Caso Alexandra Villacís: dudas legales y presión sobre la Corte Nacional de Justicia
Dos exjueces y un abogado hablaron sobre la forma en que se dejó fuera de la Judicatura a Alexandra Villacís
Diez días tiene Marco Rodríguez, presidente de la Corte Nacional de Justicia, para enviar una nueva terna que permita designar al vocal suplente del presidente del Consejo de la Judicatura. Eso, luego de la decisión adoptada el martes por la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que no se ha pronunciado sobre la afirmación de Alexandra Villacís, la afectada que se quedaría sin la posibilidad de ejercer ese cargo.
Villacís ha reiterado que ella no tiene una inhabilidad para reemplazar a Mario Godoy, como lo ha confirmado el Servicio de Rentas Internas (SRI). Y ha pedido que el Ministerio de Trabajo lo ratifique. También le envió esa información al CPCCS, antes de la sesión virtual, en la que decidieron dar un paso adelante, sin mirar atrás. Eso una vez que Jorge Maruri, director general de la Judicatura, decidió hacer el pedido formal.
EXPRESO confirmó que, hasta ayer, el CPCCS no envió la notificación a la Corte Nacional de Justicia, pues previamente debe conformarse una veeduría para ese proceso, como lo señala el Reglamento para la Selección y Designación de las y los Vocales Principales y Suplentes de la Judicatura.
Para el abogado y exjuez Samno Macías, existe una “deficiencia del CPCCS” si dio paso a la posesión de Villacís con una inhabilidad. Sin embargo, considera que “la Corte no puede insistir con el nombre de Alexandra Villacís ni reprochar, solo limitarse a remitir la terna”. Admite que “sí hace ruido la forma en la que el director general de la Judicatura llegó a la conclusión de que quedó vacante el lugar del o la vocal suplente del presidente”.
¿Qué puede hacer la Corte Nacional de Justicia?
El exjuez Xavier Torres apunta que ante la licencia solicitada por Mario Godoy, a Villacís le correspondía subrogarlo, ya que es su suplente; pero apareció un supuesto impedimento para ejercer ese cargo. Y no se podía dejar al Consejo en acefalía.
En ese contexto, dice, la Corte, antes de remitir una nueva terna, debería “zanjar la situación legal de la doctora Villacís, pedir que se verifique si esa inhabilidad es subsanable o no, si ya se subsanó”. Para Torres, a la Corte Nacional de Justicia le corresponde “marcar un punto de inflexión”.
¿Por qué el CPCCS dijo que Villacís sí estaba habilitada en septiembre 2025?
El abogado y profesor universitario David Cordero recuerda que la autoridad nominadora, en este caso la Corte Nacional de Justicia, debió confirmar que Villacís cumpla con los requisitos, antes de ponerla en la terna. Y el Consejo de Participación, autoridad que designa, revisar todo, otra vez.
Y eso se observa en el proceso. La terna en la que se incluyó a Juan Carlos Benalcázar, a Godoy y a Villacís tiene los vistos de que los tres cumplen con los requisitos y no incurren en prohibiciones, en la resolución N.º CPCCS-PLE-SG-030-E-2025-0292, del 19 de septiembre del 2025.
¿El Consejo de la Judicatura actuó más allá de sus funciones con Villacís?
David Cordero
“El Consejo de la Judicatura no tiene atribución para determinar si un vocal suplente no se principaliza. La sola ausencia del principal hace que el suplente inmediatamente entre en funciones. Actúan fuera de la ley. Villacís no ha perdido su calidad de suplente, y lo actuado por Damián Larco (delegado del Ejecutivo elegido presidente) será absolutamente nulo”, anticipa David Cordero.
También a Cordero le resulta “preocupante que un registro, a cargo de una autoridad como el Ministerio de Trabajo, tenga la potestad, sin control de veracidad, de ser usado para destituir a una funcionaria”. En derecho, anota, el acto administrativo de designación de Villacís debería levantarse por la vía judicial, revisando la legalidad del acto o su nulidad, o mediante autotutela, solo el que emitió el acto administrativo podría revocarlo.
El juicio político a Godoy
Mario Godoy, presidente de la Judicatura, encara un juicio político. Se lo acusa por supuesta presión a un ex juez constitucional y cercanía al narco.
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