La omisiones y las vulneraciones pueden ser comprobadas. Así lo señalan los abogados constitucionalistas consultados por EXPRESO, para constatar si la muerte del general Gabela se trata de la ejecución de un crimen de Estado.

“No solo deben producirse las implicaciones penales de un delito imprescriptible según la Constitución, sino que también hay que señalar la responsabilidad del Estado, no porque no se ha dicho que el expresidente Correa tenga relación directa con la muerte de Gabela, sino porque existe un notorio incumplimiento por parte de ese gobierno sobre el deber de investigar ese crimen”, expuso el jurisconsulto Rafael Oyarte.

Agregó que varios entes públicos del periodo del correísmo no realizaron las acciones correspondientes y que “obstaculizaron las investigaciones para darle la apariencia de un delito común. Están involucrados fiscales, personeros de la Función Judicial y también de la administración gubernamental de aquel entonces”.

De esta forma, exige que el Estado ecuatoriano tome acciones de inmediato, antes de que sea señalado por la comunidad y organismos internacionales por no “investigar de manera seria para evitar un delito muy grave y que después quede en la impunidad”.

Mientras que el abogado Alejandro Rodas argumenta que constituye un crimen de Estado porque Gabela representaba al mismo, al ser un alto funcionario y servidor de las Fuerzas Armadas de la nación y que él cumplió con sus responsabilidades.

“No se ha dicho nada de las personas que entregaron este producto cuando supuestamente no se recibió, se perdió o lo que ocurrió. No se menciona a la señora Jéssica Jaramillo y el exministro Lenín Lara, que no hace mucho fue legislador”.

Por lo tanto recomienda, al igual que Oyarte, que se trate con rigurosidad la investigación del caso, porque se tiene el derecho a la verdad y porque se ha determinado el derecho de las víctimas a obtener una reparación a través de las sentencias condenatorias.

“Porque si esto le sucede a un alto mando de las Fuerzas Armadas, ¿qué le queda al ciudadano ecuatoriano de a pie?”, insistió Oyarte.

Por su lado, Rodas enfatizó que la información y el caso están en “manos de la señora fiscal Diana Salazar”, para que inicie una investigación de oficio para esclarecer los hechos que aún muestran opacidad en el caso.

“Independientemente de que se hayan cobrado los seguros o no, las muertes son irreparables. La Fiscalía, en el uso de sus competencias de investigaciones procesales y preprocesales, tendrá que reabrir las investigaciones y tendrá que perseguir a quien está implicado en este crimen”, manifestó Oyarte.  

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Las inacciones y ciertas acciones de instituciones públicas no evitaron la muerte del general y contribuyeron a la impunidad en 13 años. Es necesario investigar de nuevo y hallar responsables.

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Por ser un delito imprescriptible, insiste en que la posibilidad de llegar a la verdad y a los responsables lo más pronto posible depende de la decisión de la fiscal Diana Salazar.