los generales implicados en el asesinato del general Gabela. Los otros son José Serrano, Ledy Zúñiga, Homero Arellano, Fernando Cordero, César Navas, María Fernanda Espinosa, Diego Guzmán, Vinicio Alvarado, Christian Castillo, Paola Carrera, Geovanna Palacios... Y Rafael Correa, claro.

Hubo otros que no se contentaron con guardar silencio sino que, además, le pusieron su firma a un informe amañado (el informe del Comité Interinstitucional) que no solo escamoteó el tercer producto sino que desmintió el segundo y concluyó, de forma absolutamente gratuita y contradiciendo toda evidencia establecida por la pericia, que el asesinato del general Gabela fue un caso de delincuencia común. Ledy Zúñiga, en ese entonces ministra de Justicia; César Navas, de Seguridad; Fernando Cordero, de Defensa; José Serrano, del Interior, y Pedro Solines, secretario de Transparencia, firmaron ese informe falso que tardó dos años (hasta junio de 2015) en salir a la luz y hacerse público.

Hoy, el expresidente prófugo despotrica contra el perito Roberto Meza, a quien había contratado al menos tres veces durante su presidencia y del que nunca tuvo ninguna queja: el caso Damián Peña, el estudiante que murió con un bala en la frente mientras protestaba por el costo de los pasajes de transporte urbano en el año 2002; el caso Restrepo, que Correa apadrinó en busca de réditos políticos; el caso Bosco Wisuma, víctima accidental de un perdigón disparado por sus propios compañeros shuar, según determinó la pericia… Mientras investigaba crímenes de otros y le daba la razón, encantado andaba Rafael Correa con el perito Meza. Ahora, que el implicado resulta ser él, simplemente lo detesta: lo llama payaso, lo llama delincuente, lo acusa de peculado...

Que cobró 380 mil dólares por un trabajo que ya hizo y entregó, dice. Omite que el trabajo entregado lo desapareció su gobierno; que el contrato de confidencialidad, firmado con su propio gobierno, le impide revelar los detalles y los resultados de la investigación, como no sea volviéndola a hacer; y que la elevada suma de 380 mil dólares resulta deleznable cuando se trata de jugarse la vida ante las amenazas de gente que ya mató más de una vez y que cuenta con la protección de su propia estructura de poder y encubrimiento. En suma: el expresidente prófugo está metido hasta las orejas en la cloaca de sus propios crímenes y da risa verlo decir y desdecirse, despotricar y contradecirse, desatinar y ponerse en evidencia con cada uno de sus centenares de envenenados tuits mientras trata de mantener su prontuario a distancia de su campaña electoral.

Roberto Aguilar, aguilarr@granasa.com.ec Quito

Pericia. Este es el complejo cuadro de relaciones en torno al asesinato del general Jorge Gabela que presentó esta semana el perito Roberto Meza.

• Delito penal. Peculado, encubrimiento, asociación para delinquir, falseamiento y destrucción de documento público... La desaparición del tercer producto implica varios delitos penales.

• Pericia falsa. Ledy Zúñiga, César Navas, Fernando Cordero, José Serrano y Pedro Solines firmaron el informe falso sobre el resultado de la pericia del asesinato del general Gabela.

Quién perdió el informe

“Que la FiscalÍa General del Estado y la ContralorÍa General del Estado realicen una investigación en el marco de sus competencias para emprender las acciones sancionadoras correspondientes a los exfuncionarios que en su momento fueron responsables del manejo del informe del Comité Interinstitucional”, establece la sentencia de la Corte Constitucional de febrero de 2009. Ese comité estuvo integrado por doce ministros del correísmo.