Caso Assange: pide 20 años a su presunto espía en embajada de Ecuador en Londres

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, solicitó una condena de 20 años y medio de prisión para el propietario de la empresa española encargada de la seguridad de la embajada de Ecuador en Londres, por haberlo espiado durante su asilo y por entregar información a terceros.

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La Agencia EFE tuvo acceso al escrito presentado ante la Audiencia Nacional, en el que Assange pidió esa pena para David Morales, gerente de la empresa Undercover Global (UC Global), por los delitos de revelación de secretos, organización criminal, cohecho, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales.

Assange también solicitó una condena de cinco años de cárcel para Michel Wallemacq, responsable de operaciones de UC Global, a quien acusa del delito de descubrimiento y revelación de secretos.

La misma agencia informó que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa —sentenciado por el caso Sobornos— también ha presentado escritos de acusación contra los responsables de UC Global, con peticiones de pena similares.

Además, Assange pidió una indemnización de 30.000 euros, que, una vez consignada, sea entregada directamente a la organización independiente Plataforma por la Libertad de Información, según EFE.

Hay que recordar que Assange permaneció en la embajada ecuatoriana en Londres por un lapso de casi siete años; entre junio de 2012 (durante el gobierno de Correa) y abril de 2019. Fue en el Gobierno de Lenín Moreno que se permitió el ingreso de las autoridades para la detención. 

UC Global y las acusaciones del correísmo

Rafael Correa también ha denunciado a la empresa encargada de la seguridad en la embajada ecuatoriana en Londres. El 17 de diciembre de 2024, el bloque correísta en la Asamblea Nacional anunció una denuncia contra el expresidente Lenín Moreno y Juan Sebastián Roldán, quien fue su secretario general del Gabinete durante ese gobierno.

Durante el periodo legislativo anterior, el bloque de la Revolución Ciudadana acusó a ambos exfuncionarios del delito de peculado, vinculado a la seguridad asignada al expresidente Correa.

Viviana Veloz, entonces presidenta de la Asamblea, declaró que, tras la finalización del mandato de Correa, el Estado tenía la obligación de garantizarle un servicio de protección durante un año. Para ello, el gobierno de Moreno contrató a la empresa española UC Global.

El delito que se pide investigar está relacionado con el hecho de que, además de brindar seguridad, la empresa habría entregado a la Presidencia de Ecuador información sobre el entorno de Correa.

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